Colombia – El Tribunal Superior de Bogotá ordenó prisión intramural preventiva contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco dentro del proceso por presuntas irregularidades en contratos de la UNGRD e Invías, al considerar insuficiente la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía y ponderar la gravedad de los hechos atribuidos y su capacidad de decisión como altos funcionarios.
La determinación fue adoptada por una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario para ambos exministros. La orden se produjo tras varias jornadas de audiencia y cerró el debate iniciado semanas atrás sobre la necesidad y el alcance de la restricción.↙️
Tribunal envía a la cárcel a exministros Bonilla y Velasco
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó prisión por presunto direccionamiento de contratos en UNGRD e Invías por más de 612 mil millones.#CorrupcionColombia #JusticiaColombia #UNGRD #BonillaVelasco #EscandaloUNGRD
— Redprensa | Portal de Noticias (@Redprensacol) December 18, 2025
El fallo negó de forma expresa la solicitud de detención domiciliaria presentada por la Fiscalía General de la Nación. En la motivación, la magistrada sostuvo que, por “la gravedad de los hechos y el poder de decisión que tenían los imputados”, resultaba procedente una medida más estricta que garantizara los fines del proceso penal.
La decisión judicial se inscribe en el expediente que investiga el presunto desvío y direccionamiento irregular de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto Nacional de Vías. Según el proceso, los hechos habrían ocurrido cuando Bonilla y Velasco ejercían cargos ministeriales y tenían influencia directa sobre la asignación de recursos públicos.
Ricardo Bonilla González se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público, mientras que Luis Fernando Velasco Chávez ocupó el Ministerio del Interior. Ambos fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, cargos formulados en audiencia del 1 de diciembre de 2025.
Durante esa diligencia, los exministros se declararon inocentes y no aceptaron los cargos. Esa posición procesal se mantiene, según lo expuesto en las audiencias posteriores, y no se registraron nuevas declaraciones públicas de los imputados el día de la decisión.
La ruta judicial del caso UNGRD e Invías
El expediente hace parte de las investigaciones abiertas por la Fiscalía a partir de testimonios de exfuncionarios vinculados a la UNGRD, entre ellos Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla. Sus declaraciones dieron origen a varias líneas de indagación sobre el manejo de contratos y la intermediación política en la asignación de proyectos.
En el proceso se indaga por compromisos de contratación que, de acuerdo con reportes incorporados a la investigación, corresponderían a 79 proyectos con un valor aproximado de 612.000 millones de pesos. La información conocida señala que al menos siete de esos proyectos habrían sido concretados.
Las actuaciones judiciales ubican el período investigado principalmente entre mayo de 2023 y febrero de 2024. En ese lapso, Bonilla y Velasco ocupaban cargos ministeriales y, según la Fiscalía, contaban con capacidad de incidencia sobre decisiones administrativas relacionadas con recursos de la UNGRD y de Invías.
La Fiscalía sostuvo en audiencias previas que la medida de aseguramiento era necesaria para proteger a la sociedad y evitar eventuales riesgos de obstrucción a la justicia. La solicitud inicial fue la detención domiciliaria, respaldada con pruebas documentales y testimoniales incorporadas al expediente.
La Procuraduría General de la Nación acompañó la postura de imponer una medida de aseguramiento, según lo expuesto durante las diligencias. Su intervención se centró en la relevancia institucional del caso y en la necesidad de asegurar el cumplimiento de los fines procesales.
El debate sobre la medida continuó el 15 de diciembre y quedó visto para decisión. Tres días después, el Tribunal Superior de Bogotá anunció la resolución que ordena la reclusión en centro carcelario, cerrando así esta etapa procesal.
Delitos imputados y alcance de la investigación
Los delitos imputados a los exministros corresponden a figuras penales asociadas a la presunta utilización indebida de la función pública. El concierto para delinquir agravado se vincula a la supuesta coordinación entre varios actores para cometer conductas ilícitas, mientras que el interés indebido en la celebración de contratos apunta a favorecer decisiones contractuales contrarias a la ley.
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El cargo de cohecho por dar u ofrecer se relaciona con la presunta entrega o promesa de beneficios a cambio de apoyos o decisiones favorables. Estas imputaciones fueron presentadas por la Fiscalía en el marco de las audiencias previas y hacen parte del núcleo del caso.
Hasta ahora, la decisión conocida no fija cifras definitivas sobre el monto exacto de recursos desviados. El Tribunal se concentró en evaluar los requisitos de la medida de aseguramiento, sin emitir un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad penal, que será definida en etapas posteriores del proceso.
El fallo subraya la posición de poder que ostentaban los imputados al momento de los hechos investigados. Esa condición fue considerada relevante para valorar la necesidad de una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Con la orden de prisión intramural, el proceso entra en una fase distinta. La investigación continúa y se mantiene la presunción de inocencia de los imputados, mientras avanzan las actuaciones judiciales que definirán si el caso llega a juicio y en qué condiciones probatorias.
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