La serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026, vuelve sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia colombiana. Aunque está inspirada en hechos reales, es una obra de ficción: selecciona personajes, escenas y perspectivas.
Por eso debe examinarse con cuidado. ¿Qué versión de la historia transmite y qué hechos deja en segundo plano?
La toma fue ejecutada por un comando armado del M-19, que irrumpió en el Palacio de Justicia y retuvo a cientos de personas. La Comisión de la Verdad concluyó que el movimiento buscaba someter al presidente Belisario Betancur a un juicio político y producir un impacto en la opinión pública.
La oposición a la extradición también aparecía en sus proclamas. No fue una protesta: fue una acción armada que puso en peligro a magistrados, empleados y civiles.
A esto se suma el testimonio de John Jairo Velásquez, alias Popeye, sicario de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín. Popeye declaró ante la Comisión de la Verdad que Escobar entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina para financiar la toma.
Para efectos de esta crítica, tomo como cierta esa declaración: el Cartel de Medellín financió la operación del M-19 para atacar la extradición y presionar al Estado. Esa conexión no debería omitirse en una serie que pretende reconstruir lo ocurrido.
Reconocer los crímenes del M-19 no exonera a quienes condujeron la retoma. La Corte Interamericana declaró responsable al Estado colombiano por desapariciones forzadas, una ejecución extrajudicial, torturas y otras violaciones relacionadas con esos hechos.
La historia debe mostrar ambas responsabilidades: la toma armada del M-19 y los abusos cometidos por agentes estatales durante y después de la operación militar.
El papel de Olga Behar merece un examen detallado. La serie se basa en su libro Noches de humo. Behar explicó que participó en la primera etapa de investigación y desarrollo argumental y que asesoró a los guionistas.
Además, según mi propio testimonio, yo la escuché decir, en presencia de un testigo: “Me pagaron muy bien por mi trabajo”. Su declaración permite afirmar que recibió una remuneración que ella describió como muy buena, aunque no conocemos el monto ni los términos del pago.
Behar estuvo casada con Gerardo Ardila Serrano, ideólogo y militante del M-19, con quien tuvo dos hijos. Ardila fue incluido entre los dirigentes de esa organización beneficiados con el indulto concedido en el marco del proceso de paz de 1989.
Estos antecedentes no demuestran por sí solos que Behar falseara la historia, pero sí justifican preguntar cómo influyeron su perspectiva, su participación creativa y su vínculo familiar con el M-19 en la construcción del relato.
Me cuesta considerar Palacio una producción enteramente apolítica, nacida solo del interés de un grupo independiente por mostrar la realidad. Me parece probable que la historia surgiera o recibiera impulso político desde el entorno del gobierno de Gustavo Petro, quien perteneció al M-19.
La fecha del estreno y el tema de la serie alimentan esa sospecha. La producción, además, fue aprobada para recibir el incentivo tributario CINA, un beneficio público para proyectos audiovisuales.
Sin embargo, la información disponible no demuestra que Petro o el ministro de Cultura concibieran la serie o intervinieran en el guion. Por eso, el origen del proyecto, los apoyos recibidos y los criterios para concederlos deberían aclararse públicamente.
Una serie sobre esta tragedia nacional debe distinguir los hechos de la dramatización y no silenciar responsabilidades incómodas.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar quién impulsó el proyecto y cómo se construyó su enfoque. La memoria del Palacio exige nombrar tanto los crímenes del M-19 como las violaciones cometidas por agentes del Estado, sin convertir la ficción en una versión parcial presentada como verdad completa.









