Colombia - El Gobierno de Ecuador anunció que a partir del 1° de febrero de 2026 aplicará un arancel del 30 % a las importaciones de productos provenientes de Colombia, una decisión que marca un cambio relevante en las condiciones del comercio bilateral y que ha sido presentada por las autoridades ecuatorianas como una medida asociada a criterios económicos y de seguridad fronteriza.
La decisión fue confirmada por la administración del presidente Daniel Noboa y se comunicó de manera pública en medio de un escenario de tensiones entre ambos países. Según lo informado, el gravamen tendrá alcance general sobre los bienes de origen colombiano que ingresen al mercado ecuatoriano, sin que hasta el momento se hayan detallado excepciones por sectores, productos específicos o volúmenes de importación.
Trino de x del presidente Novoa ⤵️
Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la…
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026
De acuerdo con la posición oficial expuesta por el mandatario ecuatoriano, la medida se sustenta en un desequilibrio en el intercambio comercial entre ambos países. En una comunicación pública, el presidente señaló que Ecuador enfrenta un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales frente a Colombia, cifra que fue citada como uno de los elementos que motivaron la decisión de imponer el nuevo arancel.
En ese mismo pronunciamiento, el Gobierno ecuatoriano vinculó la medida comercial con asuntos de seguridad en la frontera común. Las autoridades indicaron que, pese a los esfuerzos de cooperación realizados por Ecuador, persisten problemáticas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal en zonas fronterizas, las cuales, según la posición ecuatoriana, no han contado con un nivel de cooperación equivalente por parte del Estado colombiano.
Bajo ese argumento, el arancel fue definido por el Ejecutivo ecuatoriano como una “tasa de seguridad” del 30 %, que se aplicará a las importaciones colombianas desde el 1° de febrero. De acuerdo con lo señalado, la permanencia de esta medida estará condicionada a que exista un compromiso conjunto y verificable para enfrentar de manera coordinada los problemas de seguridad en la frontera, particularmente aquellos asociados a economías ilegales.
El anuncio introduce un nuevo escenario para los exportadores colombianos, para quienes Ecuador ha sido históricamente uno de los mercados naturales dentro de la región andina. La imposición del arancel implica un aumento inmediato en los costos de ingreso de los productos colombianos, lo que podría afectar su competitividad frente a bienes de otros orígenes en el mercado ecuatoriano.
Especialistas en comercio exterior advierten que un gravamen de esta magnitud puede generar ajustes en el corto plazo, tanto en precios como en volúmenes de exportación. Empresas con operaciones consolidadas en Ecuador podrían verse obligadas a revisar contratos, márgenes y estrategias logísticas, mientras evalúan la viabilidad de mantener o redireccionar sus exportaciones.
Desde el punto de vista regional, la medida representa un giro frente a las dinámicas tradicionales de intercambio entre dos países que hacen parte de esquemas de integración andina. Aunque el anuncio no hace referencia directa a mecanismos específicos, el arancel del 30 % plantea interrogantes sobre el uso de instrumentos comerciales en el marco de acuerdos regionales vigentes.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido una respuesta oficial frente al anuncio ecuatoriano. Tampoco se han conocido pronunciamientos sobre eventuales medidas de reciprocidad o la activación de canales diplomáticos formales para abordar la decisión. La ausencia de una reacción inmediata mantiene la atención sobre los próximos pasos que pueda dar Bogotá antes de la fecha de entrada en vigor del arancel.
Analistas consideran que este tipo de decisiones suelen abrir espacios de negociación bilateral, especialmente cuando se trata de medidas condicionadas y asociadas a compromisos en materia de seguridad. En ese sentido, el periodo previo al 1° de febrero será clave para evaluar si se producen acercamientos entre los dos gobiernos que permitan modificar, suspender o ajustar la aplicación del gravamen anunciado.
Más allá del impacto inmediato en el comercio, el anuncio refleja cómo los temas de seguridad y control territorial están incidiendo en las decisiones económicas de los gobiernos de la región. La utilización de instrumentos arancelarios como mecanismo de presión introduce un elemento adicional en la relación entre Ecuador y Colombia, cuya evolución dependerá de las gestiones diplomáticas y de los canales de cooperación que se activen en las próximas semanas.
Contexto del intercambio bilateral
Ecuador y Colombia mantienen una relación comercial sostenida, basada en el intercambio de bienes de consumo, productos agroindustriales e insumos industriales. En ese marco, el nuevo arancel anunciado por Quito supone una modificación sustancial de las condiciones que han regido ese intercambio, con posibles efectos tanto para exportadores como para importadores en ambos países.
El desarrollo de este episodio será seguido de cerca por los sectores productivos y por los actores institucionales vinculados al comercio exterior, a la espera de definiciones que permitan clarificar el alcance final de la medida y su impacto en la relación económica bilateral.
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