El presidente de la Republica decreto un incremento del 23,7 % del Salario Minimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), tras el fracaso de la mesa de concertacion. La medida fue presentada como un acto de justicia social y reivindicacion del trabajador, pero se adopta en un momento economico delicado, de desaceleracion del crecimiento, presion inflacionaria, aumento del desempleo y, de manera contradictoria, la reciente declaratoria de una emergencia economica por parte del propio Gobierno.
Resulta incoherente que un Estado que reconoce oficialmente una situacion economica excepcional decida, casi de inmediato, incrementar de forma abrupta su carga prestacional, como si la economia pudiera resistir un acto de autosacrificio fiscal.
El error central del discurso oficial es tratar el salario minimo como una cifra simbolica, cuando en realidad es un precio regulado del trabajo, con impactos directos sobre empleo, inflacion y viabilidad empresarial. Subirlo de manera desproporcionada, muy por encima de la productividad y del crecimiento real de la economia, genera efectos ampliamente estudiados, Destruccion de empleo formal, Aumento de la informalidad, Traslado de costos a precios finales, Asfixia de la pequena y mediana empresa. Y esto ultimo no es menor, las mipymes son las mayores empleadoras de Colombia, no las grandes multinacionales que el discurso politico suele caricaturizar.
El costo real de un trabajador con el aumento del 23,7 %, sera de aproximadamente $2.900.000. Para una mipyme con 10 trabajadores, esto representa mas de $25 millones de pesos mensuales, una carga absolutamente insostenible para miles de negocios en comercio, servicios, agricultura y manufactura ligera.
Este decreto no es el resultado de un analisis tecnico serio. Es una decision populista, disenada para generar reditos politicos inmediatos, sin importar las consecuencias estructurales. El Gobierno habla en nombre del trabajador, pero ignora deliberadamente al empleador, como si este fuera un enemigo y no la condicion indispensable para que exista empleo formal.
Conviene recordar que el salario minimo en Colombia no solo regula el ingreso de quienes lo devengan, sino que actua como unidad de referencia para una extensa red de obligaciones, tarifas y cobros que afectan a toda la poblacion, incluso a quienes no ganan salario minimo. Con su incremento desproporcionado, aumentaran automaticamente los copagos y cuotas moderadoras en salud, las tasas y costos judiciales, las multas administrativas y de transito, los honorarios profesionales referenciados al SMMLV, los aranceles notariales, los aportes al sistema de seguridad social de independientes, las cuotas educativas, los topes para subsidios, y multiples contratos y servicios publicos indexados directa o indirectamente al salario minimo. En la practica, este decreto no solo encarece el empleo formal, sino que eleva el costo de vivir, de litigar, de emprender y hasta de enfermarse, generando un efecto inflacionario generalizado que termina diluyendo el supuesto beneficio salarial y castigando con mayor fuerza a la clase media y a los sectores mas vulnerables.
El decreto que seguro sera demandado ante el Honorable Consejo de Estado, y aqui se revela la astucia politica: Si la alta corte lo tumba, quedara como enemiga del trabajador y del pueblo. El presidente dira que hizo lo que le convenia a la gente, pero “las cortes no lo dejaron”. Si lo avala, Petro se presentara como el gran salvador del salario, aun cuando las consecuencias economicas aparezcan meses despues, cuando el costo politico ya no recaiga sobre el.
Es una jugada donde el Gobierno gana con sello y gana con cara.
Paradojicamente, los trabajadores que no ganan salario minimo seran los grandes perdedores. Sus ingresos suelen ajustarse al IPC, mientras que los precios de bienes y servicios se indexan al SMMLV. El resultado es claro: perdida real del poder adquisitivo, especialmente para la clase media trabajadora.
La historia reciente ofrece una advertencia contundente. Hugo Chavez aumento el salario minimo en Venezuela de forma reiterada y desproporcionada, desconectandolo de la productividad y de la capacidad empresarial. El resultado fue devastador: desempleo, informalidad, destruccion del aparato productivo y un salario minimo convertido en una cifra simbolica e inutil.
Colombia, paso a paso, comienza a parecerse peligrosamente a ese modelo.
En conclusion, el aumento del 23,7 % del salario minimo no es una politica social responsable. Es una apuesta politica de alto riesgo, que ignora la realidad empresarial, castiga a las mipymes, alimenta la inflacion y termina perjudicando a los mismos trabajadores que dice proteger.
El populismo siempre pasa factura y casi nunca se la pasa a quien firma el decreto, sino a quien produce, emplea y trabaja.
