San Andrés – La Fiscalía judicializó a un guía religioso señalado de abusar sexualmente de al menos cuatro mujeres que asistían a una iglesia en San Andrés Islas, tras imputarle delitos sexuales agravados y obtener una medida de aseguramiento en centro carcelario ordenada por una juez penal de control de garantías.
La actuación penal recae sobre John Jairo Leguia González, quien se desempeñaba como pastor de una comunidad religiosa en el archipiélago y cuya posición de reconocimiento, según la investigación, habría sido utilizada para engañar a mujeres que asistían con regularidad a su iglesia.
De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, el guía espiritual citaba a las feligresas de manera individual y les proponía realizar supuestos rituales de sanación. En ese contexto, las mujeres eran inducidas a desnudarse para la aplicación de un aceite ungido, práctica que, según la acusación, no tenía sustento religioso real.
Audio Imputación de cargos por parte de la fiscalía ↙️
La investigación señala que las víctimas se encontraban en un estado de indefensión derivado de la confianza depositada en el pastor y de la creencia en los consejos espirituales que este les ofrecía. Esa relación de autoridad habría sido determinante para que aceptaran participar en los rituales descritos.
En medio de ese escenario, el procesado presuntamente persuadía y coaccionaba a las mujeres para someterlas sexualmente, con el argumento de que dichas acciones formaban parte del rito de sanación. La Fiscalía sostiene que el engaño fue sistemático y que se repitió con varias asistentes a la iglesia.
Según el expediente, al menos cuatro mujeres habrían sido víctimas de estos hechos. Las denuncias fueron recopiladas y contrastadas por el ente acusador, que aseguró haber obtenido elementos materiales probatorios suficientes para sustentar la imputación formal de cargos.
Imputación y medida de aseguramiento
Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Seccional San Andrés Islas imputó a Leguia González los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento. Las conductas imputadas corresponden a figuras penales contempladas en la legislación colombiana para proteger la libertad e integridad sexual.
Durante la diligencia judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Esta decisión dejó el proceso en etapa de investigación formal, con la continuidad de la recolección y valoración de pruebas bajo control judicial.
La juez penal de control de garantías, tras evaluar los argumentos del ente acusador, ordenó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión se adoptó con base en la gravedad de los delitos imputados y en la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso penal.
El comunicado oficial señala que la autoridad judicial consideró procedente la detención preventiva mientras avanzan las etapas procesales. La medida implica que el procesado permanecerá privado de la libertad mientras se define su situación jurídica en las instancias correspondientes.
El rol del pastor en la investigación
La Fiscalía destacó que la posición del procesado dentro de la comunidad religiosa fue un elemento central en la investigación. “La posición y reconocimiento del que gozaba John Jairo Leguia González, en su condición de pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, habrían sido aprovechados para engañar y abusar sexualmente de mujeres que asistían a su iglesia”, indicó la entidad en el comunicado.
Ese rol, según el ente acusador, le permitió acceder con facilidad a las víctimas y generar un ambiente de confianza que derivó en situaciones de vulnerabilidad. La investigación se enfocó en establecer cómo se utilizó la figura de autoridad espiritual para justificar prácticas que terminaron en presuntos abusos.
Otro de los aspectos resaltados por la Fiscalía fue la naturaleza de los rituales propuestos. El comunicado señala que se trataba de “supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido”, una práctica que no hacía parte de un procedimiento religioso legítimo.
Las autoridades explicaron que estos rituales eran presentados como actos necesarios para la sanación espiritual, lo que incrementaba la presión sobre las víctimas para aceptar las condiciones impuestas por el pastor.
El proceso judicial también puso énfasis en el número de mujeres afectadas. Según la información oficial, el hombre “sometió a por lo menos cuatro mujeres”, cifra que permitió dimensionar el alcance de los hechos investigados dentro de la comunidad religiosa.
La actuación del fiscal de la unidad especializada Caivas se centró en documentar cada denuncia y en establecer un patrón de comportamiento. La recolección de testimonios y otros elementos probatorios fue clave para sustentar la imputación de los delitos agravados.
Desde el punto de vista procesal, la imputación marca el inicio formal de la acción penal contra el guía religioso. A partir de esta etapa, la Fiscalía deberá continuar con la presentación de pruebas para sustentar una eventual acusación ante un juez de conocimiento.
El caso se desarrolla bajo los lineamientos del sistema penal colombiano, que contempla garantías tanto para las víctimas como para el acusado. La negativa del procesado a aceptar cargos implica que el proceso seguirá su curso ordinario.
La Fiscalía reiteró que las investigaciones se adelantan con enfoque en la protección de las víctimas de abuso sexual y en el respeto de los derechos fundamentales de las partes involucradas. El ente acusador no entregó detalles adicionales sobre la identidad de las mujeres, en atención a su privacidad y seguridad.
El avance del proceso dependerá de las decisiones judiciales que se adopten en las próximas audiencias. Por ahora, la medida de aseguramiento en centro carcelario mantiene privado de la libertad al procesado mientras se resuelve su situación jurídica definitiva.
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