Colombia – El Gobierno nacional declaró la emergencia económica y social por 30 días para cubrir un déficit fiscal de 16,3 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria, una decisión formalizada en el Decreto 1390 que habilita al Ejecutivo a expedir medidas extraordinarias para estabilizar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
La declaratoria fue expedida en la noche del 22 de diciembre de 2025 y rige para todo el territorio nacional, con una vigencia inicial de 30 días calendario contados desde su firma. El decreto fue suscrito por el presidente Gustavo Petro Urrego y la totalidad de los ministros del gabinete, incluidos Hacienda e Interior.
El eje central de la medida es el faltante de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, monto que estaba previsto en la Ley de Financiamiento archivada el 9 de diciembre en la Comisión Cuarta del Senado. Sin esos recursos, el Gobierno sostiene que se configura una perturbación grave del orden económico y social.
El texto oficial señala que el Presupuesto General fue aprobado con ingresos asociados a la reforma tributaria negada, lo que generó un desbalance inmediato en las cuentas públicas. A ese escenario se suman presiones adicionales en subsidios de energía, obligaciones del sistema de salud y aumento de la deuda pública.
Según el decreto, la situación fiscal compromete la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y la prestación continua de servicios públicos. Por esa razón, el Ejecutivo queda facultado para dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.
Documento oficial
Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025
[Descargar decreto completo]↙️
Decreto 1390 Del 22 Del Diciembre de 2025 by Martin Nahar LA TAQUILLERA
Déficit fiscal y facultades tributarias
Dentro de las atribuciones habilitadas se incluye la posibilidad de establecer nuevos tributos o modificar los existentes de forma transitoria. El documento aclara que estas medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal y deberán guardar relación directa con la coyuntura que motivó la emergencia.
El Gobierno anticipa que las decisiones se concentrarán en impuestos directos e indirectos aplicables a personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo. También se contemplan tributos orientados a corregir externalidades negativas en ámbitos ambientales y de salud pública.
Entre los lineamientos mencionados aparecen un impuesto al patrimonio de personas naturales con mayor progresividad, incrementos en la renta al sector financiero y mayores cargas a consumos como bebidas alcohólicas y vapeadores. El decreto también abre la puerta a ajustes en tratamientos diferenciales del IVA frente a la tarifa general del 19 por ciento.
Aunque días antes circuló un borrador que aludía a un posible aumento del gravamen a los movimientos financieros, el documento firmado no detalla ninguna política específica. Las medidas concretas se conocerán a través de los decretos legislativos que se expidan durante los 30 días de vigencia de la emergencia.
En términos macroeconómicos, el Gobierno contextualiza la decisión en un entorno de inflación persistente y restricciones financieras. El decreto cita una inflación anual de 5,3 por ciento en noviembre de 2025, una tasa de interés de referencia ubicada en 9,25 por ciento y una cotización del dólar por debajo de los 4.000 pesos.
El documento también expone el deterioro de las finanzas del Gobierno Nacional Central. El déficit fiscal cerró en 6,7 por ciento del PIB en 2024 y la proyección para 2025 asciende a 7,1 por ciento del PIB, niveles que, según el Ejecutivo, limitan el margen de maniobra sin ingresos adicionales.
Reacciones, control constitucional y alertas
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria al advertir sobre los riesgos de un eventual revés judicial. “La crisis se agravaría si la Corte lo tumba; no es amenaza, es la realidad económica”, afirmó el mandatario, al insistir en que la medida busca evitar recortes en el gasto social.
El ministro de Hacienda, citado en el insumo, señaló que la emergencia es consecuencia directa de la decisión legislativa. “Fue negado por el Congreso la Ley de Financiamiento, obligando al Gobierno a tomar medidas para recuperar ingresos”, indicó.
En el Congreso, voces de oposición y algunos expertos cuestionaron el fundamento constitucional de la declaratoria. Argumentan que los hechos invocados, como el hundimiento de la reforma tributaria, eran previsibles y no corresponden a sucesos sobrevinientes, criterio exigido por la Constitución para este tipo de estados de excepción.
El debate jurídico se trasladará a la Corte Constitucional, que debe revisar de manera automática la validez del decreto y de las normas que se expidan en su desarrollo. En el insumo se menciona la posibilidad de sesiones extraordinarias para evaluar la medida, pese a la vacancia judicial de fin de año.
El propio decreto reconoce que sus disposiciones están sujetas a control posterior y que la Corte definirá si se ajustan a la Carta Magna. Existen antecedentes recientes de estados de excepción que fueron anulados tras el examen constitucional.
El documento oficial enumera ocho factores que, según el Gobierno, precipitaron la crisis. Entre ellos figuran el pago de la UPC en salud, alteraciones del orden público y riesgos para líderes sociales, el archivo de las dos últimas reformas tributarias y el impacto de desastres naturales asociados a la ola invernal.
También se incluyen obligaciones financieras acumuladas, como sentencias judiciales pendientes por 1,5 billones de pesos, atrasos contractuales por 5,1 billones, deudas con víctimas del conflicto por 1,6 billones y restricciones en el endeudamiento público.
Desde los órganos de control, la Contraloría General de la República expresó reparos frente a la declaratoria. El ente advirtió que una alternativa para enfrentar el faltante es el recorte del gasto y recordó que, según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92 por ciento del presupuesto tiene carácter inflexible.
Mientras se expiden los decretos legislativos y avanza la revisión constitucional, la emergencia económica queda como el principal instrumento del Ejecutivo para cerrar el hueco fiscal de 2026 y sostener la financiación de programas sociales y obligaciones del Estado en el corto plazo.
Lee más noticias haciendo clic►. REDPRENSA
