Colombia – El presidente Gustavo Petro anunció que esta misma semana firmará el decreto de convocatoria a la consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie en las urnas sobre la reforma laboral. Aseguró que la firma se hará "ante el pueblo", en un acto público aún por definir si será en Cali o Medellín.
Durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, Petro pidió al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y a su gabinete, que se tome una decisión rápida sobre la ciudad donde se oficializará el decreto. "El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo", declaró el mandatario.
El presidente recordó que ya se han realizado actos masivos en apoyo a la reforma. Mencionó el evento del pasado 1 de mayo en Bogotá D.C. y otro en Barranquilla, donde afirmó que la plaza se llenó "hasta las 8 de la noche". Con respecto a Medellín, indicó que "la mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular, el pueblo trabajador no va contra sus intereses, ni bobos que fueran, cómo van a oponerse a que las mamás tengan bono pensional".
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Petro también señaló que Cali es otra ciudad con respaldo visible hacia la iniciativa. "¿Por qué no Medellín o Cali? Mañana tiene que definirse, porque el decreto tiene que firmarse delante del pueblo. Y el que quiera estrellarse contra el pueblo, pues ahí verá, esa no es una amenaza, es una realidad histórica", expresó ante el gabinete, solicitando que se haga pública la decisión el miércoles.
El gobierno busca que la convocatoria se realice lo antes posible, a pesar de que el Congreso de la República no aprobó previamente la propuesta de reforma laboral. La falta de aprobación legislativa es un paso previo exigido por la ley para avanzar hacia una consulta popular, lo que plantea dudas sobre la viabilidad jurídica del decreto que se planea firmar.
La insistencia del Ejecutivo en promover la consulta refleja su interés en movilizar apoyo ciudadano para temas que considera prioritarios en su agenda social. Sin embargo, la situación ha abierto un debate sobre los límites del poder presidencial frente a las decisiones del Congreso.
