Bogotá — La aseguradora del contrato de los helicópteros Mi-17 pagó USD 20 millones al Tesoro Nacional, tras la activación de advertencias por riesgo de detrimento al patrimonio público emitidas por la Contraloría General desde septiembre de 2025 y un seguimiento fiscal que evidenció incumplimientos del contratista y demoras en las acciones iniciales del Ministerio de Defensa.
La recuperación de estos recursos se concretó después de que la Contraloría activara una actuación fiscal con monitoreo permanente, enfocada en evitar la materialización de un daño patrimonial al Estado. Según el organismo de control, los fondos estaban en riesgo debido a que no se habían adelantado las actuaciones necesarias frente al incumplimiento del contratista ni la reclamación oportuna ante la aseguradora garante del contrato.
La alerta temprana permitió encaminar las gestiones para exigir la indemnización correspondiente y asegurar que los recursos regresaran a las arcas públicas. El Tesoro Nacional recibió finalmente veinte millones de dólares provenientes de la aseguradora vinculada al proceso contractual de los helicópteros Mi-17, una flota considerada estratégica para operaciones de la Fuerza Pública.
Desde la Contraloría se explicó que el resultado es consecuencia directa de la aplicación del control fiscal preventivo y concomitante, una modalidad que busca intervenir antes de que se consoliden pérdidas para el Estado. En este caso, la intervención se centró en un contrato que ya presentaba señales de incumplimiento y que requería acciones inmediatas para proteger el patrimonio público.
Seguimiento fiscal al contrato de los Mi-17
El proceso de vigilancia incluyó un seguimiento técnico que fue más allá del análisis documental. Equipos de la Contraloría realizaron visitas al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban los helicópteros Mi-17, con el fin de verificar su estado y las condiciones en las que se estaba desarrollando el contrato.
Además, la entidad adelantó inspecciones en los hangares del contratista Vertol Systems Company Inc. en los Estados Unidos, como parte de una revisión integral de los compromisos adquiridos. Estas visitas permitieron contrastar la información operativa y técnica con lo pactado en los documentos contractuales.
A la par, se efectuó un análisis detallado de la información contractual, operativa, técnica y aseguradora. Este ejercicio permitió establecer el alcance real de las pólizas y sustentar la exigencia de la indemnización ante la aseguradora, paso clave para lograr la devolución de los recursos.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Contraloría había advertido desde septiembre de 2025 que existía un riesgo cierto de pérdida de recursos públicos. La razón principal era que el Ministerio de Defensa Nacional no había iniciado oportunamente las actuaciones frente al incumplimiento del contratista ni la reclamación correspondiente ante la aseguradora, situación que podía derivar en un detrimento al patrimonio público.
La intervención del organismo de control cambió el rumbo del proceso. Con la advertencia formal y el seguimiento permanente, se activaron los mecanismos necesarios para proteger los intereses del Estado y garantizar que el dinero comprometido no se perdiera en un litigio prolongado o en la inacción administrativa.
Qué verificará ahora la Contraloría
Con el ingreso de los USD 20 millones al Tesoro Nacional, la Contraloría anunció que iniciará una fase de verificación detallada sobre la destinación y naturaleza de esos recursos. El objetivo es confirmar que el pago corresponda efectivamente a tres componentes específicos del contrato.
El primero es la restitución del pago anticipado no utilizado por el contratista. El segundo, la cobertura de los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo de la empresa responsable. El tercero, la indemnización de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en las pólizas.
“El ingreso efectivo de estos recursos a las arcas de la Nación constituye un resultado concreto del control fiscal preventivo y concomitante, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado y a la defensa del patrimonio público”, señaló la Contraloría General de la República en su comunicado oficial.
En la misma línea, el organismo de control precisó que “la Contraloría verificará que el pago corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios correspondientes”.
Más allá de este caso puntual, la entidad anunció que mantendrá una vigilancia rigurosa sobre los contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, aseguramiento y operación de aeronaves de la Fuerza Pública. La meta es prevenir riesgos fiscales y garantizar un uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos en un sector que concentra inversiones millonarias y alta sensibilidad estratégica.
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El caso de los helicópteros Mi-17 se convierte así en una referencia reciente sobre cómo la actuación temprana de los órganos de control puede incidir de manera directa en la protección de los recursos del Estado. La recuperación de los USD 20 millones evita un impacto negativo en las finanzas públicas y refuerza la necesidad de mantener alertas activas frente a contratos de alto valor.
Para la Contraloría, el episodio confirma la importancia de combinar la vigilancia técnica con la capacidad de emitir advertencias oportunas cuando se detectan riesgos reales. En su comunicado, el ente de control reafirmó su línea de trabajo orientada a intervenir antes de que los problemas se traduzcan en pérdidas irreversibles para el erario.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los intereses del Estado y con un control fiscal oportuno, técnico y eficaz al servicio de todos los colombianos”, concluyó la entidad, al anunciar que seguirá monitoreando de cerca los procesos contractuales que involucren bienes estratégicos y recursos públicos de alto impacto nacional.
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