Caracas – Explosiones registradas en esta madrugada del 3 de enero sacudieron Caracas y zonas cercanas, mientras el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de una agresión militar y el presidente Donald Trump anunció un ataque a gran escala con la presunta captura de Nicolás Maduro y su esposa, sin confirmación independiente ni detalles oficiales adicionales.
Las detonaciones fueron reportadas alrededor de las 2:00 a.m. hora local en la capital venezolana y en áreas de los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Fuentes coincidentes hablaron de al menos siete explosiones, sonidos de aeronaves a baja altura y cortes de electricidad en sectores del sur de Caracas.
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En los primeros reportes se mencionaron instalaciones como Fuerte Tiuna, la Base Aérea La Carlota y el aeropuerto de Higuerote. Videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo y ruidos compatibles con tráfico aéreo, aunque no se precisaron daños materiales ni víctimas.
El gobierno venezolano responsabilizó directamente a Estados Unidos por lo ocurrido y calificó los hechos como “una agresión militar grave”. Antes de su presunta captura, Nicolás Maduro anunció la declaración de un estado de emergencia o “conmoción exterior”, llamó a la movilización popular y elevó denuncias ante organismos internacionales.
Horas después de las explosiones, el presidente Donald Trump aseguró que fuerzas estadounidenses ejecutaron un “ataque exitoso a gran escala”. En su anuncio, difundido a través de Truth Social, afirmó que Maduro y su esposa habían sido capturados y trasladados por vía aérea fuera de Venezuela.
Hasta el cierre de este reporte, no existía confirmación independiente sobre la captura anunciada ni sobre el alcance real de los daños. Tampoco se habían divulgado balances de víctimas o afectaciones específicas, y el Pentágono y la Casa Blanca no habían emitido comunicados técnicos más allá del mensaje presidencial.
Reacciones y respuesta internacional inmediata
La situación generó reacciones rápidas en la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó lo que describió como un “bombardeo con misiles” y solicitó reuniones urgentes del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Organización de Estados Americanos para abordar el caso.
Desde el Caribe y Medio Oriente también se registraron pronunciamientos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la acción como “terrorismo de Estado”, mientras que Irán condenó el ataque por considerar que vulnera la soberanía venezolana.
El gobierno de Venezuela informó que había puesto en marcha contactos con organismos como la ONU, la OEA y la CELAC, en busca de respaldo diplomático. No se detallaron resoluciones adoptadas ni calendarios de reuniones, solo la activación de gestiones formales.
H3 Contexto de la escalada militar previa
Los hechos del 3 de enero se producen tras una escalada documentada durante 2025. Entre agosto y septiembre de ese año, Estados Unidos desplegó fuerzas en el Caribe, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores, submarinos, drones MQ-9 y aviones B-52, bajo la denominada “Operation Southern Spear”.
De acuerdo con el insumo verificado, entre septiembre y diciembre de 2025 se registraron entre 30 y 40 ataques contra embarcaciones identificadas como “narcolanchas” en aguas internacionales. Fuentes estadounidenses reportaron entre 100 y 110 personas muertas en esas operaciones.
En diciembre de 2025 se confirmaron los primeros ataques en territorio venezolano. Trump describió uno de ellos como la destrucción de una “gran instalación” utilizada para la carga de drogas, tras un ataque con drones atribuido a la CIA contra un muelle portuario.
Ese mismo mes se reportaron interceptaciones de petroleros y operaciones encubiertas, en un contexto en el que la administración Trump acusó al gobierno de Maduro de vínculos con el llamado Cartel de los Soles y de actividades calificadas como “narco-terrorismo”.
Venezuela, por su parte, denunció de forma reiterada intentos de cambio de régimen y presiones para el control de recursos petroleros. Pese a la intensidad de las acciones, el insumo señala que no existe una declaración formal de guerra ni una autorización congresional explícita para operaciones militares en suelo venezolano.
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En el plano interno venezolano, el impacto social inmediato se reflejó en interrupciones del servicio eléctrico en zonas de Caracas y en la suspensión de actividades nocturnas durante las horas posteriores a las explosiones. No se reportaron medidas económicas específicas ni cierres prolongados.
Desde Washington, el anuncio presidencial incluyó la mención de una operación conjunta con agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, sin precisar cuáles ni detallar la cadena de mando. Tampoco se ofrecieron datos sobre la duración de la operación ni sobre objetivos adicionales.
La ausencia de confirmación independiente mantiene abiertos interrogantes sobre la situación de Maduro y el estado real de las instalaciones mencionadas en los reportes iniciales. Medios internacionales citados en el insumo coincidieron en señalar que la información disponible es parcial y sujeta a cambios.
Mientras tanto, la atención internacional se concentra en los foros multilaterales convocados y en las posibles respuestas diplomáticas. Al no existir cifras oficiales de víctimas ni evaluaciones de daños, el escenario informativo permanece limitado a los datos confirmados hasta ahora.
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