Colombia – Una mujer señalada de infiltrarse en la seguridad del presidente Gustavo Petro fue capturada junto a dos militares y un civil, en un caso que mantiene en alerta a las autoridades por el posible alcance de sus acciones dentro de instalaciones estratégicas. La Fiscalía sostiene que se trató de un plan de infiltración que buscaba obtener información sensible y acceder a espacios de alta reserva. La audiencia judicial que definirá si los implicados siguen el proceso en libertad o bajo medida de aseguramiento quedó fijada para la mañana de este jueves.
Infiltración en la seguridad presidencial
De acuerdo con la investigación, la mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado se presentó durante meses como capitán del Ejército con supuestas funciones de inteligencia. Con esa identidad, habría ingresado a batallones, participado en reuniones con Fiscalía, Gaula, Policía Militar, Fuerza Aérea y la Secretaría de Seguridad, e incluso liderado actividades con armas de uso privativo. La Fiscalía asegura que la infiltración habría comenzado en septiembre de 2024.
Uno de los episodios que más preocupa a las autoridades ocurrió en marzo de 2025, cuando Salgado organizó una jornada de polígono en la Escuela de Caballería. A esa práctica asistieron fiscales, familiares de uniformados y hasta menores de edad, lo que generó alarma por el nivel de acceso alcanzado por alguien que hoy está siendo investigada por usurpación de identidad.
La captura de Salgado se dio junto al mayor del Ejército Pedro Nel Jiménez, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, y el sargento Cristian Padilla Villanueva, con 14 años de servicio. También fue detenido un civil, aún no identificado, señalado como enlace logístico del grupo. Los delitos imputados incluyen revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión.
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Versiones enfrentadas
El caso no solo desató preocupación institucional, también abrió un debate entre las versiones oficiales y la defensa. Mientras la Fiscalía insiste en que se trató de una infiltración planificada, la defensa del mayor Jiménez sostiene que Salgado no era una impostora, sino una colaboradora encubierta en operaciones contra el grupo criminal Tren de Aragua. Según el abogado Fernando Vargas, la información que ella entregaba permitió capturar a varios de sus integrantes.
Vargas asegura que la mujer era conocida por miembros de la Fuerza Pública como informante y que sus ingresos a instalaciones militares se dieron en el marco de ese trabajo. “Los mismos uniformados que hoy la señalan la vieron colaborar en operaciones de inteligencia”, afirmó. También advirtió que estas detenciones podrían frenar procesos claves contra la organización de origen venezolano.
La situación del mayor Jiménez también generó debate dentro de la institución. Hasta antes de su captura, lideraba el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, sin registros de quejas o investigaciones en su hoja de vida. Estaba en lista para ascender en el escalafón militar, pero la investigación no solo truncaría su carrera, sino que lo obligaría a salir del país junto a su esposa y tres hijos, tras recibir amenazas atribuidas al Tren de Aragua.
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Seguridad presidencial sin contacto directo
A pesar del nivel de acceso que logró la mujer señalada, la Jefatura de Protección Presidencial aclaró que ninguno de los capturados ingresó a la Casa de Nariño ni tuvo contacto directo con el presidente Gustavo Petro. Una revisión de los registros oficiales confirmó que no hay evidencias de que Salgado, Jiménez, Padilla o el civil hayan entrado a Palacio.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que no existió riesgo para la seguridad inmediata del mandatario, pues los militares involucrados hacían parte del tercer anillo de seguridad presidencial, muy lejano al entorno del jefe de Estado. La aclaración busca calmar la incertidumbre pública, aunque no elimina las dudas sobre cómo alguien pudo penetrar hasta esas instancias con una identidad presuntamente falsa.
En las calles de Bogotá, ciudadanos expresaron inquietud por las brechas de seguridad que revela el caso. “Si alguien puede pasar por oficial y llegar tan lejos, ¿qué confianza podemos tener en los filtros?”, comentó Andrea López, residente del barrio Teusaquillo. Otros vecinos destacaron la necesidad de reforzar la vigilancia en unidades militares. “No se trata solo del presidente, es la seguridad de todos los colombianos la que se pone en riesgo”, agregó Juan Carlos Martínez, comerciante de Chapinero.
La Fiscalía insiste en que la mujer accedió a información reservada y que su participación en reuniones de alto nivel puso en juego protocolos sensibles. El expediente revela que incluso participó en allanamientos y registros junto a diferentes unidades de seguridad, presentándose como oficial activa.
La audiencia de medida de aseguramiento será clave para definir el rumbo del caso. En ella se evaluarán los riesgos de obstrucción a la justicia, la gravedad de los hechos y la posible afectación a la seguridad nacional. Si se determina que deben seguir privados de la libertad, las operaciones de inteligencia que se encontraban en curso podrían quedar interrumpidas, lo que genera preocupación en sectores encargados de la lucha contra el crimen organizado.
Por ahora, la tensión sigue creciendo entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad del país y los defensores de los capturados, que insisten en que la investigación debe valorar el trabajo de inteligencia que venían realizando. En medio de estas versiones encontradas, la comunidad permanece expectante por el desenlace de un caso que toca directamente la confianza en las estructuras de seguridad nacional.
