Colombia — La Contraloría General de la República evidenció que entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos de contratación directa por $32,88 billones, antes de que entrara en vigor la ley de garantías (Ley 996 de 2005). El 45% de esos recursos se comprometió en la última semana del mes.
El informe revisa la información reportada en SECOP durante ese periodo, justo antes de que comenzara a regir la restricción contemplada en la ley de garantías desde el 31 de enero, de acuerdo con el calendario electoral.
En total, sumando entidades nacionales y territoriales, en esos 30 días se suscribieron 521.269 contratos por $32,88 billones. La mayor parte del dinero se movió en la última semana de enero, cuando se adjudicaron $14,8 billones. Solo el 30 de enero se contrataron $5,7 billones, el valor más alto registrado en un solo día durante el mes.
Concentración del gasto antes de la restricción
Durante los primeros 25 días de enero de 2026, el promedio diario de contratación directa fue de $0,74 billones. Sin embargo, en la recta final del mes se concentró casi la mitad del total contratado, según el seguimiento realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.
Al comparar con el mismo periodo de 2022, cuando también existía una restricción previa a elecciones, se observa un aumento tanto en el número de contratos como en el dinero comprometido. En 2022 se firmaron 495.527 contratos por $25,22 billones, mientras que en 2026 la cifra subió a 521.269 contratos por $32,88 billones. Esto representa un crecimiento del 5,2% en cantidad de contratos y del 30,4% en valor.
Por niveles de gobierno, las entidades territoriales concentraron la mayor cantidad de contratos en enero de 2026, con 348.495 contratos por $17,7 billones. Las entidades del orden nacional suscribieron 164.813 contratos por $14,87 billones, y las corporaciones autónomas firmaron 7.961 contratos por $0,3 billones.
Si se mira solo el orden nacional, el aumento frente a 2022 es más marcado. Ese año se registraron 107.971 contratos por $8,84 billones, mientras que en 2026 se firmaron 164.813 por $14,86 billones. Esto equivale a un incremento del 52,6% en el número de contratos y del 68,2% en el valor comprometido.
En el consolidado estatal, la modalidad de Prestación de Servicios (OPS) fue la más utilizada. Entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se firmaron 501.423 contratos bajo esta figura por $22,34 billones. Estas cifras representan el 96,2% del total de contratos y el 67,9% del valor contratado durante el mes.
Las otras modalidades de contratación directa sumaron 19.846 contratos por $10,54 billones, equivalentes al 32,1% del valor total registrado en enero.
En el orden nacional, los contratos por modalidad OPS alcanzaron 160.616 por $9,5 billones en enero de 2026. En el mismo periodo de 2022 se habían firmado 103.563 contratos por $5,4 billones.
La comparación muestra que en 2026 se suscribieron 64,48% más contratos de prestación de servicios que en 2022, y el valor contratado creció 75,14% frente a ese mismo periodo.
Entre las entidades nacionales con mayores montos contratados bajo esta modalidad en enero de 2026 aparecen el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con $1,72 billones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con $1,26 billones; y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con $0,76 billones.
En el nivel territorial, los mayores valores contratados se registraron en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, con $1,33 billones; el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con $0,88 billones; y Santiago de Cali Distrito Especial, con $0,54 billones.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al instante! ►▓▓◄
La Contraloría precisó que el seguimiento se basa en la información reportada en SECOP entre el 1 y el 30 de enero de 2026, antes de que empezara a aplicarse la restricción de la ley de garantías, que limita este tipo de contratación hasta mayo o junio, según el calendario electoral.
La entidad señaló: “La Contraloría General de la República, a través del seguimiento y articulación que viene adelantando entre sus dependencias misionales, continuará monitoreando de manera preventiva, analítica y permanente el comportamiento contractual en el país, con el fin de emitir alertas tempranas, fortalecer la transparencia, proteger los recursos públicos y salvaguardar la confianza ciudadana, especialmente en el escenario actual de alta sensibilidad fiscal y electoral.”
Desde el 31 de enero está en vigor la restricción prevista en la ley de garantías, que limita la contratación directa de las entidades públicas de acuerdo con el calendario electoral. La Contraloría indicó que mantendrá el seguimiento a estos procesos en todo el país.
Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
