Colombia - La Fiscalía General de la Nación fijó para el 11 de marzo la audiencia de imputación de cargos por tráfico de influencias contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un apartamento en el sector del Chicó, en el norte de Bogotá.
La diligencia se realizará ante un juez de control de garantías y corresponde a uno de los dos procesos penales que avanzan de manera independiente contra el directivo.
La fecha fue definida luego de que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao asignará por reparto la audiencia de imputación, trámite con el que la Fiscalía formalizará los cargos y expondrá los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la investigación. En esta etapa procesal, el ente acusador comunicará de manera oficial los delitos que, de forma preliminar, se le atribuyen al investigado.
El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, explicó que la imputación por tráfico de influencias está relacionada con un supuesto favorecimiento que habría sido otorgado a un contratista, además de las presuntas irregularidades detectadas en la operación de compraventa del inmueble. Según la Fiscalía, la investigación se concentra en establecer si la adquisición del apartamento estuvo asociada a beneficios indebidos derivados de la posición y capacidad de influencia del investigado.
De acuerdo con lo señalado por el ente acusador, el análisis penal se estructura alrededor de la relación entre la compraventa del inmueble y hechos posteriores que podrían configurar el delito imputado. La Fiscalía indaga las condiciones en las que se realizó la transacción, el contexto en el que se produjo y los posibles efectos derivados de esa operación.
En el expediente, la Fiscalía señaló que Juan Guillermo Mancera habría resultado favorecido con contratos otorgados por empresas cercanas a la petrolera estatal luego del negocio para la compra del apartamento. El ente investigador evalúa si esa secuencia de hechos constituye un supuesto de tráfico de influencias, en la medida en que se habría presentado un beneficio posterior vinculado a una relación previa entre las partes.
El fiscal González Flechas precisó que este caso corresponde exclusivamente al proceso por tráfico de influencias y que se trata de un expediente autónomo, con hechos y pruebas propias. La Fiscalía sostiene que la imputación se apoya en elementos recaudados durante la investigación y que serán expuestos en la audiencia programada para el 11 de marzo.
De manera paralela, la Fiscalía confirmó que también se adelantará una segunda imputación de cargos contra Ricardo Roa por presunta violación de los topes de financiación en la campaña presidencial. En este segundo proceso, el ente acusador examina el manejo de los recursos durante el proceso electoral y la eventual superación de los límites de gasto establecidos por la normativa vigente.
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Según la Fiscalía, Roa, en su calidad de gerente de campaña, tendría responsabilidad directa sobre la administración de los recursos y el cumplimiento de los topes permitidos por el sistema electoral. El fiscal delegado explicó que la solicitud de imputación en este caso fue radicada ante la contundencia de las pruebas recopiladas durante la investigación.
El ente acusador indicó que existen dos asuntos distintos con solicitud de imputación de cargos contra Roa y que ambos avanzan por líneas probatorias separadas. Cada proceso será presentado de manera independiente ante el juez de control de garantías, de acuerdo con el estado procesal de cada expediente.
En relación con el alcance institucional del caso, la Fiscalía aclaró que, por el momento, no se compulsarán copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar al presidente Gustavo Petro por los hechos asociados a la campaña presidencial. Esta decisión, según explicó el fiscal, responde al análisis jurídico realizado dentro del proceso.
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