Colombia - Tras la denuncia de la Unión Sindical Obrera (USO) sobre un millonario cobro fiscal que estaría afectando la estabilidad financiera de la empresa, Ecopetrol señaló en un comunicado de prensa que no está de acuerdo con la interpretación de la DIAN, que exige el pago de IVA por las importaciones de gasolina y ACPM realizadas entre 2022 y 2024.
Según la empresa, el 19 de diciembre de 2024 la DIAN emitió el Concepto No. 100202208-2305, mediante el cual determinó que estas importaciones están sujetas a la tarifa general del 19 % de IVA, calculado sobre el valor en aduanas. A raíz de esto, la Refinería de Cartagena recibió requerimientos especiales aduaneros por $1 billón, y Ecopetrol por $6,3 billones, además de intereses estimados por $2,1 billones, según cifras actualizadas por la compañía.
La advertencia del sindicato generó eco en la opinión pública, al advertir que el reclamo tributario pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de la principal empresa petrolera del país. La USO alertó que esto podría impactar proyectos clave y afectar su capacidad operativa.
Desde su pronunciamiento, Ecopetrol explicó que ya había trasladado este costo del IVA al precio final de venta de los combustibles, cumpliendo con lo estipulado por la regulación vigente. En su defensa, la compañía asegura que no habría lugar a un nuevo pago, dado que no se habría causado un valor adicional a favor del Estado.
En palabras de la estatal, el monto en disputa corresponde al “IVA pagado por la empresa a sus proveedores durante las importaciones de combustibles”. Además, reiteró que las operaciones se realizaron en cumplimiento del régimen legal de precios para el mercado interno y que incluso se han aportado pruebas ante la DIAN desde el primer momento del proceso.
En cumplimiento de la interpretación de la DIAN, Ecopetrol y Reficar comenzaron desde enero de 2025 a pagar el IVA correspondiente por dichas importaciones. Para este año, el Grupo Empresarial estima un pago total cercano a los $3,6 billones, de los cuales calcula recuperar $3,3 billones mediante los mecanismos legales de descuento y devolución de saldos a favor. 
Los requerimientos fueron recibidos el 24 de febrero y el 6 de marzo por la Refinería, y el 11 de abril por Ecopetrol. Ambas compañías han iniciado sus procesos de defensa: Reficar ya presentó respuesta y Ecopetrol lo hará en los próximos días, controvirtiendo los actos proferidos por la autoridad tributaria.
Fuentes al interior del sector energético señalan que el caso podría escalar a instancias judiciales si la DIAN mantiene su posición, lo cual abriría un proceso contencioso-administrativo. Por ahora, Ecopetrol ha dejado claro que seguirá ejerciendo su derecho a la defensa dentro de los cauces legales establecidos.
La USO ha insistido en que este tipo de decisiones deben analizarse cuidadosamente, especialmente cuando involucran recursos que podrían alterar la capacidad de inversión y operación de una compañía estratégica para el país.
