Colombia – A pesar de la entrada en vigor de la Ley Ángel, que ordena la sustitución progresiva de vehículos de tracción animal, más de 7.200 animales, entre caballos y mulas, siguen siendo utilizados en el país para cargar y halar peso en plena vía pública. La Procuraduría encendió las alarmas: varios municipios no han reportado siquiera su censo obligatorio.
El dato exacto es 7.275 animales aún en servicio, según cifras oficiales del DANE. Una realidad que pone en tela de juicio la efectividad de las políticas públicas relacionadas con el bienestar animal y que activó una actuación preventiva por parte del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco.
La Procuraduría General de la Nación solicitó informes detallados a seis ministerios y a todas las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) del país. El objetivo: verificar qué se ha hecho y qué no— para implementar la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que creó el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal.
"Nos preocupa la falta de información de algunos municipios sobre el censo de vehículos de tracción animal, lo que podría constituir un incumplimiento de ley", advirtió la Procuraduría en un comunicado oficial.
Los departamentos con más animales usados en actividades de tracción son Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Cauca. En estas regiones, los equinos siguen siendo empleados para tareas de transporte o carga, especialmente en zonas periféricas o rurales.
En respuesta, el órgano de control pidió a los ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud, Transporte, Interior y Justicia que entreguen reportes específicos sobre las acciones desarrolladas en temas como:
- Bienestar animal en el sector agropecuario.
- Prevención de enfermedades zoonóticas.
- Protección de fauna en carreteras.
- Tenencia responsable de animales.
- Avances en la sustitución de vehículos de tracción animal.
- Investigaciones abiertas por maltrato animal.
Además, las CAR deberán rendir cuentas sobre hogares de paso, centros de atención y rehabilitación de fauna silvestre. La información solicitada incluye permisos de funcionamiento, condiciones de infraestructura, personal técnico y recursos financieros disponibles.
El caso más reciente que pone a prueba la Ley Ángel ocurrió en el Caribe colombiano. En julio de este año, en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), se registró la primera captura en el país por maltrato animal bajo la nueva legislación. El hecho se conoció tras hallarse un caballo con graves lesiones en la piel, atribuibles al uso prolongado de monturas inadecuadas.
La Policía Nacional destacó que este procedimiento marca el inicio de una nueva etapa en la vigilancia del cumplimiento de normas de protección animal. “Con esta ley, ahora sí hay dientes para sancionar a quienes sigan maltratando animales con total impunidad”, dijo un oficial de la Dirección de Carabineros que participó en el operativo.
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Aunque el uso de animales de carga ha disminuido notablemente en ciudades capitales como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Valledupar, aún persiste en corregimientos, pueblos pequeños y áreas con bajos niveles de cobertura en transporte formal. Allí, mulas y burros continúan siendo empleados para mover materiales, víveres o escombros.
Los expertos señalan que el problema no es únicamente legal. También es estructural: muchos municipios no tienen recursos para implementar soluciones alternativas como motocarros o microvehículos eléctricos. Esto retrasa el proceso de sustitución, a pesar del mandato legal.
“Es un problema de voluntad institucional, pero también de acceso a tecnología. Se necesita una política pública integral que tenga en cuenta la realidad socioeconómica de cada región”, explica Ángela Bohórquez, experta en legislación animal y asesora en temas rurales.
Además del incumplimiento normativo, preocupa la falta de seguimiento real al estado de los animales. El diagnóstico general apunta a jornadas largas, alimentación deficiente, ausencia de asistencia veterinaria y explotación física sostenida. En zonas rurales, estos casos se vuelven invisibles ante la falta de vigilancia estatal.
La Ley Ángel fue sancionada en febrero de 2025, tras una fuerte presión de colectivos animalistas y un amplio respaldo legislativo. Con ella se espera consolidar una política nacional que no solo castigue el maltrato, sino que fomente la educación, la vigilancia y la sustitución progresiva de prácticas lesivas.
El panorama actual, sin embargo, revela una implementación desigual. Algunas alcaldías avanzan en la compra de vehículos sustitutos, mientras otras ni siquiera han identificado cuántos animales están en uso.
La Procuraduría también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie casos de maltrato o uso indebido de animales de tracción. La línea 123, fiscalías locales y las CAR están habilitadas para recibir quejas, que pueden dar pie a investigaciones formales.
Organizaciones defensoras de los animales celebraron la actuación del Ministerio Público, aunque advirtieron que el seguimiento deberá mantenerse durante todo el segundo semestre del año. “De nada sirve una buena ley si no se hace cumplir. Por eso, este control es clave”, señaló la Fundación Animal Caribe en un comunicado.
Por ahora, el reto está sobre la mesa. Colombia tiene una ley que protege, pero no todos están cumpliendo. Y los animales 7.275 según el último conteo— siguen cargando el peso del retraso institucional.
