Colombia - En medio de un choque con el presidente Gustavo Petro, la Junta Directiva de Ecopetrol decidió apartar temporalmente a su presidente, Ricardo Roa, mediante un esquema de vacaciones seguido de licencia no remunerada, una medida que implica su salida funcional del cargo sin que exista una destitución formal.
La decisión se ejecuta a través de un mecanismo administrativo que establece un periodo inicial de vacaciones hasta el 27 de mayo, seguido de una licencia no remunerada por al menos 30 días a partir del 28 de mayo. En la práctica, este esquema retira a Roa de sus funciones durante varias semanas y redefine su permanencia en la compañía en el corto plazo, sin que medie una sanción disciplinaria.
En ese contexto, la empresa queda bajo la dirección encargada de Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente de Hidrocarburos, quien asume la conducción operativa mientras se cumple el periodo de ausencia del presidente. La medida busca garantizar continuidad en la gestión en medio de un escenario de alta sensibilidad institucional y evitar vacíos de poder dentro de la organización.
El hecho generó una reacción inmediata desde el Ejecutivo. El presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X que la decisión estuvo influenciada por presiones políticas, al afirmar que los miembros de la Junta “se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical”. En el mismo mensaje cuestionó versiones sobre una supuesta presión de Estados Unidos, al señalar que nunca ha percibido una postura hostil frente a Ecopetrol.
Vea Trino del presidente ↙️
Está Roa el presidente de Ecopetrol al que los miembros que delegué en la Junta directiva de Ecopetrol y que son… pic.twitter.com/bKixvr3GXf
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026
Sesión extraordinaria y tensiones marcaron la decisión
La reunión se desarrolló a puerta cerrada durante la tarde del lunes, en una sesión extraordinaria convocada fuera del calendario ordinario. Desde su inicio a las 4:00 p.m., el encuentro concentró la atención en la situación del presidente de la compañía, en medio de un ambiente de alta tensión interna y con múltiples factores en juego dentro de la discusión.
Uno de los elementos más relevantes fue que la salida de Roa no hacía parte del orden del día original. El tema fue incorporado durante el desarrollo de la sesión, lo que evidencia un cambio en la dinámica interna y refleja el nivel de presión que rodeaba la discusión al interior de la Junta Directiva.
La decisión se produce además en medio de investigaciones en curso que involucran al presidente de la compañía. Entre ellas se encuentran indagaciones por presunto tráfico de influencias y por posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, procesos que han elevado el nivel de escrutinio sobre su permanencia en el cargo.
A esto se suma un componente reputacional clave. Ecopetrol, como empresa listada en mercados internacionales, enfrenta alta sensibilidad frente a factores de gobernanza y transparencia, lo que incrementa la presión de inversionistas y actores del mercado ante cualquier señal de riesgo institucional o inestabilidad en su dirección.
Dentro de la Junta también se evidencian tensiones internas. Las discusiones sobre la continuidad de Roa han generado posiciones encontradas, en un escenario donde confluyen criterios técnicos, jurídicos y políticos. En ese contexto, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), que recientemente pasó a tener representación en la Junta por impulso del Gobierno, promovió la salida del presidente.
El choque entre el Gobierno y la Junta se convierte así en uno de los ejes centrales del caso. Mientras desde el Ejecutivo se ha expresado respaldo al presidente de la compañía, la Junta optó por apartarlo temporalmente. Desde la Presidencia se insiste en que la decisión habría estado motivada por presiones políticas internas y narrativas externas que no corresponderían a la realidad.
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Desde la perspectiva corporativa, la medida se interpreta como una acción orientada a proteger la estabilidad de la empresa. Bajo ese enfoque, busca mitigar riesgos legales y reputacionales, así como preservar la confianza de los mercados en medio de la coyuntura y de las investigaciones en curso.
El contexto político también incide en la lectura del caso. La decisión se produce en un momento previo a un cambio de gobierno, lo que abre la posibilidad de que Roa no retome el cargo de manera efectiva, dado que su eventual regreso coincidiría con un nuevo escenario político y administrativo en el país.
Por ahora, Roa permanece por fuera del ejercicio de sus funciones mientras se desarrolla el esquema definido por la Junta. El caso sigue abierto, con investigaciones en curso, tensiones políticas vigentes y un escenario institucional que aún no encuentra un punto de equilibrio claro.
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