Atlántico - Procuraduría General de la Nación anunció que asumirá el seguimiento estricto al permiso ambiental otorgado para las obras de protección costera en Santa Verónica, un balneario del municipio de Juan de Acosta (Atlántico) golpeado por la erosión y la falta de acción estatal durante años.
Por instrucciones del procurador Gregorio Eljach Pacheco, el ente de control requirió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el expediente completo del proceso que culminó con la aprobación excepcional para iniciar la construcción de espolones y otras medidas urgentes frente al avance del mar.
"Solicitamos a la ANLA la remisión digital de todo el expediente administrativo ambiental relacionado con esta solicitud, así como el estado actual del proceso", indicó la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
El anuncio de la Procuraduría se produce luego de la presión ejercida por la comunidad de Santa Verónica, que el 24 de julio bloqueó la Vía al Mar en protesta por la demora del Gobierno en autorizar el inicio de las obras de mitigación. La vía, clave para conectar Atlántico y Bolívar, estuvo cerrada durante varias horas.
La ANLA aprobó finalmente el permiso excepcional a raíz de la declaratoria de emergencia emitida por la Gobernación del Atlántico, medida que habilitó el camino legal para intervenir la costa. Las obras iniciales incluirán tres espolones para frenar el impacto del oleaje sobre viviendas, negocios y zonas turísticas.
Santa Verónica enfrenta desde hace más de una década una pérdida sostenida de su franja costera. Estudios de la Dimar han documentado un retroceso de entre 30 y 40 metros en varias zonas del balneario. Las casetas de playa, postes de energía, vegetación y estructuras de servicios han quedado expuestas o arrasadas por el mar.
El deterioro no solo es ambiental, también económico. El turismo, principal fuente de empleo en la zona, ha caído. Restaurantes y negocios informales reportan caídas drásticas en su actividad y denuncian el abandono de las autoridades.
"Llevamos años pidiendo estas obras. El mar ya se llevó todo", afirmó Alberto Ciancy, líder comunal de Santa Verónica. Según dijo a medios locales, la comunidad había solicitado protección costera desde hace más de 14 años sin obtener respuestas efectivas.
La Gobernación del Atlántico inició en 2024 la formulación del proyecto de mitigación y contrató estudios técnicos. Aunque los diseños estaban listos, el trámite de la licencia ambiental ante la ANLA no avanzaba. Solo tras la protesta ciudadana se aceleró el otorgamiento.
El permiso concedido tiene carácter excepcional y transitorio, mientras continúa el proceso ordinario de licenciamiento. La Procuraduría busca establecer si hubo dilaciones injustificadas en el proceso y si se están cumpliendo los requisitos ambientales en la ejecución de las obras.
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En paralelo, el ente de control analiza los criterios bajo los cuales la ANLA decidió conceder el permiso y si se está dando seguimiento adecuado a la implementación del plan de mitigación costera.
La intervención proyectada incluye:
- Tres espolones de protección costera.
- Recuperación parcial de la playa para usos turísticos.
- Medidas complementarias de contención del oleaje.
Estas obras serán financiadas por la Gobernación del Atlántico, que ha anunciado la destinación de recursos por más de $12.000 millones. Aún no se han definido fechas concretas para el inicio de las construcciones.
Mientras tanto, la comunidad mantiene la expectativa. "No vamos a permitir más aplazamientos. El mar no espera", señaló Ciancy.
La Procuraduría ha advertido que mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de los términos del permiso y el impacto real de las obras. Además, podría intervenir si se detectan irregularidades en los contratos o en el seguimiento ambiental.
Este seguimiento se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Ministerio Público para priorizar territorios costeros afectados por el cambio climático y la falta de prevención estatal. En los últimos dos años, municipios como Puerto Colombia, Salgar y Luruaco también han sido objeto de alertas por parte del ente de control.
Por ahora, Santa Verónica entra en el radar nacional. Y su caso, marcado por años de erosiones, promesas y protestas, quedará bajo la lupa de la Procuraduría.
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