Colombia – El procurador general Gregorio Eljach Pacheco emitio la Directiva 013 del 28 de agosto de 2025, que refuerza las restricciones a funcionarios y particulares con funciones publicas frente a su participacion en politica, en visperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
La medida busca asegurar que el aparato estatal se mantenga al margen de la contienda y que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en condiciones de neutralidad y equidad. El documento cobra relevancia por las fechas clave del calendario electoral: 8 de marzo de 2026, elecciones al Congreso, y 31 de mayo, primera vuelta presidencial, con posibilidad de balotaje el 21 de junio.
Eljach explico que el control disciplinario se intensificara en este periodo. “Los servidores publicos deben entender que el uso del cargo o de los recursos estatales para fines proselitistas constituye una falta grave”, indico al firmar la directiva en Bogota. Segun la Procuraduria, las prohibiciones tambien se extienden a quienes, sin ser empleados de planta, cumplen funciones publicas en entidades o contratos estatales.
Entre las conductas expresamente restringidas se encuentra usar el cargo para participar en actividades partidistas o en controversias politicas. Esto incluye desde intervenir en debates hasta manifestarse publicamente en favor o en contra de candidaturas. La norma prohibe igualmente acosar o presionar a subalternos para apoyar campanas, practica considerada como abuso de poder y que la Procuraduria busca erradicar en la antesala de las elecciones.
El listado de limitaciones tambien contempla la utilizacion indebida de bienes publicos, como inmuebles oficiales, vehiculos o recursos presupuestales, con fines electorales. Estos solo podran emplearse bajo el marco de la financiacion estatal a traves del Fondo Nacional de Financiacion Politica. Se restringe asimismo el uso de informacion reservada a la que los servidores tengan acceso por razon de su cargo, con el fin de proteger la transparencia.
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Otro de los puntos senalados en la directiva es la prohibicion de realizar contribuciones economicas para el financiamiento de partidos o campanas, salvo las excepciones que cobijan a los miembros de corporaciones publicas. El organismo de control recalca que estas medidas no anulan el derecho individual al voto ni a la afiliacion partidista, pero si cierran la puerta a que desde la funcion publica se incida en procesos electorales.
El documento tambien se refiere al uso del tiempo laboral y del horario de servicio, aclarando que no podra destinarse a gestiones politicas. De la misma manera, impide que servidores difundan propaganda electoral, ya sea a traves de redes institucionales, medios de comunicacion o en escenarios oficiales. La directiva precisa que ofrecer beneficios directos a comunidades mediante obras o programas, con el fin de orientar la intencion de voto, constituye una falta disciplinaria.
El Procurador insistio en que el control no recaera unicamente en la entidad. Hizo un llamado a la ciudadania a convertirse en veedora activa del proceso. “El control social es esencial para prevenir abusos. Invitamos a los ciudadanos a denunciar irregularidades con los soportes correspondientes”, puntualizo. Para ese fin, se habilitaron canales digitales y fisicos en las sedes regionales del Ministerio Publico.
La directiva llega en un momento en que partidos politicos y precandidatos empiezan a movilizar sus estructuras para las campanas legislativas y presidenciales. Expertos en derecho electoral consultados por la Procuraduria coinciden en que la intervencion indebida de funcionarios ha sido uno de los factores que historicamente ha distorsionado la competencia. Eljach reitero que el control disciplinario sera exhaustivo, con sanciones que van desde la suspension hasta la destitucion e inhabilidad para ejercer cargos publicos.
Ademas de detallar las prohibiciones, la circular senala que la Procuraduria coordinara acciones con la Registraduria Nacional y el Consejo Nacional Electoral, organismos responsables del desarrollo tecnico del proceso. El proposito es cerrar posibles vacios que permitan la utilizacion irregular de recursos publicos durante la campana.
En el plano politico, la medida marca la pauta para los proximos meses, cuando alcaldes, gobernadores y funcionarios nacionales estaran en el centro de las miradas por su capacidad de mantener distancia frente a la actividad proselitista. Aunque la directiva no introduce disposiciones nuevas respecto al marco normativo ya existente, si consolida en un solo documento los parametros de conducta y los recuerda de manera anticipada a todos los actores estatales.
El mensaje central de la Procuraduria es claro: la neutralidad del Estado es condicion indispensable para garantizar que los comicios de 2026 se desarrollen con transparencia y confianza ciudadana. La vigilancia de la ciudadania y de los organismos de control sera determinante para asegurar que estas reglas se cumplan sin excepcion.
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