Barranquilla – La Fiscalía confirmó que Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, será imputado el próximo 1 de octubre a las 9:00 a.m. en un juzgado de Barranquilla. Durante la diligencia, se definiría si se le aplica medida de aseguramiento en centro carcelario por tres nuevos delitos que se le imputan: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
El exdiputado del Atlántico habría firmado cinco contratos irregulares a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, por un valor superior a $3.000 millones, destinados a la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, los cuales nunca se ejecutaron. La Fiscalía señala que estos recursos públicos no llegaron a los fines previstos.
"La Fiscalía presentará las pruebas que sustentan la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos", indicó la entidad. Un juzgado de garantías evaluará la legalidad de la imputación y decidirá si procede la reclusión preventiva.
El proceso contra Petro Burgos comenzó con acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionadas con un presunto incremento patrimonial de aproximadamente $1.053 millones durante la campaña presidencial de 2022.
Redprensa conoció que la Fiscalía imputará tráfico de influencias, basado en chats revelados por su expareja, Day Vásquez, en los que se mencionan gestiones para obtener nombramientos en ministerios y entidades públicas, incluyendo reuniones con los ministros de Interior, Deporte y directivos del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Vásquez advirtió en los mensajes a Petro Burgos sobre los riesgos de estas gestiones: "Deja de reunirte con ministros y demás (...) te van a mandar una carta a tu papá. Te falta mucho por aprender". Estos intercambios forman parte de la evidencia que sustenta la imputación.
El Código Penal colombiano establece penas de 64 a 216 meses de prisión y multas de 66 a 300 SMLMV por interés indebido en la celebración de contratos, y de 48 a 108 meses por falsedad en documento público. La medida de aseguramiento en centro carcelario se solicita para garantizar la comparecencia del imputado.
El abogado Alejandro Carranza, apoderado de Petro Burgos, cuestionó la filtración de información: "Señora Victoria Eugenia, y en este caso también manipula evidencias o acá nos enfrentaremos a una construcción suya. Me muero de ganas por saber quién es el fiscal que concerta con usted las imputaciones", afirmó. La defensa prepara su estrategia para responder a las acusaciones.
La audiencia de imputación refleja la atención pública y mediática que genera el caso, dada la cercanía familiar y política con el presidente de la República. Se espera que esta diligencia marque un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa que involucra a familiares directos de un mandatario.
Documentos y testimonios recopilados muestran la presión ejercida para la celebración de los contratos y que los recursos destinados nunca cumplieron con los objetivos previstos.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentará detalles de los contratos, montos involucrados y testimonios de quienes habrían participado en las gestiones irregulares. El juzgado de garantías evaluará la legalidad de la imputación y decidirá si procede la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La imputación por tráfico de influencias se centra en la presunta utilización de la condición de hijo del presidente para acceder a despachos de alto nivel y gestionar nombramientos. La diligencia apunta a determinar si Petro Burgos abusó de su posición para favorecer intereses propios o de terceros.
Barranquilla será el epicentro de esta audiencia, donde se desplegará un procedimiento legal riguroso y se presentarán todas las pruebas relevantes para sustentar las imputaciones. La decisión del juzgado de garantías definirá si el imputado permanece en libertad o es enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso.
El proceso representa un nuevo capítulo para el primogénito del presidente, quien ya enfrenta imputaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La atención mediática y social aumenta a medida que se acerca la audiencia de octubre.
