Colombia – El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció públicamente a través de su cuenta de Twitter su intención de que el Congreso tramite una ley o un acto legislativo para otorgar indultos a los militares involucrados en la retoma del Palacio de Justicia de 1985, medida que aplicaría incluso a los fallecidos y a quienes fueron condenados o están en investigación.
En el trino, Uribe indicó: “Pediré a la bancada del Congreso del Centro Democrático buscar en coalición una ley o un Acto Legislativo que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria. Que también tenga efecto sobre los fallecidos. Debe buscarse un texto que no afecte el honor militar. Deploro que sea tarde, pero es de justicia. Para no afectar las víctimas la responsabilidad del Estado se mantendrá sin extenderla al militar. ↙️
Pediré a la bancada del Congreso del Centro Democrático buscar en coalición una ley o un Acto Legislativo que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a…
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 5, 2025
La propuesta aún no ha sido radicada formalmente, pero se prevé que tenga carácter retroactivo para proteger el honor militar y evitar impactos legales o disciplinarios posteriores.
Contexto histórico y antecedente legislativo de Uribe
La toma del Palacio de Justicia ocurrió los días 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 fue responsable de la acción insurgente que detonó la crisis. Aproximadamente 100 personas murieron en los enfrentamientos, incluidos 11 magistrados, funcionarios judiciales y civiles. Varios altos mandos militares fueron procesados por desapariciones y homicidios durante el operativo.
Aunque la intención de Uribe centra la atención en los militares, los hechos históricos muestran responsabilidades diferenciadas. La acción del M-19 detonó la tragedia, mientras que la intervención del Ejército y las Fuerzas Armadas fue cuestionada por fallas que no protegieron la vida de magistrados, funcionarios y civiles, además de incurrir en excesos documentados.
El Gobierno de la época también ha sido señalado por la mala gestión de la crisis, decisiones de negociación y manejo estratégico que pudieron agravar la situación. La cadena de eventos refleja responsabilidades compartidas: la insurgencia detonó la tragedia y la respuesta estatal y militar influyó en el saldo de víctimas.
El expresidente Uribe ya tiene antecedentes legislativos relacionados con indultos: cuando era senador, fue ponente de la Ley 7 de 1992 que benefició con indulto o amnistía a los desmovilizados del M‑19, un grupo guerrillero. En este caso, la diferencia clave es que los militares estaban cumpliendo su deber institucional, mientras que el indulto al M‑19 aplicaba a guerrilleros desmovilizados, lo que contextualiza la propuesta actual de Uribe como un acto dirigido a reconocer el servicio de la Fuerza Pública.
El anuncio de Uribe genera debate y atención en distintos sectores de la sociedad, incluidos expertos legales y ciudadanos, sobre las implicaciones de una posible iniciativa legislativa que otorgue beneficios a los militares involucrados.
Expertos legales señalan que, si la iniciativa llega a ser presentada, su aprobación implicaría un debate profundo sobre la jurisdicción, la retroactividad de los beneficios y los límites de la justicia transicional en Colombia. Según registros judiciales y documentales, el operativo de retoma enfrentó deficiencias en planificación, comunicación y control del uso de la fuerza, que afectaron la preservación de vidas y bienes en el Palacio de Justicia. La medida anunciada busca otorgar beneficios a quienes participaron en dicho operativo bajo estas condiciones.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de la Verdad y asociaciones de familiares de víctimas, han expresado preocupación porque la medida podría interpretarse como un alivio legal para militares responsables de homicidios y desapariciones, aun cuando el M-19 fue el actor inicial de la toma armada.
El debate nacional también tiene implicaciones para las Fuerzas Armadas, que observan la iniciativa como un posible reconocimiento a su servicio, mientras que la ciudadanía discute la manera en que el Estado maneja la justicia y la memoria histórica de hechos violentos que marcaron la democracia colombiana.
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La propuesta de Uribe se produce justo antes de cumplirse los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, un momento que ha reavivado la discusión sobre responsabilidades históricas, procedimientos judiciales y reconciliación nacional. El expresidente sostiene que la ley sería un acto de justicia para los militares, sin desconocer la responsabilidad de quienes perpetraron la acción armada, y asegura que la medida no afectaría el marco judicial que protege a las víctimas y la memoria histórica.
Con la discusión abierta, la propuesta anunciada por Álvaro Uribe representa un nuevo capítulo en el debate sobre justicia, memoria histórica y el papel de las Fuerzas Armadas en Colombia, generando atención inmediata en medios, parlamento y sociedad civil.
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