Colombia – La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Jhorman David Mora Silva, un recluso señalado de haber coordinado desde prisión el atentado que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
Mora Silva, actualmente condenado por hurto, fue procesado por homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Según el ente acusador, el hombre habría sostenido una videollamada desde su celda con el menor de edad que ejecutó el ataque, y lo habría puesto en contacto con Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, presunto enlace logístico del crimen.
La imputación y el origen del crimen
Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso presentó elementos materiales probatorios que vinculan a Mora Silva con la planeación del homicidio. “Desde su lugar de reclusión, Mora Silva coordinó las acciones y seleccionó al menor que perpetró el ataque contra el senador Uribe Turbay”, indicó el ente investigador. El procesado no aceptó los cargos.
La Fiscalía explicó que la comunicación entre los implicados se realizó a través de videollamadas no autorizadas desde el centro penitenciario. El análisis forense de los dispositivos incautados permitió identificar los contactos y la cronología de las llamadas que antecedieron al crimen.
El homicidio de Miguel Uribe Turbay, quien era senador y precandidato presidencial, conmocionó al país y encendió las alarmas sobre los riesgos de seguridad que enfrentan los líderes políticos en época preelectoral. El ataque se produjo en plena vía pública, cuando el vehículo en el que se movilizaba el congresista fue interceptado por el joven armado.
Testigos relataron que los escoltas del senador intentaron repeler la agresión, pero el disparo resultó mortal. El menor fue aprehendido horas después en una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía.
La investigación apunta a que Mora Silva sería integrante de una red criminal dedicada al microtráfico, las extorsiones y los homicidios selectivos en Bogotá. Desde prisión, habría mantenido comunicación constante con alias “Chipi”, presunto cabecilla de la estructura que ejecutó el ataque.
La red criminal que operaba desde prisión
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía continúa con la identificación de otros posibles partícipes, incluidos internos y funcionarios del sistema penitenciario que habrían facilitado las comunicaciones.
El caso, que se desarrolla bajo estricta reserva judicial, representa una nueva alerta sobre la capacidad operativa de organizaciones criminales desde los centros carcelarios. La Fiscalía anunció que las investigaciones seguirán hasta establecer si hubo financiación política o criminal detrás del homicidio de Uribe Turbay.
El homicidio de Miguel Uribe Turbay marcó un antes y un después en la atención sobre operaciones criminales desde prisiones y la seguridad de actores políticos.
Como contexto terciario, organismos estatales han reportado en los últimos años la circulación de teléfonos celulares en cárceles y el uso de estos para coordinar delitos: en este expediente la Fiscalía identificó videollamadas no autorizadas como el canal principal para la planeación. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha reconocido oficialmente problemas de control de dispositivos dentro de algunos establecimientos, lo que ha impulsado operativos y solicitudes de refuerzo tecnológico y de personal en varias etapas del año 2025.
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Asimismo, en el seguimiento judicial del caso se vincularon otras capturas relevantes: alias “Chipi” fue señalado por la Policía como presunto coordinador y fue aprehendido semanas después del ataque; las diligencias también incluyeron análisis balísticos, incautación del arma y peritajes electrónicos. La Fiscalía trabaja ahora en la judicialización de posibles facilitadores, tanto externos como internos al penal, y en identificar cadenas de financiamiento que habrían permitido la logística criminal.
La imputación a Jhorman David Mora Silva se produce en un contexto en el que la Fiscalía y la Policía han elevado la priorización de casos vinculados a la instrumentalización de menores, el microtráfico en zonas urbanas y las nuevas formas de coordinación desde el encierro. El proceso seguirá su curso bajo reserva judicial mientras los fiscales recaban más pruebas y definen las solicitudes procesales que confirmarían la participación de otros implicados.
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