Caracas, Venezuela — Ocho presos políticos fueron excarcelados en Venezuela este 8 de enero, en la primera liberación confirmada tras la reciente crisis política del país, un movimiento que reabre el debate internacional sobre derechos humanos mientras gobiernos y organizaciones miden el alcance real de la medida.
Entre los liberados figuran la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, el exdiputado opositor Biagio Pilieri y el dirigente político Enrique Márquez, además de cinco ciudadanos españoles identificados por el gobierno de España como José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la propia San Miguel. Fuentes diplomáticas españolas confirmaron que los connacionales ya fueron puestos bajo resguardo consular, en un proceso que Madrid presentó como resultado de gestiones directas ante Caracas.
Las excarcelaciones ocurrieron después de que el gobierno venezolano anunciara públicamente la medida como un “gesto de paz unilateral”, en medio de una semana marcada por tensiones externas y presiones diplomáticas. El mensaje fue transmitido por Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, quien sostuvo que la decisión buscaba contribuir a un clima de convivencia en un contexto político altamente inestable.
Aunque el anuncio oficial habló de un “número importante” de excarcelaciones, hasta ahora solo ocho casos cuentan con confirmación verificable. En el ámbito editorial de RedPrensa, quedaron excluidos nombres que circularon en versiones preliminares, como Juan Pablo Guanipa, Javier Tarazona o Roland Carreño, debido a la ausencia de validación independiente. Tampoco se registra, a la fecha, la liberación de ciudadanos colombianos, punto que fue confirmado por fuentes diplomáticas consultadas.
Liberaciones bajo presión internacional
El contexto internacional en el que se producen estas excarcelaciones añade una dimensión estratégica al hecho. La medida llega apenas cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro el 4 de enero, un episodio que alteró el tablero político regional. Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó en su red social Truth Social que la cooperación de Caracas en este proceso llevó a cancelar una segunda ola de ataques militares, aunque mantuvo buques estadounidenses en posición.
En el mismo mensaje, Trump anunció inversiones de al menos 100 mil millones de dólares en infraestructura petrolera venezolana, una cifra que, de concretarse, tendría impacto directo en la industria energética del país y en la economía regional. Analistas citados por medios internacionales señalaron que estos anuncios forman parte de una estrategia más amplia para condicionar la relación bilateral a avances concretos en materia de derechos humanos.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos siguen observando el proceso con cautela. Datos de Foro Penal indican que, al 5 de enero de 2026, Venezuela registraba 806 presos políticos, con estimaciones que elevaban la cifra hasta cerca de 1.000 al inicio del año. Para estos organismos, las excarcelaciones anunciadas representan un alivio parcial, pero no resuelven la situación estructural de cientos de detenidos.
Otro punto clave señalado por las ONG es la diferencia entre excarcelación y libertad plena. En varios casos anteriores, las salidas de prisión estuvieron acompañadas de medidas cautelares que limitaron la movilidad y la actividad pública de los beneficiados. Este antecedente explica por qué familiares y defensores insisten en que el proceso debe ir más allá de gestos políticos y traducirse en garantías jurídicas efectivas.
Desde la oposición venezolana, la dirigente María Corina Machado se refirió a las excarcelaciones como una “restitución moral” para quienes recuperaron la libertad, aunque reiteró que el objetivo central sigue siendo la liberación de todos los presos políticos. Su posición coincide con la de diversas plataformas cívicas que consideran este paso insuficiente mientras permanezcan cientos de detenidos.
Reacciones y próximos pasos
En el plano diplomático, España fue el país que más rápidamente reaccionó al anuncio, al confirmar la liberación de cinco de sus ciudadanos y coordinar su retorno inmediato. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaró que “vuelan ya hacia España los cinco compatriotas liberados”, una frase que marcó la primera validación oficial externa del proceso.
Aunque la atención internacional se concentra ahora en estas ocho liberaciones, diplomáticos y observadores coinciden en que el verdadero impacto se medirá en los próximos meses. La continuidad del proceso, la posible ampliación del número de excarcelados y la eliminación de causas judiciales pendientes serán los indicadores que definan si este episodio se convierte en un punto de inflexión en la crisis venezolana.
En organismos multilaterales, el tema ya empezó a discutirse como parte del seguimiento a la situación venezolana. Voceros de organizaciones internacionales señalaron que cualquier avance en materia de excarcelaciones debe estar acompañado de transparencia judicial y acceso de observadores independientes. Para estos actores, la credibilidad del proceso dependerá de que no se trate de medidas aisladas, sino de un cambio sostenido en la política de detenciones.
En el ámbito regional, gobiernos de América Latina observan con atención la evolución del caso, conscientes de que la estabilidad venezolana tiene efectos directos sobre flujos migratorios y dinámicas económicas. La excarcelación de presos políticos se interpreta, en ese sentido, como una señal inicial que podría aliviar tensiones, aunque todavía insuficiente para modificar de fondo el escenario político del país.
Por ahora, la atención permanece puesta en la evolución inmediata del proceso y en la verificación independiente de cualquier nueva liberación que pueda anunciarse en los próximos días.
Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
