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Organizaciones advierten que el Estado carece de capacidad operativa para asumir funciones de las EPS y alertan impactos financieros en hospitales. Señalan deudas superiores a 2 billones y desfinanciación de la UPC en el sistema de salud.
Mientras Colombia mantiene uno de los precios de cigarrillos más bajos de la región, el Ministerio de Salud sostiene que el aumento de impuestos reduce el consumo nocivo, protege a menores y genera recursos para financiar salud y educación públicas.
El concepto fija límites al uso de la UPC: solo deudas no prescritas y sin afectar la atención en salud. La decisión del Consejo de Estado redefine cómo las EPS pueden ordenar pagos atrasados bajo reglas del sistema de salud.
Con el ajuste de la red hospitalaria en todo el territorio, el Atlántico destina más de $27.000 millones para ampliar capacidad y depurar prestadores, una decisión que impacta costos, acceso y control del gasto público en salud durante 2025.
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