Colombia - El candidato presidencial David Luna propuso prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años en Colombia, como una medida orientada a la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al entorno digital.
La iniciativa fue presentada como una respuesta a problemáticas como el acoso en línea, la exposición temprana a contenidos nocivos, la manipulación algorítmica y los impactos en la salud mental de la población infantil. De acuerdo con Luna, el crecimiento acelerado del consumo digital entre menores de edad ha generado escenarios de vulnerabilidad que requieren una regulación más estricta por parte del Estado.
En los últimos años, el uso de redes sociales entre niños y adolescentes se ha incrementado de forma sostenida, impulsado por el acceso temprano a teléfonos inteligentes y plataformas digitales. Estos espacios, diseñados principalmente para públicos adultos, se han convertido en escenarios de socialización cotidiana para menores de edad, sin que existan siempre mecanismos efectivos de control, acompañamiento o verificación de edad.
Diversos expertos han advertido que la exposición prolongada a redes sociales durante la infancia puede derivar en riesgos asociados al bienestar emocional y al desarrollo cognitivo, como dificultades de concentración, ansiedad, presión social y contacto con contenidos inadecuados. A esto se suman fenómenos como el ciberacoso, la captación por redes delictivas y la influencia de algoritmos que priorizan la permanencia en las plataformas, factores que han alimentado el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta.
Otro de los puntos que ha generado preocupación es la capacidad limitada de niños y adolescentes para comprender el funcionamiento de los algoritmos y los modelos de negocio de las plataformas digitales. En muchos casos, los menores interactúan con contenidos personalizados sin una comprensión clara de cómo estos influyen en sus hábitos de consumo, su percepción de la realidad y sus relaciones sociales.
A este escenario se suma el desafío que enfrentan padres, cuidadores e instituciones educativas para ejercer un acompañamiento efectivo en el uso de redes sociales. La rapidez con la que evolucionan las plataformas y la multiplicidad de aplicaciones disponibles dificultan el control y la supervisión, lo que ha llevado a que el debate se traslade también al rol del Estado en la definición de límites y responsabilidades.
El tema ha cobrado relevancia en la agenda pública internacional, donde varios países han iniciado discusiones sobre regulaciones similares, controles de edad y mayores obligaciones para las empresas tecnológicas. En Colombia, este contexto sirve de telón de fondo para la propuesta de Luna y para un debate más amplio sobre cómo equilibrar el acceso a la tecnología, la protección de los menores y el respeto a sus derechos fundamentales.
El planteamiento busca establecer límites claros al acceso y uso de plataformas digitales durante la infancia, en un contexto en el que redes sociales y aplicaciones se han convertido en espacios cotidianos de interacción para niños y adolescentes. La propuesta se enmarca en un debate más amplio sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y el rol de los padres y las instituciones en la protección de los derechos de los menores.
Durante su exposición, Luna sostuvo que su postura se fundamenta en su conocimiento del sector tecnológico y en los riesgos que, según afirmó, enfrentan actualmente los niños en entornos digitales. Señaló que los menores pueden estar expuestos a redes criminales, procesos de manipulación algorítmica y efectos negativos en su bienestar emocional, como ansiedad y desórdenes de atención.
La propuesta ha generado reacciones divididas entre distintos sectores. Mientras algunos expertos y padres de familia consideran que la restricción podría contribuir a reducir riesgos y fomentar un uso más responsable de la tecnología, otros advierten sobre posibles implicaciones en materia de derechos, acceso a la información y libertad de expresión de los menores.
Desde el ámbito político, el anuncio abrió un nuevo frente de discusión sobre la regulación de las plataformas digitales en Colombia y los mecanismos que podrían implementarse para hacer efectiva una eventual prohibición. Los cuestionamientos se concentran en la viabilidad técnica de la medida, su alcance real y el papel que tendrían las empresas tecnológicas en su cumplimiento.
El debate se suma a las propuestas que, en el marco de la contienda presidencial, buscan abordar los efectos sociales del uso intensivo de la tecnología y su impacto en la infancia, un tema que ha ganado relevancia en la agenda pública nacional.
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