Colombia — El Gobierno expidió el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 y declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días en ocho departamentos, luego de que un evento hidrometeorológico atípico dejara 252.233 personas afectadas, 69.235 familias damnificadas y 10 fallecidos, según cifras oficiales.
La medida cobija a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde entre el 1 y el 6 de febrero se registraron 65 emergencias en 61 municipios. La mayoría de los casos correspondió a inundaciones, aunque también hubo movimientos en masa, crecientes súbitas y vendavales. El impacto se concentró en la región Caribe y en zonas del noroccidente del país.
El decreto expedido por el Gobierno reporta 11.955 viviendas averiadas y 4.158 destruidas. También señala daños en 111 vías, 39 puentes vehiculares, 19 puentes peatonales, 38 acueductos, 4 sistemas de alcantarillado y 91 centros educativos. Estas cifras reflejan una afectación amplia sobre infraestructura básica y servicios esenciales.
Con la firma de todos los ministros, el Ejecutivo activó las facultades del artículo 215 de la Constitución. Esta figura permite expedir decretos con fuerza de ley durante un periodo limitado para atender situaciones extraordinarias que alteren de forma grave el orden económico, social o ecológico. En este caso, la vigencia inicial es de 30 días.
Vea el decreto ↙️
Decreto No. 0150 Del 11 de Febrero de 2026 by Martin Nahar LA TAQUILLERA
Impacto productivo y alcance económico
Además de los daños en viviendas e infraestructura, la emergencia tiene un efecto directo sobre la economía regional. El análisis oficial identificó 87.054 hectáreas inundadas mediante imágenes satelitales. De ese total, 110.831 hectáreas de cultivos resultaron afectadas, principalmente en Antioquia, Magdalena, Córdoba y Cesar.
La producción agropecuaria enfrenta interrupciones por la pérdida temporal de tierras productivas y por la persistencia del agua en zonas rurales. En el sector pecuario, 231.477 bovinos quedaron comprometidos en predios de doble propósito, es decir, explotaciones que producen carne y leche. La mayoría de estos predios pertenece a pequeños productores, lo que amplifica el impacto en economías locales.
El fenómeno climático también alteró el comportamiento de las lluvias frente a los promedios históricos. En la región Caribe, los acumulados de enero superaron en 289% el promedio multianual esperado. En la cuenca Magdalena-Cauca, el incremento alcanzó 265%. La intensidad y concentración de las precipitaciones provocaron desbordamientos rápidos y saturación de suelos en pocos días.
La respuesta hidrológica se reflejó en embalses estratégicos. El proyecto Urrá I alcanzó 103,9% de su volumen máximo técnico, lo que obligó a activar protocolos de manejo para preservar la seguridad de la infraestructura. Otros sistemas regulados también registraron niveles críticos asociados a la magnitud del evento.
Energía, finanzas y facultades extraordinarias
El decreto señala que la emergencia agrava un riesgo sistémico preexistente en el Mercado de Energía Mayorista. Empresas intervenidas en la región Caribe acumulan obligaciones superiores a $2,5 billones. Según el documento oficial, hasta 20 agentes comercializadores, que representan más del 40% de la demanda nacional, podrían enfrentar afectaciones financieras significativas en un escenario de alto estrés.
La deuda no se originó con la ola invernal. Sin embargo, el Gobierno sostiene que los daños en redes eléctricas, la suspensión de unidades de generación, el deterioro de infraestructura y la reducción en la capacidad de pago de usuarios pueden intensificar ese desequilibrio financiero. En ese contexto, la declaratoria permite adoptar medidas extraordinarias relacionadas con el sector energético.
Durante la vigencia de la emergencia, el Ejecutivo podrá flexibilizar apropiaciones presupuestales, crear contribuciones parafiscales, establecer contraprestaciones tributarias y modificar de forma transitoria normas relacionadas con la prestación del servicio. Estas decisiones deberán guardar relación directa con la calamidad y serán revisadas posteriormente por la Corte Constitucional.
El impacto también alcanza la infraestructura vial. El Instituto Nacional de Vías reportó 173 eventos asociados a lluvias y deslizamientos con corte al 8 de febrero, más del doble frente al mismo periodo del año anterior. Se registraron 66 cierres parciales y 107 cierres totales en corredores clave para el transporte de carga y el abastecimiento regional.
En el sector salud, 729 instalaciones quedaron expuestas a inundación, entre hospitales, clínicas y centros de atención básica. Esto compromete la prestación del servicio en municipios ribereños y zonas rurales dispersas. En educación, el número de sedes afectadas aumentó en pocos días, lo que obligó a suspensiones temporales en varias localidades.
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Antes de la declaratoria nacional, las Gobernaciones de Córdoba y Sucre ya habían declarado la situación de calamidad pública, al igual que varios municipios de Córdoba. Posteriormente, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó avanzar hacia la emergencia económica ante la magnitud acumulada de los daños.
Desde el punto de vista fiscal, el decreto habilita la expedición de normas con fuerza de ley para reasignar recursos, modificar tributos existentes o crear nuevos de carácter transitorio, siempre vinculados a la atención de la crisis. De acuerdo con el marco constitucional, los tributos creados bajo esta figura dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal.
La actual declaratoria se produce meses después de otra emergencia económica que fue suspendida por la Corte Constitucional y se encuentra pendiente de una decisión de fondo sobre su exequibilidad. El nuevo decreto también deberá superar el control automático de constitucionalidad, que evaluará la necesidad, proporcionalidad y relación directa entre las medidas adoptadas y los hechos que motivaron la crisis.
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