Colombia - El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de supuestas conversaciones entre empresarios vinculados a Thomas Greg & Sons y el candidato Abelardo de la Espriella, basadas según afirmó en informes de inteligencia estatal, en medio del contexto electoral hacia 2026, lo que abrió un debate político con implicaciones técnicas y legales sobre el alcance de la denuncia.
La declaración fue realizada a través de su cuenta oficial, donde el mandatario planteó una relación entre intereses contractuales del Estado y el escenario político, vinculando estas supuestas conversaciones con el contrato de pasaportes y decisiones recientes en el entorno institucional, lo que sugiere una coincidencia entre actores privados y dinámicas electorales en curso.
De manera específica, el presidente aseguró que los informes de inteligencia darían cuenta de conversaciones entre los hermanos Bautista, vinculados a Thomas Greg & Sons, y el propio candidato Abelardo de la Espriella o miembros de su campaña, en un contexto donde se cruzan intereses políticos y contractuales relacionados con decisiones estatales recientes.
Según su versión, en esos intercambios se habría planteado que el contrato de pasaportes retirado a la empresa durante su gobierno regresara nuevamente a manos de Thomas Greg & Sons, en medio de un rediseño del esquema de expedición del documento que ha generado tensiones entre el Gobierno y actores empresariales.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial, el mandatario afirmó: “No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De la Espriella”.
El señalamiento incluye un elemento de alto impacto político, ya que Petro sostuvo que en esas conversaciones se habría ofrecido la implementación de “ciertos algoritmos” que en sus palabras permitirían asegurar la presidencia al candidato, elevando el tono de la denuncia más allá del ámbito contractual y llevándolo al terreno electoral.
A partir de estas declaraciones, se produjo una reacción inmediata desde el entorno del candidato, donde Abelardo de la Espriella rechazó los señalamientos y exigió al presidente presentar pruebas que respalden la gravedad de sus afirmaciones, cuestionando la veracidad de los informes y trasladando el foco hacia el origen de la información mencionada.
El contexto del contrato de pasaportes resulta clave para entender la controversia, ya que durante el gobierno Petro el esquema que venía operando con Thomas Greg & Sons fue modificado, dando paso a un nuevo modelo con mayor control estatal y participación de actores internacionales, lo que ha generado tensiones políticas y empresariales sobre la continuidad del negocio.
Dudas técnicas y legales tras la denuncia presidencial
Tras la denuncia, el debate se desplaza hacia dos ejes centrales: la viabilidad técnica de lo planteado por el presidente y el origen de la información utilizada para sustentar sus afirmaciones, marcando una transición desde el plano político hacia un análisis estructural del caso.
En el plano técnico, no existe evidencia pública de que Thomas Greg & Sons tenga capacidad de intervenir en el resultado electoral mediante “algoritmos”, dado que el sistema colombiano se basa en voto físico mediante tarjetón, conteo manual por jurados de votación y verificación posterior por comisiones escrutadoras que consolidan el resultado oficial en distintas instancias.
Este modelo implica que cada mesa produce un resultado físico verificable revisado en escrutinios municipales y departamentales, con presencia de testigos electorales y mecanismos de auditoría, lo que reduce la posibilidad de alteraciones centralizadas mediante sistemas digitales al depender de registros físicos contrastables.
El preconteo cumple una función informativa y no jurídica, ya que se limita a la transmisión de datos consignados en formularios diligenciados por los jurados, y aunque puede involucrar operadores tecnológicos, no define el resultado oficial ni reemplaza el escrutinio, que es el único proceso con validez legal dentro del sistema electoral colombiano.
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En consecuencia, la referencia a “algoritmos” introduce un cuestionamiento técnico sin sustento en la arquitectura actual del sistema electoral colombiano, por lo que la discusión se centra en la consistencia de la afirmación más que en una capacidad operativa demostrada dentro del proceso electoral.
El segundo eje del debate se centra en el origen de la información, ya que si se trata de conversaciones privadas entre actores políticos y empresariales surge el interrogante sobre si estas fueron obtenidas mediante mecanismos legales de inteligencia o a través de interceptaciones indebidas.
Este punto traslada la discusión al terreno de la legalidad, al plantear si el Estado estaría utilizando capacidades de inteligencia contra opositores políticos en este caso, un candidato presidencial o si la información se obtuvo dentro de los marcos legales vigentes, con implicaciones para las garantías democráticas.
La ausencia de pruebas públicas que respalden las conversaciones mencionadas refuerza este interrogante, al impedir establecer con claridad el alcance de la denuncia y la naturaleza de los hechos descritos por el presidente dentro del contexto político actual.
En este contexto, la controversia trasciende el enfrentamiento político y se convierte en un debate sobre el uso de herramientas del Estado, la transparencia de la información y los límites del poder en un proceso electoral que empieza a definir el escenario hacia 2026.
El desarrollo del caso dependerá de la claridad sobre el origen de la información, de la eventual presentación de pruebas y de las decisiones de las autoridades frente a una controversia ya instalada en el centro del debate político nacional.
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