Colombia – La Agencia del Inspector General de Tributos, unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por presuntas irregularidades en un contrato de $6.440 millones para la venta de chatarra, adjudicado en 2023 y vigente hasta 2027.
La decisión se desprende de una queja radicada el 17 de marzo de 2025 por Alberto Rojo Pérez, representante legal de la Unión Temporal SCT MERL SAS, quien cuestiona la legalidad del proceso de selección abreviada SAEBSU-00-002-2023. El contrato en cuestión, identificado con el número 00-192-2023, tiene como objeto la venta por peso de material ferroso y otros metales provenientes de procesos de chatarrización.
Rojo Pérez señaló que la Unión Temporal RYM SAS, ganadora del proceso, participó sin contar con Registro Único Tributario (RUT) ni las licencias requeridas, y que incluso se habría utilizado el NIT de una sociedad homónima creada en 2015, distinta a la registrada en 2023 para este proceso. Además, denunció inconsistencias en el procedimiento de desempate durante la subasta.
En contexto lea. ► ¿Cartel de la chatarrización? Min ambiente y Unión Temporal Rym SAS bajo la lupa
La Agencia del Inspector General de Tributos verificó la información en la plataforma SECOP II y constató que, si bien la normativa no exigía que la unión temporal tuviera RUT para participar, sí era obligatorio presentarlo antes de perfeccionar el contrato. Según el pliego de condiciones, el adjudicatario debía aportar el documento en un plazo de tres días hábiles tras la adjudicación.
En la revisión se encontró que el 17 de octubre de 2023 se cargó un RUT expedido en noviembre de 2022, perteneciente a la Unión Temporal RYM SAS constituida en 2015. Posteriormente, el RUT correcto (NIT 901770013-7) se expidió el 7 de noviembre de 2023, después de la firma del contrato.
Sobre las licencias, el pliego establecía que los permisos ambientales, de centros de acopio y de desintegración vehicular debían presentarse al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes al acta de inicio, por lo que no eran requisito para ofertar. Esto no exime de verificar si se cumplió con su entrega en los tiempos estipulados.
En cuanto al desempate, la DIAN documentó que se produjo un error en la fórmula para calcular los valores en la subasta, lo que motivó la expedición de la Resolución 007511 del 8 de septiembre de 2023. Con base en esta resolución, se anuló parcialmente la etapa afectada y se reanudó la subasta el 14 de septiembre de 2023, lo que permitió que en el décimo segundo lance la Unión Temporal RYM SAS ofreciera un 215% de incremento, superando la oferta de SCT MERL SAS.
Pese a que la DIAN consideró subsanadas las irregularidades, la Agencia determinó que existen elementos suficientes para indagar si hubo responsabilidad disciplinaria de servidores públicos en la aprobación y firma del contrato, así como en la supervisión de requisitos previos.
La indagación buscará establecer la identidad y participación de los funcionarios implicados, determinar si actuaron de manera conjunta y verificar si hay procesos disciplinarios previos sobre los mismos hechos. Además, evaluará si la falta se cometió con intervención de varias personas, criterio relevante para calificar la gravedad según el Código General Disciplinario.
oficio La Agencia del Inspector General de Tributos↙️
Investigan contrato de chatarra en la DIAN by RedPrensa.com
Como parte de las pruebas, la Agencia solicitó a la DIAN:
- Información completa sobre la aprobación, firma y perfeccionamiento del contrato.
- Confirmación de cuál versión de la Unión Temporal RYM SAS participó y resultó adjudicataria.
- Datos de los supervisores actuales del contrato.
- Copia de la Resolución 007511 y de toda la documentación posterior al acta de inicio.
También se solicitó a los supervisores que certifiquen la entrega de las licencias y permisos requeridos, indicando fechas, evaluación de conformidad y cualquier requerimiento adicional hecho al contratista. A la Subdirección de Administración del RUT se le pidió certificar la fecha de inscripción y remitir copia del registro vigente.
En paralelo, se requirió a la Subdirección de Gestión del Empleo Público un certificado laboral de Cielo Alexandra Vega Navarro, funcionaria que podría estar vinculada al proceso en 2023. También se ordenó obtener estudios previos, respuestas a observaciones, pliegos definitivos, informes de evaluación y todos los RUT aportados en el proceso.
El denunciante, Alberto Rojo Pérez, será llamado a rendir declaración bajo juramento para ampliar la queja y aportar pruebas adicionales.
La instrucción de esta indagación estará a cargo de Luis Felipe Aponte Cruz, gestor de investigación disciplinaria, y de Diana Patricia Caicedo Moreno como gestora de policía judicial, quienes podrán practicar pruebas, requerir áreas competentes y solicitar apoyo técnico a la DIAN.
Este proceso no implica una sanción automática, pero sí puede derivar en la apertura de una investigación formal con formulación de cargos, archivo o archivo parcial, según los hallazgos.
El contrato 00-192-2023 continúa en ejecución, y la Agencia del Inspector General de Tributos ha indicado que la investigación se desarrolla con base en pruebas documentales y testimoniales, siguiendo los procedimientos del Código General Disciplinario.
