Barranquilla D.E.I.P. – Ante los diputados de la Asamblea del Atlántico, el secretario jurídico de la Gobernación, Raschid Nader, explicó los alcances del reciente fallo del Consejo de Estado que anuló la Ordenanza 0075, la cual fijaba los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia. "Esta sentencia no entrega el territorio a Barranquilla ni a Puerto Colombia, lo que hace es revivir el conflicto debido a una superposición cartográfica entre la Ordenanza 030 de 1913 y el Acto Legislativo 01 de 1993", afirmó el funcionario.
Nader aclaró que el fallo no asigna el territorio a ninguna de las dos entidades, sino que reactiva el proceso para definir los límites con base en la normativa actual. "Nosotros como Gobernación del Atlántico abogamos por una amigable composición entre las alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia, buscando la sostenibilidad fiscal de ambos territorios", añadió.
La sentencia deja en manos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República la responsabilidad de establecer una nueva delimitación.
Este conflicto limítrofe tiene sus raíces en la división territorial ocurrida en 1913, cuando se trazaron los límites entre Barranquilla y Salgar, posteriormente Puerto Colombia, tras la creación del Departamento del Atlántico. Años después, en 1960, se intentó corregir la superposición cartográfica mediante una ordenanza que fue anulada en la década de 1990, lo que revivió la disputa.
Durante el primer gobierno de Eduardo Verano de la Rosa, en 2009, la Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza 0075, ahora invalidada por el Consejo de Estado. El procedimiento, según la ley 1617 de 2013, establece que el IGAC convocará a las partes implicadas para lograr un consenso sobre la delimitación. De no alcanzarse un acuerdo, se trazará un límite provisional que será remitido al Congreso de la República para su aprobación final.
La zona en disputa es estratégica, dado su potencial para el desarrollo turístico y vial en la franja costera que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia. Proyectos de infraestructura que buscan fortalecer esta conexión se ven ahora envueltos en una incertidumbre que deberá ser resuelta de manera conjunta y con celeridad.
Entre los puntos clave que ahora deben resolverse, se encuentran:
- Definición exacta de los límites con base en la documentación histórica disponible.
- Coordinación entre el IGAC y las administraciones locales para alcanzar un consenso.
- Establecimiento de mecanismos que permitan la continuidad de los proyectos de desarrollo.
- Garantizar la estabilidad fiscal de ambos municipios.
- Definir lineamientos claros para la gestión del suelo en la zona en disputa.
Mientras tanto, las autoridades locales han hecho un llamado a la calma y a la colaboración institucional. El alcalde de Puerto Colombia ha manifestado su disposición a dialogar y encontrar una solución que respete los intereses de su comunidad. Por su parte, la administración distrital de Barranquilla ha reiterado su interés en mantener el proceso dentro del marco legal establecido, evitando confrontaciones innecesarias.
Este proceso de deslinde territorial será clave para garantizar la continuidad de las inversiones en la zona y el adecuado desarrollo de proyectos que beneficien a ambos municipios. Las expectativas ahora están puestas en las gestiones del IGAC y las decisiones que adopte el Congreso de la República en los próximos meses.
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