Colombia – Un estudio de la Contraloría General de la República puso en evidencia la fragilidad financiera de las principales universidades públicas del país, advirtiendo que el pasivo pensional acumulado de las universidades Nacional, del Valle y de Antioquia alcanza los $8,3 billones, de los cuales $4,5 billones corresponden solo a la Universidad Nacional.
El informe, con corte a diciembre de 2024, advierte que este tipo de pasivos están siendo calculados con bases de datos desactualizadas, lo que incrementa el riesgo de subestimaciones. En algunos casos, las proyecciones se siguen haciendo con información que tiene más de diez años de antigüedad.
La Contraloría hizo un llamado a las entidades del nivel central para que giren a tiempo los recursos de concurrencia destinados a cubrir las obligaciones pensionales. También planteó revisar los porcentajes que deben aportar las universidades, pues muchas no cuentan con ingresos propios suficientes para cubrirlos. En el caso de la Universidad del Valle, la concurrencia es del 19,9 %, lo que ha generado dificultades financieras.
Otro de los temas analizados es el impacto del régimen salarial y prestacional de los docentes, que permite la acumulación de puntos por productividad académica. El incremento de esos pagos no ha sido acompañado por un aumento equivalente en los recursos asignados. Un ejemplo claro es el de la Universidad de Antioquia: en 2017 reconocía un valor anual de puntos por $10.364 millones, cifra que en 2024 llegó a $18.239 millones, un aumento del 76 %.
La Contraloría advierte que, aunque se han hecho transferencias de recursos adicionales, estos han estado focalizados en planes de cobertura y no en el cubrimiento del impacto salarial.
El reciente Decreto 391 de 2025, que establece la formalización laboral en las instituciones de educación superior pública, también representa un riesgo para las finanzas del sistema. Según estimaciones del Sistema Universitario Estatal (SUE), se requerirían aproximadamente $2,9 billones adicionales para implementar lo dispuesto en ese decreto. No hay claridad aún sobre la fuente de financiación para esa obligación.
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El estudio también alerta sobre los efectos de la política de gratuidad en las matrículas. Desde la entrada en vigencia del Decreto 2271 de 2023, las universidades públicas dejaron de recibir el 100 % del recaudo antes del inicio de cada semestre. En su lugar, reciben un 80 % inicial y el 20 % restante solo después de una validación de datos por parte del Ministerio de Educación. Este esquema ha generado retrasos y giros parciales, afectando la planeación financiera de las universidades. En 2024, los pagos estuvieron sujetos a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y a los tiempos administrativos del MEN.
El informe también señala que persiste un rezago histórico en infraestructura. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, existen proyectos pendientes en inversión física y tecnológica por $1,4 billones, considerados clave para seguir garantizando un servicio educativo competitivo a nivel nacional y regional.
Como conclusión, la Contraloría reitera la necesidad urgente de modificar el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992, proceso que ya se encuentra en trámite en el Congreso. Mientras se aprueba esa reforma, exige que los recursos de la Nación se transfieran de forma oportuna para evitar que las universidades públicas sigan operando en condiciones de desfinanciamiento.
