Barranquilla D.E.I.P. - La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico la suspensión provisional del cobro de valorización sobre los predios ubicados en el corredor vial Cartagena D.T. y C. – Barranquilla y la Circunvalar de La Prosperidad, mientras se estudia una acción popular interpuesta contra este tributo por el senador Carlos Meisel.
La petición del Ministerio Público apunta a que no se realicen cobros hasta que exista una decisión judicial de fondo. "Se ordene la suspensión del cobro de la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad, hasta tanto se tome una decisión de fondo en la presente acción Constitucional", se lee en el concepto remitido al tribunal.
La solicitud incluye la conformación de una mesa de trabajo que permita socializar el cobro con las comunidades, y evaluar alternativas junto a los actores implicados. Además, se recomienda aportar información clara y transparente a la ciudadanía para facilitar la comprensión del proceso.
La medida ha sido respaldada por sectores gremiales y políticos de la región Caribe. "Es un cobro injusto que afecta a los habitantes de los municipios de Atlántico y Bolívar. Además, esto generaría un impacto directo en el empleo, en la inversión y en el crecimiento fiscal", afirmó Efraín Cepeda Tarud, presidente de Intergremial Atlántico.
El impacto del cobro se proyecta sobre predios en al menos 10 municipios de ambos departamentos, según se ha informado en los últimos días. Se contempla la entrega de recibos a partir de junio, con el objetivo de recaudar cerca de 1.23 billones de pesos. Esta cifra dimensiona la magnitud del proyecto y su incidencia territorial.
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La Procuraduría alertó que continuar con el cobro sin una decisión definitiva podría generar conflictos legales y una posible lesión a los intereses de la sociedad. El organismo también pidió verificar si existen comunidades étnicas en el área de aplicación de la contribución, aunque por el momento no se ha identificado ningún grupo específico ni se ha vinculado este punto a una acción concreta.
El Tribunal Administrativo del Atlántico deberá decidir si acoge o no la petición del Ministerio Público mientras avanza el estudio de la acción popular. Entre tanto, el debate sobre la viabilidad y justicia del cobro continúa generando reacciones en los sectores productivos y ciudadanos de la región.
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