Colombia – Los colectivos Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud exigen la corrección urgente de la UPC 2026 al advertir que su insuficiencia está profundizando la crisis del sistema de salud colombiano, con interrupción de tratamientos, aumento de tutelas y muertes prevenibles, según organizaciones de pacientes, profesionales, IPS, universidades y gremios del sector.
La advertencia fue formulada por los colectivos Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud, que agrupan a usuarios, pacientes, profesionales de la salud, instituciones prestadoras, entidades promotoras, universidades y centros de pensamiento. En comunicados públicos, señalaron que la iliquidez y el deterioro sostenido del sistema ya se traducen en sufrimiento evitable y afectaciones directas al derecho fundamental a la salud.
Los actores del sector subrayan que la crisis no es una percepción. Está documentada por organizaciones de pacientes, órganos de control, la Corte Constitucional y estudios técnicos del propio sector. Entre los efectos señalados figuran la interrupción de tratamientos, restricciones en el abastecimiento de medicamentos, muertes prevenibles, incremento de acciones de tutela y precarización laboral del talento humano en salud.
De acuerdo con cifras citadas por los colectivos, en 2024 se registraron 1,6 millones de quejas y más de 265 mil tutelas relacionadas con salud, con un impacto desproporcionado sobre la población más vulnerable. Entre 2022 y 2025 el crecimiento de estos mecanismos judiciales fue exponencial, reflejando fallas persistentes en el acceso oportuno y continuo a los servicios.
La UPC en el centro de la crisis financiera
Uno de los ejes del pronunciamiento es la Unidad de Pago por Capitación. Los análisis técnicos, elaborados con base en información oficial del Ministerio de Salud, concluyen que la UPC proyectada para 2026 requiere un ajuste entre 15 % y 17,33 % para reflejar el gasto real, la inflación del sector y el aumento en el uso de los servicios. Mantener una UPC insuficiente, advierten, profundiza el déficit financiero y compromete la atención.
El señalamiento se apoya en el Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, que establece la obligación del Gobierno Nacional de garantizar la suficiencia de la UPC, aplicar correctamente la metodología de cálculo y asegurar el flujo oportuno de recursos. Para los colectivos, el incumplimiento de estas órdenes constituye una vulneración directa del derecho fundamental a la salud y no un simple desacuerdo técnico.
Las deudas acumuladas del sistema superan los 32,9 billones de pesos, según datos citados en los comunicados. Este nivel de endeudamiento pone en riesgo la continuidad de la atención y explica el cierre o la suspensión de servicios en diferentes regiones del país, con efectos directos sobre pacientes crónicos y de alto costo.
Las organizaciones de pacientes han alertado sobre consecuencias irreversibles. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras reportó más de 2.033 muertes asociadas a estas patologías durante 2025, en un contexto marcado por barreras administrativas que impiden la continuidad de la atención. La Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales denunció una crisis sanitaria con incumplimientos reiterados de órdenes judiciales.
Estos señalamientos llevaron a algunas organizaciones a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, argumentando una transgresión sistemática del derecho fundamental a la salud. Los colectivos subrayan que la judicialización ya no corrige las fallas estructurales y que la tutela se ha convertido en un mecanismo recurrente ante la negación de servicios.
Alertas institucionales y efectos en pacientes y trabajadores
La Procuraduría General de la Nación ha advertido de manera reiterada el deterioro de la sostenibilidad financiera del sistema y la vulneración masiva de derechos fundamentales. En su informe del 10 de diciembre de 2025, citado por los colectivos, el Ministerio Público señaló que las intervenciones administrativas han resultado contraproducentes y han empeorado las condiciones de acceso y de sostenibilidad.
El impacto se refleja en las entidades promotoras intervenidas. El 62,5 % de los colombianos se encuentra afiliado a EPS bajo algún tipo de vigilancia o medida estatal. La Nueva EPS, con cerca de 11 millones de afiliados, concentra una parte sustancial del endeudamiento, que en el conjunto del sistema alcanza los 24 billones de pesos, con altos niveles de cartera morosa.
En paralelo, se han reportado cierres y suspensiones de servicios en múltiples territorios. Hospitales y clínicas en Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Eje Cafetero y Bogotá han advertido limitaciones en la atención por falta de pago. En la capital, la Secretaría de Salud informó que la deuda de la Nueva EPS con la red pública se triplicó entre abril de 2024 y septiembre de 2025.
Los efectos sobre la salud pública son medibles. En VIH, la cobertura de tratamiento antirretroviral cayó al 80 % en 2024, lejos del 95 % recomendado por ONUSIDA, dejando a más de 35 mil personas sin terapia. En diabetes, organizaciones reportaron escasez de insulina que expone a 1,8 millones de personas a descompensaciones y hospitalizaciones evitables.
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La crisis también afecta al talento humano. El no pago oportuno y el cierre de servicios han dejado a miles de profesionales sin empleo o con salarios adeudados. Más del 80 % de los trabajadores de la salud reportó afectaciones en su salud mental, según datos citados en los comunicados, en un entorno de incertidumbre laboral y sobrecarga asistencial.
Frente a este panorama, los colectivos exigieron al Gobierno Nacional poner a los pacientes en el centro, corregir de manera inmediata y técnica la UPC 2026, cumplir integralmente las órdenes de la Corte Constitucional y atender las advertencias de la Procuraduría. También reclamaron mayor transparencia, rendición de cuentas y protección efectiva de las condiciones laborales del personal sanitario.
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