El Tambo, Cauca – Setenta y dos militares fueron retenidos este domingo 7 de septiembre en la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, tras una asonada organizada por la disidencia Carlos Patiño de las Farc. El hecho ocurrió en medio de la operación Perseo, desplegada desde hace un año en el Cañón del Micay para recuperar territorio estratégico en disputa.
Los uniformados, pertenecientes a la Fuerza de Despliegue N.º 4 del Ejército, estaban adelantando acciones de control contra este grupo armado cuando fueron rodeados por cerca de 600 civiles de la zona. Según fuentes militares, la población habría sido instrumentalizada por los insurgentes para impedir la salida de los soldados. Entre los retenidos se encuentran tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados.
El secuestro colectivo se produjo hacia las 2:00 de la tarde y puso en alerta a la cúpula militar en el suroccidente del país. De inmediato, se estableció contacto con el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tigre, con el fin de abrir una negociación que permita la liberación de los uniformados sin riesgos para la comunidad ni para el personal militar.
El Cañón del Micay, donde ocurrió la asonada, es una de las regiones más disputadas del Cauca. Allí confluyen economías ilegales como el narcotráfico y la minería, lo que ha convertido el territorio en enclave estratégico para grupos disidentes. Desde 2023, la operación Perseo ha buscado restablecer la presencia del Estado y limitar el avance de estructuras armadas.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al instante! ►▓▓◄
El impacto del hecho no solo se mide en cifras militares, sino también en la vida de los habitantes de Los Tigres. “Nos tienen en medio de dos fuegos, porque si colaboramos con los unos, nos señalan los otros”, dijo un campesino que pidió reserva de su identidad. Otro vecino relató que muchas familias fueron presionadas para rodear a los soldados: “Nos obligaron a salir, y la gente fue porque tiene miedo”.
La estrategia de las asonadas, en las que civiles son utilizados como escudos humanos, ha crecido en frecuencia en el sur del país. Apenas la semana pasada, en Villagarzón, Putumayo, tres militares fueron atacados con gasolina en medio de una acción similar. Uno de ellos permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar en Bogotá. Ese antecedente evidencia que esta modalidad no es un hecho aislado, sino parte de una táctica cada vez más común.
El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de replantear la respuesta estatal. “Debemos revisar las estrategias para enfrentar a los grupos armados, teniendo en cuenta que la prioridad es proteger a la población civil”, señaló. Las palabras del alto oficial buscan dar un mensaje de control, pero también dejan claro que la presión de las disidencias continúa.
Organizaciones sociales del Cauca han expresado preocupación por el riesgo que enfrentan las comunidades. “La gente queda atrapada, porque los obligan a participar y luego deben seguir viviendo en los mismos territorios bajo amenaza”, indicó una lideresa de la zona. Su testimonio refleja la fragilidad de los habitantes, que terminan siendo el eslabón más vulnerable en este tipo de confrontaciones.
El caso de El Tambo recuerda otros episodios de presión colectiva en la región, donde la instrumentalización de la ciudadanía se combina con la falta de oportunidades y la debilidad institucional. En palabras de un profesor de la vereda: “Aquí no tenemos puestos de salud suficientes ni empleo estable, pero sí estamos llenos de fusiles y de miedo. Eso es lo que está marcando nuestra vida diaria”.
La situación ha generado expectativa nacional por la suerte de los 72 uniformados. Aunque no hay un pronunciamiento oficial sobre plazos para una posible liberación, la mediación con líderes comunales aparece como la salida más inmediata. En paralelo, fuentes castrenses confirmaron que unidades adicionales se encuentran en la zona para garantizar la seguridad perimetral, sin que hasta ahora se haya intentado una operación de rescate forzado.
Este episodio revela cómo la dinámica de las disidencias impacta directamente la cotidianidad de comunidades rurales, usadas como instrumento de guerra en medio del conflicto. Mientras se define la suerte de los militares retenidos, la población civil del Cañón del Micay sigue enfrentando la presión de grupos armados que buscan consolidar control territorial.
.Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
