Barranquilla – La audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, prevista para este miércoles 1 de octubre, fue aplazada debido a la ausencia de su abogado defensor, Alejandro Carranza, quien había notificado previamente que no podía asistir por compromisos previos.
La jueza Sofía Margarita Barros, del Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Garantías, acogió la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa. "Dado que no está presente la defensa, sabemos que este tipo de audiencia no puede llevarse a cabo sin la intervención de un abogado defensor. En consecuencia, esta judicatura procederá a atender dicha petición, y se ordenará al Centro de Servicios Judiciales que realice una nueva fijación, atendiendo a las sugerencias del doctor Carranza, a partir de la semana del 10 de noviembre", explicó la magistrada durante la diligencia.
Este proceso judicial hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en relación con presuntas irregularidades en la contratación de la Fundación Conciencia Social, liderada por Nicolás Petro y su entonces pareja, Day Vásquez, durante el año 2021 en el marco de actividades relacionadas con la Gobernación del Atlántico.
La fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, precisó que en la fundación se habrían presentado movimientos sospechosos en la contratación de personal y ejecución de contratos. Algunos de estos contratos, según la Fiscalía, habrían beneficiado a familiares de los implicados, incluyendo a la madre de Day Vásquez. "Se están verificando los documentos y los flujos financieros para determinar si existió interés indebido en la celebración de contratos y posible falsedad en documento público", indicó Laborde.
Carranza había comunicado la imposibilidad de asistir a la audiencia con anticipación. Según el abogado, "mis compromisos previamente adquiridos me impiden presentarme en la audiencia de hoy, por lo que solicitamos respetuosamente la reprogramación de la diligencia". La jueza Barros consideró que la petición estaba debidamente justificada y actuó conforme al marco legal vigente, garantizando el derecho de defensa del imputado.
El aplazamiento se produce en medio de un escrutinio público por el perfil político del imputado. Aunque Nicolás Petro es hijo del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía mantiene que el proceso se centra en la legalidad de los actos administrativos y financieros de la Fundación Conciencia Social, sin implicaciones directas sobre la función presidencial.
La investigación, que cuenta con revisión de contratos, documentos contables y entrevistas a testigos, busca determinar si se cometieron delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. La Fiscalía señaló que la Fundación habría realizado contrataciones que favorecieron a personas cercanas a los líderes de la organización.
El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Garantías será responsable de reprogramar la audiencia, tomando en cuenta las sugerencias presentadas por la defensa. La nueva fecha tentativa, según la resolución judicial, se fijaría a partir de la semana del 10 de noviembre.
Expertos en derecho penal recuerdan que la reprogramación de audiencias por ausencia justificada del abogado defensor es un procedimiento estándar y garantiza la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. "La ley establece que ninguna audiencia de imputación puede llevarse a cabo sin que el imputado esté asistido por su defensa", explican juristas consultados.
La Fundación Conciencia Social fue creada en 2020 con fines de apoyo social y educativo en la región Caribe. Durante el año 2021, se ejecutaron contratos que la Fiscalía ahora analiza para determinar posibles conflictos de interés o beneficios indebidos. "Se están analizando los contratos y la asignación de recursos, identificando posibles irregularidades que deben ser esclarecidas en la etapa de investigación", detalló la fiscal Laborde.
Aunque no se han presentado cargos adicionales hasta la fecha, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y podría ampliar los cargos si se encuentra evidencia adicional de irregularidades. El proceso judicial incluye revisión de documentos oficiales, estados financieros y la verificación de contratos firmados por la Fundación Conciencia Social.
El aplazamiento ha generado expectativa mediática y seguimiento ciudadano. Sin embargo, fuentes judiciales insisten en mantener la atención en el marco legal y procedimental, sin anticipar resultados o prejuzgar la conducta del imputado.
La nueva audiencia será programada en coordinación con el Centro de Servicios Judiciales, garantizando que se cumplan los plazos y formalidades exigidas por la ley. La Fiscalía y la defensa podrán presentar evidencia y argumentos durante la diligencia reprogramada.
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Investigación y alcance de la Fiscalía
El caso investiga movimientos financieros y contratación de personal dentro de la Fundación Conciencia Social. Los delitos bajo investigación son:
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Falsedad en documento público.
Según la fiscal Laborde, "la revisión de la documentación permitirá establecer si hubo favorecimiento indebido y si los actos se ajustaron a la normativa vigente".
Contexto adicional y próximos pasos
Se espera que la reprogramación permita que la defensa participe plenamente, garantizando el derecho a la asistencia legal y la transparencia del proceso. La audiencia de imputación será clave para determinar los siguientes pasos en la investigación y la posible formalización de cargos adicionales.
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