Colombia - Gremios del sector energético alertan un riesgo de colapso financiero y déficit energético en el país tras acumular presiones por $9,2 billones derivadas de subsidios no pagados, opción tarifaria, deudas oficiales y la crisis de Air-e, en medio de proyecciones de déficit de hasta -3,5% hacia 2027.
El sistema energético colombiano atraviesa una fase crítica marcada por tensiones simultáneas en su estructura financiera y en su capacidad técnica de respuesta, configurando un escenario que compromete la continuidad del servicio y eleva los riesgos macroeconómicos asociados al abastecimiento energético. La alerta fue emitida por los principales gremios del sector, que advierten un deterioro progresivo sin soluciones estructurales ejecutadas.
El componente financiero de la crisis alcanza los $9,2 billones, una cifra que refleja la acumulación de obligaciones no resueltas dentro del sistema. De este total, $3,5 billones corresponden a subsidios ya aplicados a los usuarios pero no girados por el Gobierno, mientras que $2,2 billones provienen de la opción tarifaria que aún no ha sido asumida. A esto se suman $1,4 billones en deudas de entidades oficiales y $2,1 billones asociados a la situación de Air-e, consolidando un cuadro de iliquidez que impacta la operación sectorial.
Este escenario de restricción de liquidez está afectando directamente la capacidad de las empresas para sostener la operación, ejecutar mantenimiento y garantizar inversiones en expansión de la oferta. En términos económicos, esta limitación reduce el margen de maniobra del sistema y eleva el riesgo de interrupciones o deterioro en la calidad del servicio, con efectos potenciales sobre los costos energéticos.
“Colombia no se ha apagado gracias al esfuerzo sin precedentes de las empresas, que han tenido que endeudarse para garantizar el servicio, a pesar de que los subsidios ya fueron entregados a los usuarios y esos recursos siguen sin ser pagados”, afirmó Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, al advertir que la sostenibilidad del sistema depende de decisiones inmediatas.
Desde el frente de la distribución y comercialización, José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, señaló que el sector enfrenta un deterioro simultáneo en costos, ingresos y niveles de endeudamiento, lo que configura un desbalance financiero que compromete la estabilidad de las compañías y limita su capacidad de respuesta frente a escenarios adversos.
En el caso del gas natural, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, enfatizó que los subsidios representan un mecanismo de política social dirigido a los hogares más vulnerables, pero cuya financiación está siendo asumida por las empresas ante la ausencia de pagos estatales, generando una distorsión en la estructura financiera del sector.
Impacto sistémico de Air-e y efecto en la cadena energética
La situación de Air-e se consolida como uno de los principales focos de riesgo dentro del sistema eléctrico, debido a que sus acreencias superan los $2,1 billones y afectan el flujo de recursos entre los distintos agentes de la cadena. Este fenómeno introduce un riesgo sistémico que trasciende la situación particular de la empresa intervenida.
Según explicó Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, el crecimiento de esta deuda compromete el capital de trabajo de los actores del sector, lo que puede derivar en afectaciones en la prestación del servicio si no se garantiza el cumplimiento de las obligaciones. Desde una perspectiva económica, este factor amplifica la vulnerabilidad del sistema ante choques financieros.
A pesar de las múltiples propuestas planteadas por los gremios, no se han concretado medidas que permitan restablecer el flujo de recursos ni resolver de manera estructural la acumulación de obligaciones. Esta falta de acción prolonga la incertidumbre y limita la capacidad de planificación del sector energético.
Déficit proyectado y presión técnica sobre la oferta energética
En paralelo al deterioro financiero, el sistema enfrenta un desafío técnico creciente relacionado con la disponibilidad de energía firme. De acuerdo con datos del operador XM, el país cerraría 2026 con un déficit de -2% y alcanzaría un nivel de -3,5% en 2027, lo que indica que la demanda comenzaría a superar la capacidad de generación disponible.
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, advirtió que el margen de seguridad del sistema ya es negativo, lo que incrementa la probabilidad de un apagón técnico, especialmente en un contexto de posible Fenómeno de El Niño hacia finales del año. Este evento climático reduciría la generación hídrica y aumentaría la dependencia de fuentes térmicas.
En el frente del gas natural, las señales también son de deterioro estructural. Las reservas han disminuido un 57% en la última década y un 17% en el último año, lo que limita la capacidad del sistema para responder a picos de demanda. Las proyecciones indican que la probabilidad de déficit de gas podría alcanzar el 53% en 2026 y el 70% en 2027.
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Este escenario incrementa el riesgo de racionamientos y presiones sobre las tarifas, además de generar impactos en la competitividad de sectores productivos que dependen del suministro energético. La interdependencia entre gas y generación eléctrica agrava la vulnerabilidad del sistema en escenarios de estrés climático.
Llamado a medidas urgentes y estabilidad regulatoria
Ante este panorama, los gremios del sector energético hicieron un llamado al Gobierno Nacional para implementar un plan de choque financiero que permita restablecer la liquidez del sistema. Entre las medidas prioritarias se destacan el pago inmediato de los subsidios adeudados, la solución a la opción tarifaria y una respuesta estructural a la situación de Air-e.
Adicionalmente, expresaron preocupación por decisiones regulatorias recientes adoptadas en el marco de la emergencia climática, que podrían trasladar mayores cargas económicas a las empresas y afectar la confiabilidad del sistema. La estabilidad regulatoria se perfila como un elemento clave para incentivar inversiones y garantizar la expansión de la oferta energética.
Desde una perspectiva macroeconómica, la evolución de esta crisis será determinante para el comportamiento de variables como la inflación, la inversión y la competitividad del país. La combinación de presiones financieras y restricciones técnicas configura un escenario que exige respuestas inmediatas para evitar una disrupción en la prestación del servicio energético en Colombia.
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