Colombia – Gremios empresariales y sectoriales rechazaron el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional y advirtieron riesgos para el empleo, la inflación y el costo de vida, al considerar que el alza del 23,7 % carece de sustento técnico y puede profundizar desequilibrios laborales y fiscales en 2026.
La reacción conjunta fue expresada por el Consejo Gremial Nacional, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras y la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico, que coincidieron en señalar que el incremento fijado por decreto no se ajusta a las condiciones económicas actuales ni a los indicadores técnicos tradicionalmente utilizados para definir el salario mínimo.
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El Consejo Gremial Nacional manifestó su rechazo a la decisión del Ejecutivo al considerar que es incoherente con la realidad fiscal y económica del país. Según el gremio, el ajuste del salario mínimo debe responder a variables verificables como productividad, inflación y capacidad real de pago de las empresas y del sector público.
Advertencias sobre inflación, empleo y finanzas públicas
En su pronunciamiento, el Consejo Gremial recordó que el Banco de la República ha sido enfático en advertir que incrementos elevados del salario mínimo tienen un efecto directo sobre la inflación y las finanzas públicas. De acuerdo con el comunicado, un aumento injustificado del SMMLV impacta no solo el mercado laboral, sino también compromisos fiscales de largo plazo.
El gremio advirtió que un alza de esta magnitud tendría efectos sobre las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual. A esto se suma el impacto sobre bienes y servicios indexados al salario mínimo, entre ellos la vivienda de interés social, el transporte, las tarifas y las multas, cuyos costos tienden a ajustarse automáticamente con este indicador.
El contexto laboral refuerza las alertas gremiales. En 2025, la cifra de personas que ganan menos de un salario mínimo aumentó en 1,23 millones frente a 2024. Según cifras oficiales, actualmente 11,38 millones de personas en el país no alcanzan a devengar el salario mínimo mensual legal vigente.
A esto se suma el comportamiento de la informalidad. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares a octubre de 2025, la población ocupada en la informalidad asciende a 13,6 millones de personas, lo que representa un aumento de 732 mil personas en los últimos doce meses. Para el Consejo Gremial, aumentos desmedidos del salario mínimo no contribuyen a resolver este problema estructural.
Desde la perspectiva fiscal, el gremio calificó como incoherente que el Gobierno haya declarado una emergencia económica por un faltante de financiación del Presupuesto General de 2026 cercano a los 16 billones de pesos y, al mismo tiempo, decrete un incremento del salario mínimo que podría generar un impacto superior a los 9 billones de pesos en costos laborales y obligaciones asociadas.
ANDEG se sumó a las advertencias y señaló que un aumento del salario mínimo del 23 % no constituye una victoria social automática. En su análisis, la regla técnica para definir el ajuste es inflación más productividad, y desconocerla tiene consecuencias reales sobre el empleo y la estabilidad económica.
El gremio recordó que entre 2022 y 2025 el salario mínimo acumuló un aumento cercano al 42 %, mientras la inflación acumulada fue alrededor del 30 % y la productividad se mantuvo prácticamente estancada. En ese escenario, sostuvo que el salario mínimo ya recuperó y superó su poder adquisitivo.
Según ANDEG, con un incremento del 23 %, el costo total de un trabajador que devenga un salario mínimo se acerca a los 2,7 millones de pesos, mientras el trabajador recibe cerca de 1,86 millones. Esa diferencia corresponde a cargas laborales que, de acuerdo con el gremio, miles de micro, pequeñas y medianas empresas no pueden asumir sin reducir contratación, automatizar procesos o migrar hacia la informalidad.
Además, ANDEG advirtió que cuando el costo laboral sube de forma abrupta, parte de ese aumento se traslada a los precios de bienes y servicios. Sectores como comercio, restaurantes, construcción, salud y educación enfrentarían mayores costos, lo que se traduciría en inflación en servicios y pérdida de poder de compra, incluso para quienes reciben el aumento salarial.
El gremio también señaló que el beneficio directo del incremento del salario mínimo llega solo a cerca del 20 % de los ocupados formales que ganan el mínimo. El resto de la población ocupada, incluidos informales, desempleados y nuevos entrantes al mercado laboral, no recibe el ajuste y sí enfrenta precios más altos y mayores barreras para acceder al empleo formal.
Impacto directo en la vivienda y la propiedad horizontal
La Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico alertó sobre los efectos económicos y jurídicos que tendrá el aumento del salario mínimo en este sector durante 2026. Aunque el gremio reconoció la importancia de mejorar los ingresos de los trabajadores, advirtió que un incremento que supera la inflación y la productividad genera impactos no previstos en actividades con márgenes de rentabilidad limitados.
De acuerdo con el análisis realizado por profesionales del sector, los contratos de vigilancia privada podrían incrementarse entre 18 % y 25 %, mientras que los servicios de aseo y conserjería tendrían aumentos entre 15 % y 22 %. Como consecuencia, las cuotas de administración de conjuntos residenciales y edificios podrían subir, en promedio, entre 12 % y 20 % durante 2026, dependiendo del nivel de dependencia de estos servicios.
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La Lonja explicó que más del 70 % del valor de estos contratos corresponde a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos directamente indexados al salario mínimo. Este impacto sería asumido de manera inmediata por las familias, especialmente de estratos medios, reduciendo su ingreso disponible en un contexto de aumentos simultáneos en servicios públicos, impuestos y costo de vida.
El gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se diseñen políticas públicas y medidas de alivio que mitiguen estos efectos. También solicitó la presentación de proyectos de ley que otorguen alivios económicos a la propiedad horizontal, en particular para proyectos de estratos 1, 2 y 3, que serían los más afectados por el aumento de los costos administrativos.
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