Barranquilla - La Asamblea del Atlántico aprobó en segundo debate dos ordenanzas que habilitan al Gobierno departamental a ejecutar proyectos de agua potable en Luruaco y a intervenir infraestructura educativa en municipios no certificados.
Durante la sesión ordinaria, la corporación dio vía libre a estas iniciativas, activando el siguiente paso del proceso público: la contratación y ejecución por parte del Ejecutivo. Con ello, se despejan los requisitos normativos para intervenir en servicios básicos y condiciones educativas en distintas zonas del departamento.
Ordenanzas habilitan ejecución en agua y educación
El eje principal de la jornada fue la ordenanza sobre el sistema de agua potable en Luruaco, que faculta a la Gobernación para estructurar, contratar y poner en marcha el proyecto. La decisión marca un punto de avance dentro del ciclo institucional, al pasar de la planeación a la fase habilitada para ejecución.
El diputado Alfredo Varela De La Rosa explicó el alcance de la medida: “este proyecto no es solo infraestructura; es la posibilidad de que Luruaco cuente con un servicio de agua continuo, mejorando la salud y la calidad de vida de miles de familias”. La referencia conecta la decisión normativa con su impacto esperado en el territorio.
En términos operativos, la autorización permite ajustar componentes técnicos y administrativos durante el desarrollo del contrato, reduciendo la necesidad de nuevos trámites. Ese margen es clave para evitar interrupciones y mantener continuidad en un proyecto que depende de decisiones sucesivas dentro del mismo marco legal.
El contexto del municipio refuerza la relevancia de la medida. En Luruaco, las limitaciones en la continuidad del servicio han incidido en condiciones sanitarias y dinámicas cotidianas de la población, por lo que la habilitación representa un avance concreto hacia una solución estructural, aunque la ejecución aún dependa de etapas posteriores.
A partir de esta aprobación, el siguiente paso recae en la administración departamental, que deberá definir la estructuración contractual, fuentes de financiación y cronograma de intervención. Esa transición entre la autorización y la ejecución será determinante para medir el alcance real del proyecto en el corto y mediano plazo.
Este tipo de ordenanza constituye el paso indispensable para que una iniciativa salga del plano administrativo y entre en fase operativa. Sin esta habilitación, la administración no podría abrir procesos contractuales ni comprometer recursos en la intervención del sistema de agua potable. Sin esta habilitación, la administración no podría abrir procesos contractuales ni comprometer recursos en la intervención del sistema de agua potable.
En la misma sesión, se aprobó la ordenanza que autoriza la intervención de infraestructura educativa en municipios no certificados, bajo ponencia del diputado Francisco Sánchez. La decisión amplía el alcance de la agenda al incluir el mejoramiento de sedes oficiales en territorios bajo responsabilidad directa del departamento.
“Estamos dando un paso importante para garantizar espacios dignos y adecuados para nuestros estudiantes. La calidad educativa también pasa por la infraestructura”, señaló Sánchez durante el debate, al vincular la medida con las condiciones de aprendizaje en los planteles.
La autorización abre la posibilidad de ejecutar obras de construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento en instituciones que presentan deterioro o requieren ampliación. En estos municipios, la administración departamental gestiona el servicio educativo, por lo que decisiones de este tipo habilitan la inversión sin barreras adicionales en la fase contractual.
Aunque no se precisaron montos ni cronogramas, la aprobación fija el marco para que los proyectos avancen hacia ejecución bajo responsabilidad del Ejecutivo. En la práctica, el resultado inmediato es la apertura del camino jurídico para intervenir en dos frentes sensibles: acceso al agua y condiciones físicas de las escuelas.
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Durante la plenaria también se activó un componente de control político con la proposición para citar al secretario de Salud del Atlántico y a la gerente interventora de la ESE UNA. La citación busca establecer el estado del proceso de intervención, los planes de contingencia y las condiciones actuales de prestación del servicio.
Este frente introduce un elemento de seguimiento institucional. La citación no solo recoge información, también presiona explicaciones sobre la gestión en un sector de alto impacto. En escenarios de intervención, la vigilancia adquiere mayor peso por las implicaciones directas sobre los usuarios y la continuidad del servicio.
La comparecencia de los funcionarios permitirá establecer si las medidas adoptadas han garantizado la prestación del servicio o si persisten fallas que requieran ajustes. De ese ejercicio de control dependerá, en parte, la toma de decisiones futuras dentro del
El cierre de la sesión incluyó la promoción del Festival de la Areca como actividad de impulso económico local, sin incidencia en las decisiones adoptadas. En conjunto, la jornada evidencia la doble función de la corporación: habilitar jurídicamente proyectos y ejercer control sobre la gestión pública, en un proceso que avanza hacia la ejecución en sectores clave del departamento.
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