Colombia - La violencia sigue golpeando la democracia en Colombia. Pedro Adán Torres Pérez, presidente del Partido Demócrata Colombiano, recibió una amenaza de muerte disfrazada de citación el pasado 28 de junio por un presunto grupo armado. Un hombre que se identificó como “Juan Pablo Serrano” le envió un mensaje directo a su celular personal exigiéndole asistir a una reunión y entregar un “aporte” para garantizar su seguridad. Aunque la amenaza hablaba de un encuentro, el mensaje fue claro y aterrador: están “haciendo limpieza en la zona” y si no colabora, “no responderán por su vida”.
Torres, además de ser líder social y político en San Basilio de Palenque, Bolívar, y fundador del primer partido palenquero de Colombia, enfrenta este nuevo riesgo por su rol como presidente del partido. Tras la anulación de la elección de Alfredo Navarro Manga como alcalde de Sitio Nuevo por doble militancia, Torres, como representante legal de la colectividad que otorgó el aval, debe presentar la terna de reemplazo ante las autoridades, según establece la Ley 136 de 1994 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta función, que puede parecer meramente administrativa, en realidad lo expone al fuego cruzado de grupos ilegales que ven la designación de alcaldes como una oportunidad para mantener control territorial, económico y político en la zona.
En noviembre de 2024, Torres ya había denunciado amenazas de estructuras ilegales que le exigían incluir a tres candidatos afines en esa terna, bajo amenaza de asesinarlo y dejar su cuerpo expuesto como mensaje de terror. Estas intimidaciones no son hechos aislados; responden a una estrategia de control territorial y político que ha venido recrudeciéndose en la región Caribe, afectando a otros municipios de Bolívar y Magdalena. De hecho, organizaciones como la Fundación Paz & Reconciliación han advertido que en zonas como Sitio Nuevo, Pivijay, Remolino y Plato los grupos armados han buscado incidir directamente en la designación de alcaldes o secretarios de despacho para manejar contratación pública y recursos del Sistema General de Participaciones.
Organizaciones sociales y políticas han advertido que la situación en Sitio Nuevo y su zona de influencia es crítica, pues el vacío de poder generado por la nulidad de la elección ha abierto espacio para intereses armados que buscan imponer gobernantes títeres. Según líderes consultados por este medio, la intimidación se intensificó desde el inicio del proceso de sustitución del alcalde, incluyendo extorsiones a comerciantes, amenazas a ganaderos y control de rutas en la zona rural y ribereña. Incluso, habitantes de veredas cercanas han reportado el cobro de “vacunas” semanales por parte de hombres armados que se identifican como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El Partido Demócrata Colombiano presentó las pruebas de esta amenaza reciente ante la Fiscalía General de la Nación, que abrió indagación preliminar para determinar la veracidad y procedencia de los mensajes, videos y capturas enviados. La colectividad exigió protección urgente para su presidente y para los demás integrantes de la dirección política. “Rechazamos cualquier forma de violencia contra nuestros líderes o contra cualquier ciudadano”, indicó el partido en su comunicado.
El Gobierno Nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso. Sin embargo, fuentes de la Unidad Nacional de Protección confirmaron a RedPrensa que el caso de Torres Pérez está siendo evaluado para determinar la viabilidad de un esquema reforzado, dado el nivel de riesgo que implican las amenazas de grupos armados que operan en Magdalena y Bolívar. Entre tanto, analistas en seguridad advierten que los hechos en Sitio Nuevo deben leerse como una alerta roja sobre la expansión de estructuras narcoparamilitares que buscan incidir en la política local y regional antes de las elecciones atípicas y ordinarias previstas en varios municipios este segundo semestre.
Este nuevo hecho ocurre mientras Colombia permanece en alerta por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien lucha por su vida tras un ataque armado esta semana. La situación de Torres refuerza el ambiente de zozobra que enfrentan los líderes políticos y sociales en el país, donde la violencia sigue siendo el arma predilecta de quienes pretenden imponer el miedo sobre la democracia. La pregunta que queda en el aire es si el Estado garantizará que estas amenazas no se conviertan en crímenes consumados o si Colombia seguirá sumando más víctimas en sus listas de líderes asesinados.
