Colombia – El adolescente que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue sancionado con siete años de privación de libertad por un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). El hecho se registró el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, y la sanción se emitió tras la aceptación voluntaria de cargos durante la audiencia de acusación.
El juez del SRPA explicó que la decisión se basa en la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y en la admisión de responsabilidad del menor. "La sanción se cumplirá en un centro de atención especializada", indicó la autoridad judicial, aclarando que se trata de la primera instancia y que aún procede la interposición de recursos legales.
De acuerdo con la investigación, el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. Fue citado al barrio Modelia y trasladado en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, donde recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi. Posteriormente descendió del automóvil y caminó hasta el parque El Golfito, donde se desarrollaba una concentración política con la presencia del senador Uribe Turbay.
Tras disparar contra la víctima, el adolescente intentó huir, pero fue interceptado por miembros del esquema de seguridad del precandidato y puesto a disposición de las autoridades. Durante la audiencia del 4 de agosto, el menor aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El senador falleció dos meses después del ataque.
La Fiscalía afirmó que el menor fue inducido a cometer el crimen y que hubo coordinadores que facilitaron las armas y la logística. Las autoridades continúan la investigación para determinar la responsabilidad de los implicados adultos.
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes establece que los menores sancionados cumplan sus penas en centros especializados, con seguimiento integral y enfoque en resocialización. La normativa busca equilibrar la responsabilidad penal con la protección de los derechos fundamentales, considerando la edad y circunstancias del implicado.
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Fuentes judiciales confirmaron que el adolescente tiene derecho a apelar y que la decisión podría ser revisada por instancias superiores. El caso sigue bajo estricta vigilancia debido al impacto nacional que generó la muerte de Uribe Turbay.
La muerte del senador provocó reacciones inmediatas en la clase política y la opinión pública. Líderes políticos condenaron el ataque y enfatizaron la importancia de garantizar la seguridad de candidatos durante eventos masivos. Tras el hecho, la Fiscalía y la Policía Nacional reforzaron los protocolos de protección de precandidatos y funcionarios electos.
El ataque en Fontibón también puso en evidencia la vulnerabilidad de menores frente a la inducción a delitos graves. Expertos en seguridad han recomendado programas de prevención que involucren a la familia, la comunidad y las instituciones educativas.
Durante todo el proceso, el menor contó con la asistencia de abogados del SRPA para garantizar el respeto de sus derechos y el cumplimiento de los procedimientos legales. La audiencia incluyó testimonios de testigos y presentación de evidencias físicas del lugar de los hechos.
El senador Uribe Turbay era precandidato presidencial y reconocido por su trayectoria política. Su asesinato motivó debates sobre la protección de candidatos, la eficacia del SRPA y la responsabilidad de los adultos que inducen a menores a cometer delitos graves.
Con la sanción de siete años, el SRPA busca equilibrar justicia y resocialización. Expertos en derecho penal juvenil señalaron que la aceptación de cargos influye en la evaluación de la sanción y en posibles medidas complementarias de seguimiento.
Fuentes de la Fiscalía recordaron que los adultos implicados en la cadena delictiva continúan siendo investigados y que su captura es clave para esclarecer totalmente el ataque.
El caso demuestra la complejidad de delitos graves cometidos por menores y la necesidad de protocolos judiciales y policiales efectivos. Las autoridades mantienen el seguimiento del caso, así como la implementación de medidas de seguridad para candidatos políticos.
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