COLOMBIA — El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a los ministros de Defensa y Justicia brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. También dispuso apoyo económico para sus familias y pidió esclarecer la responsabilidad individual de cada uno.
La instrucción fue publicada por el mandatario este 6 de octubre en su cuenta de X. De La Espriella afirmó que quiere saber exactamente qué ocurrió. También pidió establecer qué responsabilidad tuvo cada detenido. “No pueden pagar justos por pecadores”, escribió al explicar la decisión.
El presidente también sostuvo que los exmilitares tendrán respaldo para ejercer su defensa mientras avanza el proceso. En el mismo mensaje afirmó que no es un presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. Dijo que no los dejará solos mientras se aclara la situación.
La orden presidencial se refiere a un proceso que ahora se desarrolla ante la justicia federal de Estados Unidos. Los 17 colombianos fueron trasladados desde Haití a territorio estadounidense en septiembre. Permanecían detenidos en Haití desde 2021. El caso está relacionado con el asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. Los detenidos comparecieron ante una corte federal en Miami el 21 de septiembre. El proceso se tramita dentro del sistema judicial estadounidense. La situación procesal de cada uno debe distinguirse de las condenas que ya existen en el expediente.
Vea trino del presidente ↙️
Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa y de Justicia de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias. No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.)
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026
Qué se discute en el proceso judicial
La investigación estadounidense reúne a 30 acusados y examina una presunta operación que incluyó financiación, reclutamiento, logística y ejecución. La existencia de una acusación no significa que todos los procesados tengan la misma conducta atribuida. Tampoco significa que exista una condena contra cada uno.
Los 17 colombianos enfrentan el proceso en Estados Unidos por su presunta participación. El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado que las acusaciones son alegaciones. Los acusados deben ser considerados inocentes mientras no exista una decisión judicial en contrario.
El expediente también tiene antecedentes de condenas individuales. En mayo de 2026, un jurado en Miami declaró culpables a cuatro acusados, entre ellos el colombiano Arcángel Pretel Ortiz. Esas condenas corresponden a esos cuatro procesados. No establecen por sí mismas la responsabilidad penal de los otros colombianos.
Durante el proceso, los fiscales han sostenido que un grupo de exmilitares colombianos fue reclutado para participar en la operación. La acusación también ha relacionado al denominado Delta Team con el caso. Además, ha presentado comunicaciones y evidencia balística. Según la tesis de la Fiscalía, los planes cambiaron de un posible secuestro a un ataque.
Esos elementos forman parte de la acusación y de la evidencia presentada ante la justicia estadounidense. La determinación de la responsabilidad individual corresponde al proceso judicial. Por eso, la petición del presidente colombiano pone el foco en establecer qué ocurrió con cada detenido. No busca atribuirles una responsabilidad común por el solo hecho de estar incluidos en el caso.
La asistencia de Colombia y el alcance de la nueva orden
Antes de la instrucción presidencial, la Cancillería colombiana ya hacía seguimiento consular a los detenidos. Esa asistencia incluía atención a sus condiciones, contacto con sus familias y seguimiento ante las autoridades. También buscaba verificar sus derechos, su integridad y las garantías judiciales.
La Cancillería también había precisado que Colombia no participó en la decisión ni en el procedimiento mediante el cual los detenidos fueron trasladados de Haití a Estados Unidos. El proceso judicial, por tanto, quedó bajo la competencia de las autoridades estadounidenses.
La nueva orden agrega dos componentes expresos: asistencia jurídica y apoyo económico para las familias. El ministro de Defensa, Jorge Mora, afirmó que el Gobierno cumplirá la instrucción presidencial y que las familias no estarán solas. El objetivo planteado es garantizar acompañamiento para la defensa y contribuir a que se esclarezca la responsabilidad de cada detenido.
La orden, sin embargo, no detalla públicamente el monto del apoyo económico. Tampoco precisa el mecanismo para entregarlo ni la forma concreta que tendrá la asistencia jurídica. Esos aspectos quedan pendientes de precisión por parte de las entidades encargadas de ejecutar la instrucción.
El proceso estadounidense continúa siendo el escenario donde deberá establecerse la situación individual de los 17 colombianos. La decisión del presidente colombiano modifica el nivel de acompañamiento estatal que recibirán ellos y sus familias. Pero no sustituye las actuaciones de la justicia de Estados Unidos ni determina anticipadamente el resultado de los procesos.
La instrucción presidencial deja así dos planos separados: el respaldo anunciado por el Gobierno colombiano y la determinación judicial de responsabilidades en Estados Unidos. El proceso judicial estadounidense mantiene bajo análisis la participación individual de los 17 colombianos.
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