Colombia – Una jueza penal del circuito enfrenta un proceso disciplinario por publicar videos bailando en TikTok, desatando un debate nacional sobre los límites entre la vida privada y el ejercicio de la función pública.
Marienela Cabrera Mosquera, jueza cuarta penal del circuito de Florencia, de 47 años, casada y madre de tres hijos, ha sido señalada por supuestamente atentar contra la moral de la profesión judicial. La queja fue presentada mediante correos electrónicos anónimos, argumentando que sus publicaciones son "sugestivas" y afectan el decoro del cargo.
La funcionaria grabó los videos en el estudio de su casa, sin utilizar instalaciones judiciales. En entrevista con Blu Radio afirmó: "Son en mi casa, es en el estudio de mi casa". Cabrera defendió su desempeño laboral y aseguró que sus actividades en redes sociales no interfieren con su trabajo.
El magistrado instructor, Manuel Enrique Flores, ordenó seguimiento a sus redes sociales y solicitó la incautación de su celular personal. Cabrera rechazó la petición por considerar que vulnera su intimidad.
Derecho a la intimidad en el centro del debate↙️
Lo que comenzó como una denuncia anónima escaló rápidamente. El expediente disciplinario no solo evalúa los videos, sino el comportamiento digital de una funcionaria fuera de su horario laboral.
Para Cabrera, la investigación trasciende lo jurídico y refleja un patrón de discriminación. Señaló que existen estándares más severos para las mujeres en la justicia. "Es muy lamentable que a una mujer se le juzgue por su forma de vestir y no por su trabajo", expresó.
La jueza también reveló que otras funcionarias judiciales le han escrito tras la visibilización del caso. Según sus testimonios, han enfrentado situaciones similares de hostigamiento. Esa cadena de mensajes convirtió su expediente en un reflejo de una problemática mayor: la vigilancia social sobre la imagen de las mujeres en cargos públicos.
El proceso ha involucrado interrogatorios a colaboradores de su despacho. Incluso le advirtieron que, tras conceder una entrevista a un medio de comunicación, se abriría un nuevo proceso disciplinario.
Las acciones disciplinarias generaron inquietud en sectores ciudadanos. Algunos habitantes de Florencia expresan preocupación por la intervención excesiva en la vida privada. "Si hace bien su trabajo, ¿qué importa lo que haga en su tiempo libre?", comentó una residente del barrio La Vega al ser consultada.
Otros consideran que el uso de redes sociales por parte de funcionarios debe tener límites. "Cuando alguien representa a la justicia, debe ser prudente con lo que publica", opinó un comerciante del centro.
El caso divide opiniones en calles y oficinas. No se trata solo de una jueza bailando. Se trata de quién tiene derecho a decidir qué es apropiado para un funcionario fuera del horario laboral.
H3 Libertades individuales vs. función pública
Las redes sociales se han convertido en vitrinas constantes de exposición. Para algunos sectores, el acceso a la intimidad de los servidores públicos debe ser limitado por respeto a su esfera personal. Para otros, la transparencia recorre todos los espacios de la vida, incluso los digitales.
La legislación colombiana reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, las entidades disciplinarias mantienen márgenes de interpretación sobre el comportamiento fuera del ámbito institucional.
El caso de Cabrera plantea preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Puede un funcionario ser sancionado por publicarse en un entorno privado digital? ¿Debe existir un código único para la actividad en redes sociales del sector judicial? ¿Hasta dónde llega el control del Estado sobre la imagen?
Especialistas en derecho consultados en medios nacionales advierten que cualquier decisión sentará precedente. Si se considera que la actuación de Cabrera representa una falta, funcionarias y funcionarios de todo el país podrían quedar sujetos a vigilancia sobre sus perfiles personales.
Organizaciones feministas han manifestado que casos similares rara vez recaen sobre hombres. Argumentan que las sanciones por "decoro" suelen aplicarse con mayor rigor a mujeres, especialmente en cargos visibles.
Más allá del expediente disciplinario, en Florencia la conversación ahora ocurre en cafés, pasillos judiciales y redes locales. Algunos ciudadanos priorizan la ética institucional, mientras otros defienden una frontera clara entre vida pública y vida personal.
Por ahora, Cabrera continúa en su cargo y espera el avance del proceso. No ha dejado de trabajar ni de publicar ocasionalmente, aunque con mayor cautela. "Ningún hombre me va a violentar bajo la comodidad de mi silencio", dijo durante una intervención pública.
El desenlace del caso determinará si la actividad en redes sociales de un funcionario puede convertirse en causa disciplinaria o si prevalecerá el derecho a la intimidad. Para cientos de mujeres en la justicia, el seguimiento de este expediente no es curiosidad: es un espejo.
