Colombia - El Consejo de Estado de Colombia ha admitido una demanda interpuesta por los ciudadanos Julián Alberto Rocha, Alexandra Tapias y Carlos Ossa contra la resolución del Ministerio de las Culturas que declaró el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta acción podría poner en riesgo la validez de dicho reconocimiento, generando un importante debate legal en el país.
La controversia comenzó en junio del año pasado, cuando el Ministerio de las Culturas otorgó al sombrero que Pizarro usó para firmar el proceso de paz con el gobierno como un símbolo de paz y reconciliación. El presidente Gustavo Petro respaldó esta decisión, argumentando que el sombrero representaba un "patrimonio de amor y paz" que debía ser entregado al pueblo colombiano. Sin embargo, la resolución ha sido criticada por sectores políticos que cuestionan el hecho de que un símbolo relacionado con el M-19 pueda ser reconocido como patrimonio cultural.
Los accionantes en esta demanda argumentan que la resolución que otorga al sombrero de Pizarro el estatus de patrimonio cultural es inconstitucional. Según ellos, la decisión viola normas superiores y carece de la competencia legal necesaria por parte del Ministerio de las Culturas. Solicitan que el sombrero sea excluido del Registro Nacional de Patrimonio Cultural y que sea devuelto a sus antiguos propietarios.
El Consejo de Estado, al admitir la demanda, señaló que el tribunal procederá a revisar los fundamentos presentados por los demandantes a la luz de las normativas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). 
Esta decisión abre la puerta a un posible fallo judicial que podría invalidar la resolución del Ministerio.
Con la admisión de la demanda, el Ministerio de las Culturas y la Agencia Jurídica del Estado han sido notificados para que emitan un concepto sobre la controversia. El caso promete generar un debate más amplio sobre el alcance de la competencia del Ministerio en materia de patrimonio cultural, especialmente en lo que respecta a figuras históricas controvertidas.
Este proceso judicial resalta la polarización política en Colombia en torno al reconocimiento de símbolos asociados con el conflicto armado. La resolución del Consejo de Estado podría sentar un precedente importante sobre cómo el país maneja el patrimonio cultural relacionado con su historia reciente.
