Colombia — Un amplio bloque de asociaciones de pacientes, usuarios del sistema de salud, gremios, centros académicos y exministros advirtió que una liquidación apresurada y generalizada de las EPS bajo intervención pondría en riesgo inmediato la atención de millones de personas y profundizaría la crisis del sistema de salud colombiano.
El pronunciamiento, surge como reacción a las amenazas presidenciales de avanzar hacia la liquidación de Entidades Promotoras de Salud intervenidas. En el comunicado, los firmantes señalaron que una medida de ese tipo, adoptada sin un plan probado de transición, generaría impactos operativos, financieros y asistenciales de gran magnitud.
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Según el documento, las EPS cumplen hoy funciones esenciales dentro del sistema, entre ellas la gestión del riesgo en salud, la organización de las redes de prestación, la articulación entre niveles de atención, la garantía de continuidad de tratamientos y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. La eliminación abrupta de esos agentes, sin un sustituto operativo validado, produciría un vacío funcional inmediato.
Las organizaciones advirtieron que el Estado no cuenta actualmente con la capacidad operativa para asumir de manera directa y simultánea la administración, autorización, auditoría y pago de millones de servicios de salud en todo el territorio nacional. Esta limitación, según el comunicado, hace inviable un reemplazo súbito de las EPS sin afectar la atención.
Riesgos inmediatos para pacientes y servicios
Uno de los énfasis del pronunciamiento está en los efectos directos sobre los pacientes. El documento alerta que una liquidación de EPS intervenidas tendría consecuencias especialmente graves para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, así como para quienes requieren tratamientos continuos.
En este escenario, se incrementarían los riesgos en la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos vitales y la continuidad clínica. Los firmantes señalaron que estos factores podrían traducirse en un aumento previsible de la morbimortalidad y en una mayor saturación de los servicios de urgencias.
El comunicado también advierte que la afectación no se limitaría a los usuarios. Hospitales y clínicas enfrentarían un escenario de alta incertidumbre financiera ante la ausencia abrupta de pagadores organizados. Aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación continuarían fluyendo, la ruptura de la cadena de desembolsos profundizaría la crisis de liquidez del sector.
Según el texto, millones de ciudadanos y miles de prestadores quedarían sin un interlocutor claro para la autorización y el pago de servicios, lo que podría derivar en cierres de servicios, deterioro de la atención y afectaciones laborales para el talento humano en salud.
En el plano financiero, el comunicado sostiene que la crisis actual del sistema de salud no se origina en la existencia de las EPS, sino en problemas estructurales acumulados. Entre ellos menciona la insuficiencia de financiación, deficiencias regulatorias, fallas en la supervisión y la politización del debate, que no ha atendido advertencias técnicas, administrativas y judiciales.
Las organizaciones firmantes señalaron que el incumplimiento de los autos de la Corte Constitucional por parte del Ministerio de Salud ha contribuido al deterioro del sistema. A esto se suma el atraso en los desembolsos del presupuesto máximo, lo que habría incrementado las deudas del Gobierno nacional con el sector salud al cierre de 2025 en más de 2 billones de pesos.
El documento advierte además que las definiciones gubernamentales sobre la actualización de la UPC para 2026 generan una desfinanciación adicional que no cubre las necesidades de atención de los regímenes contributivo y subsidiado ni las ampliaciones de cobertura del plan de beneficios.
De acuerdo con el comunicado, el presupuesto máximo previsto para el presente año cubriría apenas el 25 por ciento de los recursos requeridos para financiar atenciones no incluidas en la UPC, en particular aquellas asociadas a enfermedades huérfanas y de muy alto costo.
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A este panorama se suma el impacto del incremento del salario mínimo, que no habría sido previsto en el cálculo de la UPC. Según los firmantes, este factor aumentará los costos de operación del sistema y deteriorará aún más la suficiencia de los recursos disponibles.
Las organizaciones también cuestionaron el tono del debate público. En el comunicado rechazaron los ataques personales, las ofensas y las acusaciones sin respaldo, señalando que estas prácticas no contribuyen a resolver los retos del sistema y evidencian la ausencia de argumentos técnicos sustentados.
En lugar de liquidaciones precipitadas, el documento plantea que cualquier transformación del sistema de salud debe contar con aprobación legal previa, transiciones graduales, modelos alternativos probados, suficiencia financiera garantizada y una asignación clara de responsabilidades.
El pronunciamiento concluye que liquidar EPS de manera improvisada no constituye una reforma, sino un desmantelamiento riesgoso del sistema de salud. En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado a privilegiar el diálogo, la rigurosidad técnica y la responsabilidad institucional para proteger el derecho fundamental a la salud de la población.
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