Colombia — La Procuraduría General de la Nación abrió investigaciones disciplinarias contra Rafael Ángel Castillo Pacheco, rector de la Universidad del Atlántico, por el presunto incumplimiento de una suspensión de cuatro meses que habría estado vigente mientras ejercía el cargo, una actuación que ahora pone bajo revisión decisiones administrativas clave de la institución.
La investigación se concentra en establecer si Castillo Pacheco actuó como nominador, ordenador del gasto y máximo representante académico pese a una sanción disciplinaria impuesta en fallo de segunda instancia el 21 de febrero de 2025. De acuerdo con el ente de control, la suspensión no habría sido ejecutada materialmente, lo que permitió que el funcionario continuara ejerciendo funciones propias del cargo.
La apertura del proceso disciplinario marca un nuevo capítulo en la crisis administrativa que atraviesa la Universidad del Atlántico, una institución que desde finales de 2025 se encuentra bajo vigilancia especial del Gobierno nacional. En este caso, la Procuraduría busca verificar si hubo omisiones administrativas que facilitaron el ejercicio del cargo durante un periodo en el que la sanción seguía vigente.
Además del rector, la investigación disciplinaria se extendió a tres altos funcionarios de la universidad: la jefa de la Oficina Jurídica, María Andrea Bocanegra Jiménez; el jefe de Control Interno Disciplinario, José Waldir Hoyos Franco; y el jefe de Talento Humano, Salomón Elías Mejía Sánchez. La Procuraduría indaga si estas dependencias incumplieron su deber de certificar la ejecución de la sanción o el pago correspondiente cuando una suspensión se convierte en salarios.
Según el expediente, estas oficinas tenían la responsabilidad de dejar constancia formal del inicio y finalización de la sanción impuesta al rector. Sin embargo, al responder a un requerimiento del ente de control, la universidad informó que la suspensión disciplinaria “no se materializó”, una afirmación que dejó sin soporte documental el cumplimiento de la medida.
En la respuesta oficial enviada a la Procuraduría, la institución señaló que no fue posible establecer las fechas exactas de inicio ni de terminación de la suspensión, y que tampoco reposan actos administrativos que acrediten su ejecución. Esta ausencia de documentos es uno de los ejes centrales de la investigación en curso.
Qué investiga la Procuraduría
El organismo de control explicó que el objetivo de las actuaciones disciplinarias es verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si se configuró una falta y determinar la eventual responsabilidad de los investigados. La apertura del proceso no implica una sanción anticipada, sino el inicio de una etapa de verificación formal de los hechos.
En particular, la Procuraduría evaluará si el rector podía ejercer funciones decisorias mientras la sanción seguía vigente y si las dependencias administrativas incurrieron en omisiones que afectaron la ejecución de una decisión disciplinaria en firme. El análisis incluye la revisión de competencias internas y de los procedimientos aplicados por la universidad.
El caso adquiere relevancia nacional por el momento institucional en el que ocurre. La Universidad del Atlántico atraviesa un periodo de control reforzado tras la suspensión del rector anterior, Leyton Barrios, en medio de cuestionamientos al proceso de elección interna por presuntas anomalías que derivaron en la intervención del Ministerio de Educación.
Fue en ese contexto que el Gobierno nacional designó a Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal de la universidad. El nombramiento no correspondió a una continuidad inmediata de su gestión anterior, sino a una decisión excepcional adoptada en el marco de la vigilancia especial para garantizar la gobernabilidad y la continuidad del servicio educativo.
Castillo Pacheco había sido rector de la Universidad del Atlántico varios años atrás, tras lo cual la institución tuvo otros rectores antes de la crisis reciente. Su regreso se dio por decisión directa del Ministerio, que argumentó la necesidad de una administración con conocimiento del funcionamiento interno mientras se superaban los hallazgos detectados.
El trasfondo administrativo
La sanción disciplinaria que hoy es objeto de revisión fue impuesta antes de su designación por el Gobierno nacional. De acuerdo con la Procuraduría, la clave del proceso está en establecer si dicha sanción seguía vigente y sin ejecutar al momento del nombramiento y durante el ejercicio del cargo.
El ente de control también revisará si existieron fallas en la cadena administrativa que debían garantizar la aplicación efectiva de la sanción. Esto incluye la actuación de las oficinas jurídica, disciplinaria y de talento humano, áreas que, según la investigación, no habrían dejado constancia del cumplimiento de la medida.
Para la Procuraduría, la inexistencia de actos administrativos que certifiquen la ejecución de la suspensión plantea interrogantes sobre los controles internos de la universidad y sobre la forma en que se gestionan las decisiones disciplinarias en instituciones públicas de educación superior.
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El proceso se desarrolla mientras la universidad intenta estabilizar su gobierno interno tras meses de tensión institucional. La vigilancia especial del Ministerio de Educación se mantiene activa y contempla el seguimiento permanente a las decisiones administrativas y académicas adoptadas por la rectoría.
En este escenario, la investigación disciplinaria se convierte en un factor adicional de presión para la administración universitaria, que deberá responder a los requerimientos del ente de control y aportar la documentación que permita esclarecer si la sanción fue ejecutada o si, por el contrario, se produjo una omisión con consecuencias disciplinarias.
La Procuraduría no ha fijado plazos para la conclusión de las investigaciones, pero reiteró que el proceso avanzará conforme a las etapas previstas en la ley disciplinaria. Mientras tanto, el caso mantiene la atención sobre la Universidad del Atlántico y sobre el alcance de las responsabilidades administrativas en un periodo de intervención estatal.
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