Colombia – La negociación del salario mínimo para 2026 avanza en un escenario económico exigente, definido por la desaceleración de la productividad y un comportamiento inflacionario que, aunque cede frente al año pasado, aún presiona la capacidad de compra de los hogares. El Gobierno mantiene su intención de impulsar un incremento cercano al 12%, una cifra que ha sido reiterada en declaraciones públicas, pero las condiciones técnicas muestran un panorama más ajustado de lo que muchos esperaban.
Los insumos económicos más recientes ubican la productividad laboral en un crecimiento de apenas 0,10% anual, según reportes disponibles para el cierre del año. Esta cifra es clave porque, tradicionalmente, la combinación de inflación promedio anual e índice de productividad sirve como referencia para fijar el incremento del salario mínimo. En este caso, el rezago productivo limita el margen técnico para un alza elevada, lo que genera tensiones inmediatas entre los equipos del Gobierno y los representantes de los empresarios.
En materia inflacionaria, el comparativo anual muestra un cierre aún desafiante. Aunque noviembre registró una variación mensual más baja respecto al año anterior, la inflación acumulada de los últimos doce meses ronda el 5,2%. Ese nivel, si bien menor al del ciclo anterior, continúa golpeando el bolsillo de las familias, especialmente por el comportamiento persistente de tres rubros: arriendos, servicios públicos y transporte. Estos sectores mantienen incrementos por encima del promedio y elevan el costo real de vida para los estratos medios y bajos.
El análisis técnico también considera el comportamiento de la inflación núcleo, un indicador que excluye precios volátiles como alimentos frescos y combustibles. Esta medida continúa mostrando una resistencia a la baja, lo que evidencia que los costos estructurales de la economía siguen elevados. Para los expertos convocados por las partes, esta tendencia es un llamado a la prudencia: un incremento demasiado alto podría extender la presión inflacionaria durante buena parte de 2026.
Paralelamente, los alimentos muestran una moderación significativa en los últimos meses, una señal de alivio para los hogares. Sin embargo, este comportamiento no compensa el alza en servicios y transporte, que han mantenido incrementos constantes en el análisis interanual. La lectura anualizada resulta esencial para las centrales obreras, que argumentan que la inflación acumulada todavía erosiona el poder adquisitivo y que el ajuste debe reflejar el deterioro experimentado a lo largo del año, no solo en el último mes.
En medio de este escenario aparece una novedad institucional: Fenalco decidió no participar en esta ronda de negociación, citando desacuerdos con la metodología del proceso. Su ausencia resta una voz relevante dentro del sector empresarial, especialmente porque el comercio representa una proporción significativa del empleo formal. La decisión introduce una capa adicional de dificultad para lograr consensos amplios, en un momento en el que se necesitan balances más precisos.
El Gobierno mantiene su postura: promover un incremento que compense la pérdida de ingreso real sin afectar la recuperación económica. Insiste en que el ajuste debe considerar el impacto acumulado de la inflación anual y el rezago salarial, pero también reconoce que un aumento elevado introduce riesgos sobre el empleo. Por su parte, las centrales obreras afirman que un ajuste fuerte es necesario para aliviar el peso inflacionario del año y evitar un deterioro mayor de la capacidad de compra.
Los empresarios que sí participan en la mesa sostienen que un aumento del 12% la cifra que impulsa el Gobierno sería difícil de absorber para ciertos sectores intensivos en mano de obra. En particular, advierten que rubros como comercio, transporte y servicios podrían enfrentar mayores restricciones para contratar o mantener empleos en 2026 si los costos laborales suben por encima de la productividad.
La revisión técnica continúa con un seguimiento detallado de cada grupo de gasto en el comparativo anual. Los alimentos, aunque más estables, todavía muestran aumentos moderados en productos procesados. El transporte urbano presenta incrementos sostenidos en tarifas y costos operativos. Los servicios públicos mantienen presiones asociadas a actualizaciones tarifarias. En conjunto, estos factores explican por qué la inflación anual sigue siendo un elemento central para la discusión.
Los indicadores, aunque mixtos, muestran un mensaje común: las presiones de costos no han desaparecido. Aunque el país logró moderar la inflación frente al año pasado, la resistencia de la inflación núcleo y el rezago de la productividad dibujan un escenario en el que las decisiones deben ser calculadas. Los economistas que acompañan las conversaciones destacan que cualquier aumento que supere ampliamente el comportamiento anualizado de la economía podría generar efectos de arrastre en precios, afectando nuevamente a los hogares con menor ingreso.
La mesa de concertación continuará esta semana con la expectativa de acercar posiciones antes del plazo final. Las distancias persisten, pero todos los actores coinciden en que la decisión debe equilibrar la estabilidad macroeconómica con la protección del ingreso real. El desafío es grande: encontrar un punto intermedio que permita mantener el proceso de desaceleración inflacionaria y, al mismo tiempo, recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el último año.
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