Colombia – Un juez penal de Bogotá condenó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez a siete años de prisión por el delito de soborno en actuación penal, tras comprobar que ofreció beneficios jurídicos a un privado de la libertad a cambio de que modificara su testimonio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
Según el fallo judicial, Cadena visitó en dos ocasiones en febrero de 2018 al procesado Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá. Durante estos encuentros, le pidió que cambiara la declaración que había rendido ante la Corte Suprema de Justicia y se retractara de sus señalamientos contra el expresidente. A cambio, le ofreció tramitar una acción de revisión de su condena y gestionar su incorporación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El juez penal de conocimiento determinó además que Cadena debía cumplir la pena en su lugar de residencia y le impuso una multa equivalente a 375 salarios mínimos mensuales legales, así como inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 84 meses.
En el documento judicial se detalla que la Fiscalía General de la Nación consideró que el abogado podría estar involucrado en otros casos similares. “El procesado habría prometido dádivas, regalos, asesorías jurídicas y dinero a otros privados de la libertad para que modificaran sus testimonios”, indicó la Fiscalía en su apelación al fallo de primera instancia.
El tribunal subraya que estas conductas representan un intento de alterar la administración de justicia a través de la influencia sobre testigos privados de libertad. La decisión ratifica la gravedad del delito de soborno en actuación penal, catalogado en el Código Penal colombiano con penas de hasta diez años y sanciones económicas significativas.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó registros de visitas, testimonios y documentos judiciales que evidenciaron la solicitud directa de Cadena a Monsalve para cambiar su declaración. La defensa del abogado, según los documentos de la causa, argumentó que las reuniones tenían fines de asesoramiento legal, pero el tribunal consideró que las pruebas eran concluyentes respecto a la intención de soborno.
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En la sentencia, el juez enfatizó: “La evidencia demuestra que la conducta del imputado estaba dirigida a influir en la declaración de un testigo, ofreciendo beneficios legales que no correspondían, afectando de manera directa la transparencia del proceso judicial”.
La decisión se produce en el marco de investigaciones que han examinado la actuación de Cadena en otros procesos relacionados con testimonios de privados de libertad. La Fiscalía sostiene que existe un patrón de comportamiento donde el abogado buscaba asegurar modificaciones de declaraciones mediante incentivos, generando riesgo para la imparcialidad de los procesos penales.
El abogado condenado tiene la opción de apelar la sentencia en segunda instancia, lo que permitirá a un tribunal superior revisar la decisión, las pruebas y las consideraciones legales que llevaron a la condena.
Este caso ha generado atención nacional debido a la implicación del proceso en torno a declaraciones contra figuras políticas relevantes, aunque la investigación y la condena se centran exclusivamente en las acciones de Cadena y no en el expresidente mencionado.
El fallo también incluye la imposición de medidas accesorias, como la inhabilidad para ejercer funciones públicas y para representar legalmente a terceros en procesos judiciales durante siete años, reforzando el carácter punitivo y preventivo de la sanción.
La sentencia es ejemplo de la aplicación de la ley en casos donde abogados y terceros intentan influir en testigos, reafirmando la posición de la justicia colombiana sobre la integridad de los procesos judiciales y la necesidad de sancionar conductas que socaven la confianza en el sistema legal.
De acuerdo con los documentos oficiales, la pena de Cadena se cumplirá en su lugar de residencia, siguiendo criterios de cumplimiento de condenas que permiten a ciertos procesados cumplir penas fuera de establecimientos penitenciarios cuando se cumplen requisitos legales específicos y no existe riesgo para la sociedad o fuga.
La Fiscalía ha indicado que continuará las investigaciones sobre posibles casos adicionales donde Cadena podría haber incurrido en conductas similares, con el fin de determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en la administración de justicia.
En la práctica, el fallo se convierte en un precedente en Colombia sobre cómo la justicia aborda el soborno en actuación penal, especialmente cuando involucra la manipulación de declaraciones de privados de libertad para beneficiar a terceros en procesos judiciales.
