Barranquilla – La Procuraduria General de la Nacion abrio un requerimiento formal a la Superintendencia de Servicios Publicos para que entregue informacion detallada sobre la gestion administrativa, contractual y financiera de la empresa Air-e S.A.S. E.S.P. desde septiembre de 2024. El anuncio llega en medio de denuncias por posibles irregularidades en la intervencion de la compania, donde aparece mencionado el actual ministro de Minas y Energia, Edwin Palma, quien ejercio como interventor de la firma.
El organo de control busca precisar si existieron inconsistencias durante la administracion de Palma en la empresa, que atiende el servicio de energia en la Costa Caribe, una de las regiones mas sensibles frente a la calidad y continuidad del suministro electrico. La medida busca responder a las dudas ciudadanas sobre como se manejaron los recursos publicos y la transparencia en la toma de decisiones.
El requerimiento incluye la revision de contratos, nombramientos y gastos de funcionamiento firmados entre octubre de 2024 y agosto de 2025. Uno de los puntos clave es determinar si hay relacion directa entre el ministro Palma y Juan Pablo Nieto Egea, designado como gerente contable durante la intervencion. Segun versiones divulgadas en medios de comunicacion, a Palma se le senala de nombrar a parientes y de alterar cifras presupuestales de Air-e, lo que motivo las denuncias.
Vecinos y usuarios del servicio en Barranquilla expresaron a RedPrensa su preocupacion frente a este proceso. “La gente ya no confia, cada mes hay dudas sobre las facturas y ahora nos dicen que hasta pudieron maquillar cuentas”, comento Rosa Martinez, residente del barrio La Luz. Estas voces reflejan el impacto directo de la investigacion: la confianza de los usuarios en la compania que presta un servicio basico para la vida cotidiana.
La Procuraduria Segunda Delegada para la Vigilancia de la Funcion Publica es la encargada de consolidar esta informacion. Su tarea sera contrastar documentos y verificar si hubo conductas que puedan derivar en investigaciones disciplinarias. De momento, se trata unicamente de una solicitud de informacion, sin que exista apertura de un proceso sancionatorio.
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El control a Air-e tiene un componente social importante. La empresa atiende a mas de 1,2 millones de usuarios en Atlantico, Magdalena y La Guajira, zonas donde los reclamos por altas tarifas y cortes prolongados de energia son frecuentes. El caso pone en la mesa el dilema sobre como las decisiones administrativas en una oficina repercuten en la vida diaria de miles de familias caribenas.
En el barrio Rebolo, Jose Acosta, electricista independiente, aseguro que este tipo de investigaciones son necesarias para recuperar la credibilidad: “Aqui cada corte de luz significa que no puedo trabajar, y si se pierde plata en contratos o se acomoda la nomina, al final somos los de abajo los que pagamos”. Su testimonio subraya la conexion entre gestion publica y economia domestica.
La solicitud de la Procuraduria cubre un periodo clave: septiembre de 2024, cuando inicio la etapa de seguimiento especial a la intervencion, hasta agosto de 2025. En ese lapso, Air-e tuvo que manejar inversiones en mantenimiento de redes, contratacion de personal y ajustes en sus estados financieros. El control disciplinario busca aclarar si esas decisiones se tomaron bajo parametros de legalidad y etica publica.
En el plano politico, la presencia del ministro Palma en el expediente agrega presion. Aunque aun no existe apertura de proceso en su contra, la verificacion de su gestion pasada genera interrogantes en un contexto donde la region caribena reclama soluciones estables y tarifas mas justas. Para muchos lideres comunitarios, la investigacion es una oportunidad para exigir mayor transparencia.
Organizaciones ciudadanas como Veeduria Caribe han senalado que estos procesos son vitales para frenar la corrupcion en el sector electrico. “La Costa no puede seguir siendo laboratorio de experimentos con empresas que entran y salen, mientras la gente se queda sin luz”, dijo su vocero en dialogo con este medio. La voz de las veedurias complementa el panorama: la preocupacion no es solo administrativa, sino social.
El impacto economico tambien es un factor a considerar. Air-e maneja contratos millonarios para el suministro de equipos y modernizacion de la red. La revision de la Procuraduria podria revelar si hubo irregularidades en el manejo de estos recursos. De confirmarse anomalias, las consecuencias no solo serian disciplinarias, sino que abririan la puerta a revisiones de caracter financiero y penal.
Sin embargo, las autoridades han sido claras en que, por ahora, se trata de un requerimiento inicial. La Superintendencia debera responder con documentos y soportes que aclaren las dudas. En la medida en que se entreguen los informes, la Procuraduria evaluara si procede la apertura de una investigacion formal.
El caso refleja como la vigilancia institucional se conecta con la vida diaria en la region Caribe. Los cortes de luz, los cobros cuestionados en las facturas y la falta de confianza en los directivos de la empresa son parte de la cotidianidad de los usuarios. Que el nombre del ministro de Minas aparezca en este proceso aumenta la atencion publica y pone en juego la credibilidad del gobierno en el manejo de los servicios publicos.
En Barranquilla, la conversacion se siente en la calle. Comerciantes del centro aseguran que cada apagon significa perdidas economicas, y ven con esperanza que esta revision permita enderezar el rumbo. “Que investiguen todo lo que tengan que investigar, porque aqui la plata de los servicios la ponemos nosotros”, dijo Luis Ortega, dueno de una tienda en San Roque.
De esta manera, la solicitud de la Procuraduria no se limita a un tramite administrativo. Representa una senal para la ciudadania de que el control institucional esta activo y de que se busca garantizar transparencia en un sector estrategico. La atencion ahora esta puesta en las respuestas que entregue la Superintendencia de Servicios Publicos y en las posibles derivaciones que pueda tener el caso para Air-e y para el ministro Edwin Palma.
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