Colombia — El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar la contratación de todo el Gobierno nacional para identificar posibles “roscas”, monopolios y redes de concentración, al término de un Consejo de Ministros de más de siete horas realizado en Barranquilla.
La instrucción fue dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, presidentes y directores de entidades. La revisión deberá hacerse ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa, con el propósito de construir un mapa de concentración contractual del Gobierno nacional.
Ese mapa deberá permitir establecer quiénes han contratado recurrentemente con el Estado durante los últimos años, cuánto dinero han recibido, cuántos contratos han tenido, mediante qué modalidades fueron seleccionados y qué resultados han entregado al país. El presidente sostuvo que el Estado no tiene dueños y que los contratos públicos tampoco.
La orden comprende ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y todas las entidades adscritas o vinculadas. De La Espriella señaló que la antigüedad de un proveedor no le otorga un derecho a continuar contratando con el Gobierno y rechazó las renovaciones automáticas o los negocios que continúen simplemente porque siempre se han hecho de la misma manera.
La revisión abarcará contratos, abogados, intermediarios y fiducias
Uno de los focos estará en los contratos de prestación de servicios. El Gobierno buscará identificar intermediaciones innecesarias, contrataciones sin suficiente justificación y estructuras que hayan permanecido durante años alrededor de las entidades estatales. También revisará casos en los que existan indicios de favorecimiento o concentración de contratos en pocos contratistas.
La revisión incluirá igualmente contratos vinculados a organizaciones, colectivos o grupos minoritarios cuando existan elementos que ameriten verificar posibles irregularidades en su selección, ejecución o destinación de recursos. El presidente aseguró que las reglas de transparencia, competencia y responsabilidad serán iguales para todos, sin excepciones.
Otro frente será la contratación de abogados externos, firmas jurídicas, apoderados y liquidadores. La instrucción busca establecer cuánto cuestan estos servicios, cómo fueron seleccionados y cuáles han sido sus resultados. De La Espriella anunció que pretende acabar con las “roscas” de las liquidaciones y de los asesores externos, y planteó someter estos negocios a un sorteo abierto en los casos en que jurídicamente corresponda.
El mismo escrutinio se aplicará a interventorías, consultorías, auditorías y supervisiones. También serán revisados los contratos de eventos, producción, logística y activaciones conocidas como BTL. En estos casos, la administración deberá examinar cuánto se está gastando, cómo fueron seleccionados los contratistas y si los precios corresponden realmente a los servicios prestados.
La instrucción también alcanza a quienes realizan actividades de lobby, relacionamiento, representación de intereses o intermediación ante entidades estatales. De La Espriella afirmó que en su Gobierno no se necesitan lobistas ni intermediarios y anunció que este tipo de contratación será revisada.
Los convenios interadministrativos forman parte del mismo proceso, especialmente aquellos celebrados con universidades públicas o en los que estas intervengan. La revisión deberá establecer si corresponden a verdaderos propósitos de cooperación entre entidades o si han sido utilizados para eludir injustificadamente procesos competitivos o trasladar su ejecución a terceros.
Las fiducias y los negocios fiduciarios que administran recursos públicos también serán examinados. El Gobierno revisará sus costos, comisiones, resultados, mecanismos de selección y la forma en que se administran y ejecutan esos recursos.
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La evaluación deberá hacerse de acuerdo con la naturaleza y el régimen jurídico de cada modalidad. La instrucción establece que se preste especial atención a eventuales sobrecostos, intermediaciones innecesarias, concentraciones injustificadas, posibles favorecimientos o mecanismos utilizados para restringir la competencia.
La revisión no se limitará a los contratos. El presidente planteó examinar también las relaciones entre contratistas, funcionarios, exfuncionarios, intermediarios y particulares cuando existan indicios objetivos de estructuras de favorecimiento.
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De La Espriella afirmó que donde exista una “rosca” se debe abrir la competencia y que los monopolios indebidos deben ser enfrentados. También sostuvo que, donde se encuentre corrupción, será denunciada, y que quienes hayan utilizado ilegalmente el Estado para enriquecerse deberán responder ante la justicia.
La instrucción presidencial quedó vinculada además con la política de austeridad. El mandatario sostuvo que si el Gobierno exige eficiencia, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, debe dar ejemplo reduciendo gastos y concentrando cada peso disponible en las verdaderas prioridades del país.
El presidente aseguró que hará personalmente seguimiento a estas instrucciones. El resultado de la revisión dependerá ahora de la ejecución que realicen los ministerios y entidades y de los hallazgos que produzca el examen de la contratación estatal.
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