Colombia — El Gobierno publicó un proyecto de resolución que propone un recaudo transitorio en la tarifa de energía para cubrir las deudas de AIR-E y mitigar el riesgo sistémico del sistema eléctrico nacional, una medida que busca sostener la continuidad del servicio en medio de un delicado escenario financiero que afecta al mercado mayorista y presiona los costos para millones de usuarios.
La iniciativa del Ministerio de Minas y Energía plantea adoptar medidas para garantizar la confiabilidad, complementariedad y continuidad del servicio público domiciliario de energía eléctrica frente a los riesgos financieros del sector. En el centro de la discusión está AIR-E, la empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que opera en la región Caribe, cuyas obligaciones vencidas han encendido alertas sobre la estabilidad del sistema interconectado nacional.
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De acuerdo con el borrador de resolución, el diagnóstico técnico se apoya en un informe del Administrador del Mercado de Energía Mayorista, XM, fechado el 17 de diciembre de 2025. En ese documento se advierte que una de las empresas intervenidas del área Caribe acumula deudas facturadas y vencidas por alrededor de dos billones de pesos, cifra que incluye vencimientos registrados desde el 18 de noviembre del año pasado.
El peso de esa cartera no es menor para el sistema. Según la misma comunicación de XM, la demanda cubierta por ese agente corresponde al 11,4 % del consumo nacional de energía, con base en los datos de octubre de 2025. Esa participación convierte cualquier incumplimiento financiero en un factor con capacidad de generar efectos en cadena dentro del mercado mayorista.
Para enfrentar ese escenario, el Ministerio propone un mecanismo transitorio de recaudo que impacta directamente la estructura tarifaria. Mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas define el esquema definitivo de confiabilidad frente al riesgo sistémico, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales deberá recaudar de la demanda del sistema interconectado nacional un valor de ocho pesos por kilovatio-hora.
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borrador tarifa eléctrica 2026 01 06 Res MME Confiabilidad Riesgo Sistemico by Martin Nahar LA TAQUILLERA
Un recaudo nacional para cubrir un riesgo regional
El dinero recaudado, según el proyecto, será distribuido entre los agentes acreedores de las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por sus actividades en el sistema interconectado. En la práctica, esto significa que el costo de estabilizar la situación financiera de AIR-E se trasladará de manera temporal a los usuarios del servicio eléctrico en todo el país, bajo el argumento de proteger la continuidad del suministro.
El documento es explícito al señalar que la medida no se concibe como un salvamento empresarial, sino como una respuesta para evitar mayores afectaciones sociales y económicas derivadas de la inestabilidad financiera de los operadores. En ese sentido, el enfoque se centra en asegurar la calidad, cobertura y sostenibilidad del servicio en beneficio de los usuarios.
Desde la perspectiva regulatoria, la resolución fija plazos concretos. La CREG tendrá hasta seis meses para reglamentar e implementar un esquema de confiabilidad que permita mitigar el riesgo sistémico en el sistema eléctrico interconectado nacional. Ese marco deberá definir cómo se gestionan los eventos de incumplimiento financiero de agentes relevantes sin comprometer la atención de la demanda.
Además, el Ministerio plantea una hoja de ruta de mediano plazo para fortalecer la estructura del sistema. En un periodo no superior a dieciocho meses, la CREG deberá conducir los estudios e implementar la reglamentación asociada a la cuantificación, valoración y remuneración de la energía firme complementaria de tecnologías como la solar y la eólica, dentro del esquema del cargo por confiabilidad.
Riesgo financiero con impacto en toda la cadena
El diagnóstico de XM que respalda la resolución no se limita a una sola empresa. El informe advierte que, bajo ciertos escenarios de precio de bolsa, hasta quince comercializadores incumbentes podrían enfrentar afectaciones financieras, lo que representaría cerca del 23,37 % de la demanda del país. Aunque la medida se activa por la situación de AIR-E, el trasfondo es un mercado con tensiones estructurales que pueden amplificarse rápidamente.
El Ministerio reconoce en el borrador que, de ampliarse o mantenerse las deudas con los agentes del mercado, se abrirían escenarios de riesgo frente a la viabilidad financiera de las empresas acreedoras y, en consecuencia, frente a su continuidad dentro del sistema interconectado nacional. Esa cadena de eventos podría comprometer la atención de todos los usuarios y el abastecimiento nacional de energía.
La propuesta fue publicada para comentarios ciudadanos en la página del Ministerio de Minas y Energía, como lo exige la Ley 1437 de 2011, y hace parte del procedimiento previo a la expedición definitiva del acto administrativo. Según el documento, los aportes recibidos serán evaluados en una matriz técnica y jurídica antes de adoptar la versión final de la resolución.
En términos de impacto inmediato, la discusión se concentra en el efecto que tendrá el recaudo de ocho pesos por kilovatio-hora sobre la factura de los usuarios. Aunque el valor unitario parece reducido, su aplicación sobre la totalidad de la demanda nacional lo convierte en una fuente relevante de recursos para cubrir pasivos acumulados por la empresa intervenida en la región Caribe.
La resolución, firmada por el ministro Edwin Palma Egea, establece que su vigencia comenzará a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial. A partir de ese momento, el sector eléctrico entraría en una fase de ajuste regulatorio que pondrá a prueba la capacidad del sistema para absorber tensiones financieras sin trasladar riesgos mayores a los hogares y empresas del país.
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