Barranquilla – El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, advirtió que la Costa Caribe podría enfrentar un apagón en 2026 si el Gobierno mantiene su estrategia de anuncios sin ejecución en materia de energía eléctrica. La declaración surge luego de que el Ministerio de Minas planteara la posibilidad de liquidar la operación actual y trasladar el negocio a Gecelca, empresa de generación térmica con sede en Barranquilla, propuesta que, según Cepeda, no solo es inviable técnicamente sino contraria a la regulación vigente.
El dirigente recordó que la ley colombiana prohíbe que una misma compañía asuma generación, distribución y comercialización de energía, con el fin de evitar posiciones dominantes en el mercado. “Hoy la ley no permite que una empresa generadora tenga distribución y comercialización”, dijo Cepeda, cuestionando que una propuesta de tal magnitud se plantee sin sustento jurídico ni técnico. La crítica se dirige específicamente al Ministro de Minas y energia Edwin Palma, quien fue interventor de Air-e durante el gobierno anterior y conoce de primera mano las restricciones regulatorias del sector.
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Modelo en revisión
Cepeda afirmó que, tras un año de intervención estatal sobre la distribuidora actual, la crisis financiera se ha agudizado en lugar de mejorar. Según su análisis, prolongar el mismo esquema con un cambio nominal no resolvería los problemas estructurales de recaudo, pérdidas y sostenibilidad operativa. Por ello, los gremios del Atlántico contrataron un estudio especializado para definir un modelo alternativo de prestación del servicio, con base en proyecciones financieras y patrones de consumo reales.
Antes de avanzar con el estudio, Cepeda también hizo referencia a la propuesta lanzada recientemente por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quienes plantearon la posibilidad de que la operación del servicio sea asumida directamente por las autoridades departamentales. Aunque Cepeda aclaró que no conoce a fondo los detalles del planteamiento, sostuvo que la propuesta "debe ser valorada dentro del estudio" que adelantan los gremios. "Si desde el Gobierno central no priorizan esa gran necesidad que tenemos en nuestros departamentos para sacar adelante el servicio, entonces tenemos que buscar otras alternativas desde lo local y de lo regional para nosotros mismos resolver nuestros propios problemas", afirmó. Según dijo, la iniciativa apunta a un esquema de departamentalización en el que la Gobernación y la Alcaldía asumirían funciones de operación o delegación contractual sobre el servicio en el Atlántico.
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El dirigente destacó que la propuesta de trasladar la operación a Gecelca desconoce las diferencias entre los departamentos. Mientras en el Atlántico el 81% de los usuarios paga su factura, en La Guajira lo hace apenas el 50% y en Magdalena el 65%. Para Cepeda, un modelo unificado impide reconocer realidades locales que podrían permitir esquemas más eficientes de manejo regional o departamental del servicio eléctrico.
Modelos diferenciados en el país
En Colombia existen operadores eléctricos departamentales consolidados en regiones como Tolima, Valle del Cauca, Bogotá y Medellín, donde el control local ha permitido mayor estabilidad financiera y capacidad de inversión. Cepeda planteó que la Costa Caribe podría replicar experiencias similares, siempre que se base en datos verificables y no en decisiones políticas de coyuntura.
A su juicio, la prioridad debe ser construir un esquema de prestación sostenible que combine disciplina en el recaudo con incentivos a la mejora tecnológica. También insistió en que el Gobierno Nacional debe revisar antes la normativa vigente si pretende fusionar roles hoy separados por ley. De lo contrario, cualquier cambio podría terminar en demandas o en una nueva crisis institucional en el sector eléctrico.
El Comité Intergremial confía en presentar su propuesta antes de finalizar el año, con el propósito de que el debate se centre en soluciones de largo plazo y no en anuncios aislados. Para Cepeda, la energía eléctrica no puede seguir siendo un tema de improvisación gubernamental, especialmente en una región donde el deterioro del servicio afecta a hogares, comercios e industrias con costos crecientes.
