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El alza del 23,7 % del salario mínimo decretada por Petro promete justicia social, pero abre un frente de riesgos económicos: presión inflacionaria, golpe a las mipymes y más informalidad. Una decisión política con costo fiscal y social.
La productividad laboral apenas subió 0,10% y la inflación anual llegó a 5,2% en Colombia, factores que complican que el salario mínimo de 10 millones de trabajadores pueda aumentar cerca del 12% previsto por el Gobierno.
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