Gobierno Petro bloqueó compra de sistemas antidrones

Gobierno Petro bloqueó compra de sistemas antidrones
Miércoles, Noviembre 18, 2026 - 07:30

Gobierno Petro bloqueó compra de sistemas antidrones

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, denunció que una directriz del propio Ministerio bloqueó la compra directa de sistemas antidrones por parte de las unidades militares. Según su denuncia, las tropas quedaron a la espera de un escudo
El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora

Colombia — El ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, denunció que el gobierno de Gustavo Petro bloqueó la compra directa de sistemas inhibidores de drones para las unidades militares. La acusación fue presentada el 17 de noviembre de 2026, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Mora sostuvo que una circular expedida el 31 de marzo de 2026 impidió que las unidades militares adquirieran directamente esos dispositivos, mientras el Gobierno esperaba desarrollar una solución centralizada mediante el proyecto Escudo Nacional Antidrones. Según el ministro, las tropas quedaron a la espera de equipos que finalmente no llegaron.

Durante su intervención, el funcionario cuestionó que la administración anterior hubiera concentrado la adquisición en un megaproyecto anunciado por 6,2 billones de pesos. Afirmó que funcionarios recorrieron 12 países en tres continentes y evaluaron 22 empresas extranjeras, pero que el proceso no produjo una solución viable para las necesidades militares.

Mora calificó ese recorrido como “turismo burocrático” y describió el Escudo Nacional Antidrones como un “espejismo tecnológico”. Su cuestionamiento se centró en que, mientras avanzaban las evaluaciones para una compra integral, las unidades militares no podían adquirir por su cuenta los inhibidores que requerían.

El ministro aseguró que el proyecto registraba cero por ciento de ejecución presupuestal y que no había recursos apropiados en 2026. También reportó 42 militares muertos y 545 heridos en ataques con drones, cifras que presentó para dimensionar las consecuencias de la amenaza que enfrentan las tropas.

La denuncia se produjo después de que el expresidente Gustavo Petro afirmara que había dejado recursos para comprar sistemas antidrones en 2026. Mora respondió que los registros oficiales no demostraban la existencia de presupuesto apropiado ni de contratos vigentes por los montos mencionados.

La circular y el proyecto antidrones

La controversia tiene como punto de partida la Circular C20260331000182, expedida el 31 de marzo de 2026. Esa directriz estableció lineamientos relacionados con la adquisición de sistemas contra aeronaves no tripuladas y orientó el proceso hacia una contratación centralizada, en lugar de compras independientes por parte de las unidades militares.

El 28 de agosto de 2026, el Ministerio de Defensa expidió la Circular C20260828000559, mediante la cual revocó expresamente la directriz anterior. El documento señaló que había terminado la exploración de las tecnologías disponibles en el mercado y que no se había concretado ningún proceso de contratación centralizado.

La nueva circular dejó sin efectos los lineamientos anteriores y estableció que sus disposiciones ya no eran de obligatorio cumplimiento. También contempló la posibilidad de expedir nuevas directrices para planear, estructurar, adquirir e implementar sistemas de contramedidas para aeronaves no tripuladas.

El concepto técnico de cierre del proyecto señaló que ninguna de las soluciones evaluadas había demostrado satisfacer integralmente la necesidad nacional. Según ese análisis, recomendar una adquisición en esas condiciones habría significado aceptar brechas de capacidad y trasladar al Estado riesgos operacionales, técnicos, de integración y sostenimiento.

Por esa razón, el Comité Técnico recomendó cerrar formalmente esa fase de exploración, mantener vigente la necesidad operacional y preservar la arquitectura multicapa prevista. La eventual reactivación quedó condicionada a requisitos formalizados, recursos ciertos y tecnología que demostrara el desempeño operacional requerido.

La documentación también registra que la revocatoria de la circular no significó descartar la necesidad de contar con capacidades antidrones. El Ministerio dejó abierta la posibilidad de expedir nuevas directrices para avanzar en su adquisición, de acuerdo con las necesidades institucionales y la normativa vigente.

La Circular que bloqueo la compra ↙️

Circular del Ministerio de Defensa C20260331000182.pdf by Martin Nahar LA TAQUILLERA

 

 

Las versiones sobre la adquisición

El exministro de Defensa Pedro Sánchez rechazó la denuncia de Mora y calificó de falsa la afirmación de que el gobierno Petro hubiera bloqueado la adquisición de capacidades antidrones. Sostuvo que el proceso venía de años anteriores y que continuó durante la administración pasada, aunque no terminó en la firma de un contrato.

Sánchez explicó que la circular del 31 de marzo buscaba centralizar la adquisición de un sistema integral, evitar compras aisladas y descoordinadas y aprovechar economías de escala. Según su versión, los comités estructuradores, integrados por militares y policías en servicio activo, evaluaron alternativas y concluyeron que ninguna cumplía los requisitos técnicos.

El exministro afirmó que las evaluaciones se realizaron en varios países y en Colombia. También sostuvo que los 800.000 millones de pesos previstos para la primera fase no fueron apropiados ni transferidos al Ministerio de Defensa, por lo que no podía hablarse de recursos disponibles para ejecutar esa contratación.

Sánchez añadió que durante el proceso se adquirieron otros equipos y se desarrollaron capacidades propias. También afirmó que el cambio de gobierno del 7 de agosto no significaba que el proyecto hubiera terminado, pues la primera fase debía ejecutarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, Mora señaló que el Ejército desarrolla capacidades propias y adelanta un proceso contractual cercano a los 32.000 millones de pesos. También mencionó un plan estratégico que contempla un documento CONPES por alrededor de 7,2 billones de pesos para fortalecer las capacidades antidrones.

La diferencia entre las dos versiones está en los efectos de la centralización. Para Mora, la circular impidió que las unidades militares compraran directamente inhibidores mientras esperaban una solución que no se materializó; para Sánchez, buscaba garantizar una adquisición integral con equipos que cumplieran los requisitos técnicos.

La controversia queda planteada entre la denuncia de una restricción que habría dejado a las tropas sin acceso oportuno a inhibidores y la defensa de una decisión de centralización técnica. La circular fue revocada y la fase de exploración terminó sin contratación centralizada, mientras la necesidad operacional de proteger a las unidades militares permaneció vigente.

Una amenaza que golpea a la Fuerza Pública ↙️

El plan se presenta en medio de ataques con drones que han afectado a integrantes de la Fuerza Pública. La Policía contabilizó 708 ataques entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026; de ese total, 314 ocurrieron durante 2026, según el balance divulgado.

Para 2026, ese registro reportó al menos 26 militares muertos y más de 300 heridos, además de 32 policías heridos. Para 2024 y 2025, la misma publicación consignó 16 militares muertos y 197 heridos, cifras que describen el impacto humano asociado a esos ataques.

Otro balance, divulgado en septiembre de 2026, registró 688 eventos con drones contabilizados por el conjunto de la Fuerza Pública entre 2024 y 2026. Dentro de ese universo, las Fuerzas Militares identificaron 418 ataques contra sus integrantes, con 342 militares heridos y 22 fallecidos.

El mismo balance reportó 59 policías heridos y tres fallecidos. Las cifras de 688 eventos y 708 ataques proceden de registros y cortes diferentes, por lo que no deben sumarse ni tratarse como mediciones equivalentes; los 418 corresponden específicamente a ataques contra integrantes de las Fuerzas Militares.

Los balances disponibles permiten observar el fenómeno desde escalas distintas: un registro policial nacional, un recuento del conjunto de la Fuerza Pública y un seguimiento de Naciones Unidas. Cada cifra responde a un periodo y una metodología propios, y su lectura exige mantener separados esos universos.

Naciones Unidas documentó 121 ataques con explosivos mediante drones entre enero y mayo de 2026. De ellos, 46 fueron dirigidos contra el Ejército Nacional y 26 contra la Policía, de acuerdo con el informe citado en la narrativa base para esta etapa.

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